La inspectora que investigó Nóos encontró en un manuscrito cómo desviar dinero a Belice
Las magistradas del juicio del caso Nóos; de izquierda a derecha, Rocío Martín, Samantha Romero y Eleonor Moyà. EP.

La inspectora que investigó Nóos encontró en un manuscrito cómo desviar dinero a Belice

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11/5/2016 11:52
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Actualizado: 11/5/2016 11:59
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La inspectora del Cuerpo Nacional de Policía que coordinó toda la investigación del caso Nóos ha relatado al tribunal que en el registro de una de las empresas vinculadas al Instituto Nóos hallaron un esquema manuscrito sobre cómo sacar dinero a Belice y volver a introducirlo en España.

En su declaración la jefa del Grupo de Delincuencia económica de la Jefatura Superior de Policía de Baleares ha detallado que dicho manuscrito no concretaba el nombre de ninguna empresa pero era un esquema con círculos a modo de «clase teórica» para sacar y meter dinero del país.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su declaración donde, forma minuciosa, ha narrado qué motivó las sospechas en torno a la actividad del Instituto Nóos y cómo se llevaron a cabo las pesquisas. «Fue un trabajo arduo», ha aseverado la agente, quien ha abundado que en el marco de la operación llegaron a ser interrogados en sólo tres días hasta ochenta empleados que formaban parte del entramado de empresas de Nóos.

Al describir los registros llevados a cabo en la sede del Instituto Nóos y de varias empresas ligadas a él, la inspectora ha explicado que los policías le contaron que en algún caso parecía que «había habido una limpieza» y además había cajones cerrados de los que los propios trabajadores no tenían llave.

Asimismo, ha detallado que en el registro del domicilio de Diego Torres encontraron billetes en una caja fuerte, en dos fajos, uno de los cuales tenía una nota que indicaba «dinero B», ha explicado la inspectora, que ha indicado que al tomar declaración a los empleados de la trama empresarial detectaron muchos trabajadores ficticios.

La testigo ha recordado que la investigación de la pieza 25 del caso Palma Arena, que se denomina caso Nóos, comenzó a raíz del registro de la empresa Nimbus en Baleares donde conocieron la existencia de la contratación al Instituto Nóos y por la que consultaron a dos entidades autonómicas, la Fundación Illesport y el Instituto Balear de Turismo (Ibatur).

«Había muchísimas facturas que en los convenios de los eventos comprobamos que no se habían aportado en su momento. Una vez vimos las que se entregaron en el Juzgado, analizamos las que correspondian a cada convenio y las que no», ha añadido la inspectora, quien, en relación a los denominados Illes Balears Forum -por los que el Instituto Nóos cobró del Govern balear 2,3 millones de euros-, ha recordado que se excluyó «todo lo que fuera lo anterior a la firma del convenio» así como «unas facturas de Renfe» con las que Nóos intentó justificar sus gastos.

La inspectora ha subrayado cómo en otras facturas ponía «VS», en relación a los Valencia Summit que Nóos llevó a cabo por más de tres millones de euros públicos en Valencia, además de haber también un viaje a Santo Domingo. Otras facturas sí se admitieron, ha señalado, a pesar de que correspondían a cenas «excesivas pero que sí se admitieron porque fueron el mismo día del forum», así como la contratación de un pianista.

Sin embargo, ha apuntado que «las facturas no justificaban ni de lejos las cantidades facturadas» e incluso algunas «eran ‘facilitas’ de ver». «Me llamó la atención de falta de seriedad», ha apuntado, recordando que «sólo los convenios públicos suponían más de un millón de euros. Eran grandiosos».

En cuando al análisis de empresas que habían cobrado de Nóos y que formaban parte del conglomerado investigado en la causa para presuntamente desviar los fondos públicos, la agente ha recordado cómo en todo el entramado «coincidían administradores y direcciones», y además constataron que las mercantiles de la trama facturaban entre ellas y estaban vinculadas con el Instituto Nóos.

Al respecto, la Agencia Tributaria (AEAT), en uno de los informes que entregó al juez que instruyó la causa, José Castro, calcula en ocho millones de euros el importe total de las facturas que se cruzaron dentro del conglomerado empresarial. (CONFILEGAL/EP)

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