Hay juicios que no se celebran sólo para depurar responsabilidades. Se celebran para revelar hasta qué punto un sistema sigue funcionando conforme a sus propias reglas.
El que se sigue en el Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos no mide sólo conductas individuales. Mide algo más incómodo: el estado real de los contrapesos institucionales.
Porque lo que allí está emergiendo no es únicamente la eventual comisión de ilícitos penales.
Es un patrón.
Un modo de ejercer el poder.
Uno en el que la discrecionalidad se desliza hacia la arbitrariedad. En el que lo excepcional deja de serlo. En el que, en determinados extremos, aparece la desviación de poder.
No son episodios aislados.
Son indicios de funcionamiento.
Estructuras públicas sin contenido funcional real. Resortes administrativos al servicio de intereses particulares. Flujos económicos sin trazabilidad suficiente. Decisiones que responden más a vínculos personales que a los principios de mérito, capacidad y legalidad.
Dicho sin rodeos: la lógica del poder imponiéndose a la del Derecho.
Y ahí está el problema.
No en el escándalo, que también.
En la estructura.
Porque el núcleo de la cuestión no es -o no es sólo- penal. Es institucional.
Quiebra de principios
Es la quiebra de los principios que rigen la actuación de los poderes públicos: legalidad, objetividad, imparcialidad y sometimiento pleno a la ley y al Derecho, tal como establece el artículo 103 de la Constitución Española.
Cuando esos principios dejan de operar como límites, el sistema no se tensa. Empieza a ceder.
Lo verdaderamente inquietante no es que esas prácticas existan. Es que se normalicen.
Que haya tolerancia. Que haya silencio. Que haya colaboración. Que lo irregular deje de percibirse como tal.
Eso no es una anomalía. Es un fallo sistémico.
Un fallo de los controles. De los filtros. De la responsabilidad política. Y, en consecuencia, del sistema.
En una democracia, la corrupción no se mide por su aparición. Se mide por la reacción. Por la capacidad de detectar, aislar y sancionar.
Cuando esa capacidad falla, lo que se deteriora no es un gobierno. Es la credibilidad institucional.
Y ahí es donde el caso deja de ser jurídico para ser inevitablemente político.
Quien accedió al poder invocando la regeneración democrática se enfrenta ahora a su prueba más incómoda: demostrar que ese compromiso era algo más que retórica.
Conviene recordarlo sin matices: la presunción de inocencia rige en el plano penal.
Pero la responsabilidad institucional opera antes. Opera cuando los estándares dejan de cumplirse.
¿Cómo fue posible?
Por eso la pregunta no es sólo si hubo delito. Es ¿cómo fue posible?
¿Cómo fue posible que determinadas prácticas se desarrollaran con continuidad, con aparente normalidad y sin reacción eficaz?
Esa es la única pregunta relevante.
Y la respuesta no admite neutralidad.
Porque cuando el poder no rinde cuentas -o decide administrarlas- el deterioro deja de ser una advertencia. Se convierte en proceso.
El Estado de Derecho no se rompe de golpe. Se desgasta.
Empieza con excepciones. Sigue con tolerancias. Termina con normalidades.
Ese es el riesgo. Que la excepción se convierta en sistema. Que los contrapesos se vacíen de contenido. Que la responsabilidad política se sustituya por la gestión del desgaste.
Que la ejemplaridad desaparezca.
La Justicia hará su trabajo. Pero esto ya no es sólo un problema judicial. Es un problema institucional.
Porque un poder que no se somete, que no corrige y que no responde no es un poder fuerte. Es un poder sin límites.
Y un poder sin límites, en democracia, tiene un nombre preciso. Deterioro institucional.
Y los deterioros no se detienen. Se consolidan.
Y cuando se consolidan, dejan de corregirse.
