Los magistrados de Instrucción de Valencia denuncian las «dificultades» que encuentran para perseguir delitos económicos, cada vez más complejos, por la inexistencia de un cuerpo de peritos que trabaje en exclusiva para los Juzgados.
En la última junta de jueces celebrada en Valencia, los magistrados resaltaron la «creciente complejidad de los procesos penales que tramitan», así como la dificultad para disponer de peritos especialistas en materia económica, financiera y contable por las constantes renuncias de los profesionales designados de oficio por los bajos honorarios que perciben.
Por este motivo, los 21 jueces de Instrucción de Valencia, que tramitan 38 causas de gran complejidad, han urgido a la creación de un cuerpo de peritos contables integrado por funcionarios altamente cualificados, similar al de los médicos forenses.
No en vano, la económica es la segunda modalidad de prueba pericial en importancia en los juzgados tras la pericial médica.
Dicho cuerpo de peritos estaría adscrito a los Juzgados y bajo su dependencia funcional, tendría asignadas competencias en materia de delincuencia económica, financiera y corrupción y asesorarían, desde el principio de la instrucción, a los investigadores de la UDEF y de la UCO de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Según las fuentes, la persecución de los delitos fiscales y los relativos a la Administración Pública no plantea problemas, porque la Agencia Tributaria, Intervención General del Estado o de la Generalitat o el Banco de España ponen a disposición de los jueces funcionarios altamente cualificados que, en su condición de peritos, trabajan conjuntamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
No ocurre lo mismo con otro tipo de delitos económicos como estafas, apropiaciones indebidas o delitos societarios, en los que su persecución requiere de complejas pruebas periciales, para las que los jueces acuden a los colegios profesionales.
La entidad colegial designa al experto requerido por el juez y su retribución, que oscila entre 150 y 300 euros, la costea la Generalitat.
«Las renuncias de los peritos son constantes por lo limitado de sus honorarios en comparación con la complejidad de los informes que tienen que emitir y el volumen de la documentación que a veces tienen que analizar», señala el juez decano de Valencia, Pedro Viguer.
Según denuncia, «esta situación complica notablemente el trabajo de los jueces e implica que, más allá de su función, tengan que enfrentarse a innumerables dificultades y ciertas resistencias a la hora de contar con asesoramiento pericial»
«Los jueces tienen formación jurídica, no económica. La prueba pericial es fundamental para el buen fin de la investigación, pero no podemos tener pericias de calidad si no se les paga adecuadamente», ha destacado Viguer.
Las renuncias constantes implican que, a veces, se invierta varios meses en designar a un perito, circunstancia especialmente preocupante tras la reciente reforma legal que limita a seis meses el plazo para investigar.
La propuesta de los magistrados de Instrucción de Valencia cuenta con el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
La Sala de Gobierno ha estudiado el documento de los jueces y ha acordado elevarlo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
