La Audiencia Nacional celebra este miércoles el juicio por la demanda de conflicto colectivo presentada por la asociación Jueces para la Democracia (JpD) contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia para exigirles limitación de cargas de trabajo judiciales, que en su opinión, les genera «un riesgo psicosocial».
La asociación progresista presentó el conflicto ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el pasado mes de abril tras constatar «la falta de eficacia del plan de prevención de riesgos laborales«. Se trata de la segunda acción judicial instada en el mismo sentido, si bien la primera fue retirada en febrero de 2015 tras adoptarse medidas por parte de la Administración.
En concreto, solicitan que se declare que el CGPJ ha incumplido las obligaciones del Plan de Prevención de Riesgos Laborales que este mismo organismo previó para el periodo 2015-2016 y que se le condene a «la inmediata regulación de la carga de trabajo» de los jueces a efectos de salud laboral.
También, piden que la Audiencia Nacional declare que los jueces y magistrados incluidos en los informes internos del CGPJ de septiembre de 2014 que sobrepasaron el 150 por ciento de la carga de trabajo se encuentran en «situación grave de riesgo para la salud» así como la vulneración de su derecho fundamental a la integridad física y moral.
En este sentido, desde Jueces para la Democracia insisten en que la garantía de los derechos y libertades de la ciudadanía exige dotar a los órganos judiciales de los medios personales y materiales necesarios, sin someter a las personas que están al frente de órganos judiciales a situaciones de estrés
En ella aparecen como partes interesadas el resto de asociaciones de la Carrera, que son la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el Foro Judicial Independiente (FJI) y la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (FdV).
«PENOSIDAD DEL DESTINO»
La carga de trabajo debería ser fijada, según los demandantes, teniendo en cuenta criterios personales del juez como «la penosidad del destino, la complejidad litigiosa, la experiencia en el órgano, la necesidad de conciliar el trabajo con la vida familiar y personal, problemas estructurales del juzgado, reformas legislativas y otras análogas».
Desde JpD señalan que según los resultados obtenidos de «la encuesta de ámbito nacional de todos los jueces o magistrados en servicio activo de 2015», promovida por el CGPJ, un 70 por ciento de los encuestados considera que su carga de trabajo habitual es excesiva.
Asimismo, y según un informe del propio CGPJ de septiembre 2014, basado en mediciones de las cargas de trabajo de entrada de juzgados y tribunales durante el año 2013, apuntaba que el 43,53 por ciento de los órganos judiciales superan el 150 por ciento de las cargas de trabajo razonables, y que un 23,64 por ciento se sitúa por debajo del cien por cien, por lo que hay otro 32,83 por ciento que se halla entre el cien por cien y el 150 por ciento.
Estos valores evidencian que una mayoría «alarmante» del 76,36 por ciento, de los jueces de este país ejercen sus funciones jurisdiccionales en condiciones «tóxicas» desde un punto de vista psicosocial, dice JpD.
LEGITIMIDAD DE LA DEMANDA
Que recuerda su «legitimación como colectivo», «contra quienes tienen las obligaciones legales de subvenirlo y paliarlo».
En este sentido insisten desde JpD en que «ni el Ministerio ni el Consejo puede dejar desamparados a millares de Juezas y Jueces que, en su ejercicio cotidiano, vienen resolviendo el doble de lo que dichos módulos provisionales tenían establecido en detrimento de su seguridad, su salud y conciliación con su vida personal y familiar».
