El juez de instrucción de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si prorroga la investigación abierta por la fusión y salida a Bolsa de Bankia o concluye esta causa, en virtud de la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obliga a los magistrados a preguntar al Ministerio Público para prorrogar la fase de instrucción.
El magistrado ha dictado una providencia en la que da traslado al Ministerio Fiscal a «los fines expuestos en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal» a la vista del estado de las actuaciones.
Este precepto, que entró en vigor el pasado diciembre, limita el periodo de investigación de las causas criminales que sean complejas a dieciocho meses, prorrogables a instancias de la Fiscalía y previa audiencia de las partes. Tras ello, el instructor concluirá el procedimiento antes de decidir si archiva o envía a juicio el caso.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha emitido esta resolución después de recibir el último informe de los peritos judiciales Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras ratificándose en que el debut bursátil fue «fraudulento», porque los estados financieros incluidos en el folleto de emisión de la Oferta Pública de Suscripción de Acciones (OPS) «incumplían la normativa aplicable y no expresaban la imagen fiel de la situación económico-financiera» de Bankia.
DECIDIR SOBRE LA IMPUTACIÓN A DELOITTE
Tras recibir el informe de los expertos, adscritos al Banco de España, y preguntar a la Fiscalía sobre el estado de las actuaciones, Andreu recibió la petición de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), defendida por el abogado y exlíder de UPyD Andrés Herzog, y el colectivo 15MpaRato de citar a declarar en calidad de investigados a Deloitte y a su socio auditor Francisco Celmá.
En sendos escritos, las acusaciones apuntan «responsabilidad directa» de la compañía auditora en el «masivo fraude», por el cual miles de inversores concurrieron a la Oferta Pública de Suscripción de Acciones (OPS) sobre la base de unas cuentas que no reflejaban la imagen fiel de la entidad, a pesar de que tenían información «más que suficiente» para saber que los estados financieros aprobados y publicitados contenían «importantes errores contables».
Los peritos judiciales Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras, adscritos al Banco de España, ratificaron el pasado 12 de enero los informes en los que apuntaban que el grupo, conformado en diciembre de 2010 por siete cajas de ahorro, presentaba pérdidas desde dos años antes, y la entidad salió a Bolsa sin ofrecer su «imagen fiel» a los inversores institucionales y a los accionistas minoritarios.
En julio de 2012, Andreu imputó al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, a una treintena de antiguos miembros del Consejo de Administración, así como a Bankia y BFA en calidad de personas jurídicas por indicios de delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.
El juez Andreu acordó en noviembre de 2015 aumentar hasta los 38.290.648 euros la fianza en concepto de responsabilidad civil impuesta a la entidad financiera, su matriz BFA, el expresidente Rodrigo Rato, el exvicepresidente José Luis Olivas, el antiguo consejero delegado Francisco Verdú y el que fuera consejero ejecutivo y secretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella. EP.
