El magistrado Salvador Alba ha pedido hoy a la instructora designada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la también magistrada, Margarita Varona, que investiga la supuesta conversación que él mantuvo con el empresario canario, Miguel Ángel Ramírez, que envíe los archivos originales de audio a la Policía Científica para que determinen si fueron manipulados.
En el informe pericial de parte -encargado y pagado por él- que esta mañana entregó el juez Alba a la mencionada instructora su autor, el experto independiente Jonathan H. Rodríguez, afirma que los cuatro audios analizados, en los que supuestamente se escucha al juez Alba preparar al empresario para una declaración oficial posterior, fueron claramente manipulados.
De la lectura del informe se deduce que la «grabación» es el producto de un trabajo de corta y pega burdo.
En la denuncia, que el magistrado presentó ante el Juzgado de Guardia, el pasado 11 de mayo, contra Ramírez y contra su abogado, Sergio Armario, ya solicitó que los audios originales fueran enviados a la Policía Científica para determinar si eran producto de una manipulación.
Ramírez, propietario de Seguridad Integral Canaria -la empresa que protege la seguridad de los edificios judiciales en Las Palmas- entregó esa mañana a la Justicia la grabación, en dos cortes de poco más de media hora, y su transcripción, que ocupaba más de 20 folios, sobre la supuesta «charla extraoficial» que mantuvo con este juez.
La pelota está ahora en el tejado de la instructora Varona, que es quien debe ordenar el envío de esa grabación original aportada por Ramírez a los peritos especializados en este campo que la Comisaría General de Policía Científica tiene en Madrid, que están entre los más punteros del mundo.
Si la Policía Científica ratificara las conclusiones del autor de este informe, Jonathan H. Rodríguez, la investigación podría dar un vuelco de 180 grados.
Rodríguez es licenciado en Informática, Análisis de Sistemas y Gestión por la Universidad Católica de Buenos Aires. Ingeniería en Computadores por la Universidad Politécnica de Alcalá de Henares y Gestión de Proyectos por la Universidad Católica de Ávila, según se relata en su informe.
Asimismo, es experto en seguridad informática, detección de intrusión, ataques y hacking ético y ha recibido formación sobre contabilidad financiera y blanqueo de capitales y es instructor, en materia de investigación de delitos telemáticos y análisis de comunicaciones móviles y celulares, de Guardia Civil, Policía Nacional y Ministerio de Defensa, así como experto en análisis de inteligencia e investigación criminal.
Ha testificado innumerables veces, como perito judicial y de parte, en juicios penales, laborales y civiles, tanto en Juzgados de lo Penal, Audiencias Provinciales y Audiencia Nacional.
En este informe de parte, el especialista contratado por el juez Alba afirma que la grabación de la conversación no se pudo hacer por ningún artilugio que llevara Ramírez encima sino que debía proceder de algún micrófono oculto que el juez Alba debía tener en su despacho.
Esta circunstancia podría dar pie a una investigación policial de profundo calado en los Juzgados de Las Palmas para determinar si hay más micrófonos en las oficinas en las que los jueces realizan su trabajo.
