El Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) entiende que es preciso acabar con los ataques entre colectivos judiciales y cree que se debería reprobar la actuación de la fiscal general, Consuelo Madrigal, «por la sombra de duda» que a su juicio ha dirigido sobre este colectivo.
La portavoz del Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ), Abigail Fernández, ha reclamado al Ministerio de Justicia que regule la colaboración entre fiscalías y órganos judiciales para la revisión de las causas penales de acuerdo con el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
También ha trasladado a la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés y al secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Dorado, con quienes se ha reunido en el Ministerio, su «descontento por la forma en que se ha gestionado la necesaria colaboración entre fiscalías y órganos judiciales«, recordando que los letrados de la Administración de Justicia -antiguos secretarios judiciales– «no dependen» del Ministerio Público.
Pese a ello, el SISEJ destaca en un comunicado que «según ha explicado el Ministerio, los letrados de la Administración de Justicia han colaborado con la Fiscalía en los términos de dicho artículo y de la instrucción que en su momento les dirigió el secretario general».
Y entienden que «el Ministerio debe asumir responsabilidades ante los múltiples ejemplos de las consecuencias de una deficiente técnica legislativa y un recurso a eslóganes cuya aplicación práctica no se valora adecuadamente, así como las de una gestión posterior torpe y apresurada». Y pone como ejemplos «las incidencias por la entrada en vigor de la ley de tasas, el papel cero o el propio escalafón de Letrados de la Administración de Justicia, que no ha podido elaborarse en el plazo que fijó el mismo Ministerio.
REPROBACIÓN DE MADRIGAL
En este sentido insisten en que «dado que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no prevé la manera en que debía desarrollarse la colaboración entre oficinas judiciales y fiscalías, ambas instancias, Ministerio y Fiscalía, tenían la responsabilidad de llegar a un acuerdo legal sobre esta cuestión», ha sostenido en un comunicado en el que mantiene que se debe «reprobar» a la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal.
SISEJ mantiene de esta forma su crítica a Madrigal por entender que ha tratado de desplazar la eventual responsabilidad por un posible incumplimiento de los plazos legales para la revisión de las causas penales en sencillas o complejas, lo que conlleva fijar un plazo para la instrucción de seis o de 18 meses.
El sindicato ha pedido a Justicia que realice una «declaración expresa» de apoyo a los letrados de la Administración de Justicia y ha pedido que «acaben los ataques entre colectivos». «Lo que pone de manifiesto la situación que se ha generado es que el Ministerio no calibró las consecuencias del redactado del artículo ni la disposición del Ministerio Fiscal a colaborar con el cumplimiento del mismo sin pretender quebrar el marco competencial de los colectivos implicados», sostiene SISEJ.
Por último, el SISEJ ha manifestado su voluntad de continuar colaborando con el Ministerio de Justicia, «constructivamente desde las discrepancias pero en beneficio de una Administración de Justicia de calidad».
