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El concepto de lealtad federal e institucional tiene que estar en la Constitución

De izquierda a derecha, Juan Pujol, consejero delegado de Lefebvre-El Derecho, Gregorio Cámara, diputado por el PSOE, y Juan Carlos Girauta, diputado por Ciudadanos -los dos ponentes- e Ignacio Astarloa, presidente del Consejo Asesor Editorial de Lefebvre-El Derecho. Confilegal.
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El concepto de lealtad federal e institucional tiene que estar en la futura reforma de la Constitución, coincidieron Gregorio Cámara, diputado del PSOE por Granada, y Juan Carlos Girauta, diputado por Ciudadanos, en el curso del Ciclo “Encuentros Parlamentarios”, deayunos de trabajo que organiza Lefebre-El Derecho y que, en este caso, tuvo lugar hoy por la mañana en uno de los salones del Hotel Palace bajo el título “Reforma constitucional”.

Ambos ponentes fueron presentados por Ignacio Astarloa, presidente del Consejo Asesor Editorial, y por Juan Pujol, consejero delegado de Lefebvre-El Derecho.

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De los dos intervinientes, Girauta fue el más provocador y directo: “El artículo 150.2 de la Constitución ha operado como una especie de ‘agujero negro’, que dejaba en nada la definición y la lista de las competencias exclusivas del Estado previamente establecidas. Por esa vía se fue vaciando de competencias el Estado en Cataluña y se creó una clase impune”.

“Las imperfecciones del Título VIII de la Constitución [del que forma parte el 150.2] fueron el resultado de una necesidad de pacto en un momento muy difícil”, añadió Girauta. “Y habría funcionado si hubiera habido un mínimo de lealtad de los poderes territoriales. Porque aquello que pareció normal ha terminado convirtiéndose en un monstruo y en una amenaza para el orden constitucional”.

Gregorio Cámara, catedrático de Derecho Constitucional, además de diputado, hizo especial hincapié en la necesidad de que la reforma que se haga cierre el modelo federal, “distribuyendo las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas e identificando las competencias que se comparten”.

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Cámara señaló de forma específica a Alemania, donde existe ese listado.

Desde su punto de vista, para la necesaria reestructuración del país pasa por la reforma del Senado, “pieza fundamental como órgano de integración y de representación territorial”.

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Sobre Cataluña, Cámara se mostró favorable a que se mejore el sistema de financiación de Cataluña pero en contra de conferirle un sistema de cupo como el de País Vasco o Navarra.

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El diputado socialista reveló que había leído y analizado el libro blanco para la transicón nacional en Cataluña y había encontrado que la mayor parte de las reinvidicaciones de los separatistas podrían ser satisfechas con una reforma federal de la Constitución. “Incluyendo el tema de la financiación”, dijo.

“El 26 por ciento de los independentistas son puros. El resto son ciudadanos cabreados, enfadados”, afirmó. “Hay un 60 por ciento de apoyo a una solución en el marco federal en Cataluña. Y hay que decir una cosa: a los independentistas no vamos a convertirlos ni ahora ni nunca”.

Sobre el concepto de federación propuesto por el PSOE, Girauta declaró: “No tenemos problema con aceptar el concepto federal, por nosotros está bien. Pero si se quiere seguir llamándolo autonómico, pues vale también”.

Por último, en torno al derecho a decidir, tanto Girauta como Cámara coincidieron en que el referendum no es, en absoluto, una solución.

Astarloa, exsecretario de Estado de Justicia con el Partido Popular, intervino -antes de dar la palabra a los asistentes- después para puntualizar, en torno a la reforma de la Constitución, que “lo primero que tenemos que decidir es en qué nos ponemos de acuerdo y luego en el método que vamos a adoptar”.

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A este desayuno de trabajo asistieron Álvaro Rodríguez Bereijo, expresidente del Tribunal Constitucional, Javier Delgado Barrio, exmagistrado del Constitucional y expresidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco Vieira, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Rafael Fernández Valverde, vocal del Consejo General del Poder Judicial y magistrado del Tribunal Supremo, Tomás Sanz, secretario de Gobierno del Tribunal Supremo, Gemma Gallego, magistrada de la  Audiencia Provincial de Madrid, Ricardo Rodríguez, magistrado de los Juzgados de lo Penal de Madrid, José Luis de Benito, vicesecretario general del órgano de gobierno de los jueces, Gervasio Martín, director del Gabinete Técnico del CGPJ, y los catedráticos de derecho Constitucional Raúl Canosa y Antonio Torres del Moral, entre otros.