La juez de los ERE, María Núñez Bolaños, ha archivado 5 piezas al haber quedado prescritos los delitos, tras haber pasado más de 10 años y por referirse a ayudas inferiores a 450.000 euros. Se trata de las ayudas concedidas a los Ayuntamientos de Chiclana de la Frontera, de La Barca de la Florida (Cadiz) y los de La Puebla del Río y Camas, en Sevilla.
La magistrada también ha declarado prescrita la ayuda de 180.304 euros concedida a la asociación de los juegos Mediterráneos 2005.
En todos los casos, la juez se refiere al archivo de la investigación respecto a los presuntos delitos de prevaricación y malversación.
Sobre la ayuda a Chiclana, la juez explica que la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo exigió el 10 de abril de 2014 su devolución tras decretar, en una revisión de oficio, la «nulidad» del convenio entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el Ayuntamiento que permitió su pago, lo que hizo el consistorio.
En este sentido, la magistrada ha archivado la causa contra el ex alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz) y actual vicepresidente de la Junta Manuel Jiménez Barrios.
Precisamente, y relación con Manuel Jiménez Barrios, la juez recuerda que se investiga la ayuda concedida al ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta para la financiación de la Feria de Muestras y Turismos VII centenario, que se celebró del 8 al 11 de mayo de 2003. En virtud del convenio suscrito entre el ex director de Trabajo Javier Guerrero y el IFA se concedieron 24.000 euros al Consistorio, que fueron abonados el 27 de noviembre de 2003 con cargo a la partida 31L.
Según la juez Bolaños, la citada ayuda se destinó “en su totalidad a la finalidad para la que se concedió” y además el Ayuntamiento de la localidad gaditana procedió a la devolución del dinero una vez que la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta exigió en abril de 2014 el reintegro de la misma.
En otros autos, la juez abre diligencias por los 180.304 euros concedidos en 2005 para cursos «on line» a los voluntarios de la Asociación de los Juegos Mediterráneos de Almería 2005, a la que lleva al proceso como responsable civil directo en su condición de partícipe a título lucrativo.
Otras ayudas que se archivan se refieren a los 60.101 euros que la Junta dio al Ayuntamiento de Camas para la II Feria Empresarial cuando gobernaba el municipio Encarnación Díaz Cerezo (PSOE) y los 18.000 euros para una muestra artesanal en el Ayuntamiento de La Barca cuando gobernaba Roque Valenzuela (PSOE), las dos en 2003.
Además, la juez archiva la investigación por los 78.130 euros concedidos en 2003 por la Junta para un plan integral de empleo en La Puebla del Río, cuando era alcalde Julio Álvarez (PSOE).
Aunque la juez Núñez Bolaños ha declarado la prescripción de los delitos para los beneficiarios de estas cinco ayudas, los delitos se mantienen contra los responsables políticos que otorgaron las subvenciones, y así la juez ha ampliado la imputación por las cinco subvenciones al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero.
PRESCRIPCIÓN ANTE LA DILACIÓN
Estas no son las primeras prescripciones, ni serán las últimas. Tanto la fiscalía, como la Audiencia de Sevilla han alertado en reiteradas ocasiones del riesgo de prescripción ante la dilatación de la causa, que comenzó a principios de 2011.
Con estas nuevas prescripciones, el número de personas exculpadas y a las que se ha archivado la causa se eleva ya a 20 de los más de 270 imputados del caso. Ya en marzo pasado la instructora decidió archivar las investigaciones contra otras 12 personas, empresarios y beneficiarios de ayudas de la Sierra Norte de Sevilla, aunque luego volvió a investigar a un empresario.
El problema, como suele ocurrir en los macroprocesos, es que con tantas y tan complejas líneas de investigación, el instructor, en este caso instructora, se centra en algunas y dejando otras a medio gas.Y son precisamente esas líneas de investigación las que ahora empiezan a ser sobreseídas.
APERTURA DE OTRAS TRES PIEZAS
Por otra parte, la juez María Núñez Bolaños ha abiertos otras tres piezas separadas nuevas para investigar ayudas concedidas por importe total de 2.310.074 euros a las empresas Centro de Limpieza industrial Huévar, Bética Industrial y Novomag Manufacturas Metálicas, dado que los hechos investigados en cada una de estas subvenciones “podrían presentar características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”, precisa la instructora en cada uno de los autos en los que acuerda abrir las correspondientes diligencias previas.
En estas resoluciones, la magistrada ha incoado las diligencias con el fin de “determinar la naturaleza y circunstancias de tales hechos y las personas que en ellos han intervenido”.
