«Esperábamos este descenso del 42,7 por ciento de asuntos penales en el primer trimestre de 2016. No nos ha sorprendido nada. Incluso puede bajar más», afirma Antonio Dorado, secretario general de la Administración de Justicia, valorando los datos que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho público hoy.
Esta bajada es consecuencia de la modificación del artículo 284.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que ha acabado con el trasiego de los atestados policiales, en los que no existe autor.
«El sistema creaba una cantidad ingente de papel que no iba a ningún sitio. Cuando alguien ponía una denuncia en una comisaría o en un cuartelillo de la Guardia Civil, estos mandaban el atestado al juzgado diciendo ‘ha ocurrido esto y vamos seguir investigando’. Y el juzgado contestaba, ‘sigan investigando’, y entretanto lo archivamos», explica Dorado.
«Esto ya no es así. Ahora esas denuncias sin autor conocido se las quedan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Por eso se ha producido esa bajada, que frente al 1.517.487 asuntos ingresados en el primer trimestre de 2015 se haya pasado a los 869.603 del primer trimestre de 2016. Es un éxito», añade el secretario general de la Administración de Justicia.
Además, como esos asuntos que han dejado de ingresar los Juzgados de Instrucción se resolvían de forma inmediata –con un auto de archivo por falta de autor conocido-, se ha producido un descenso similar en la resolución: de 1.578.863 asuntos resueltos se ha pasado a 938.487.
Por último, el número de asuntos penales en trámite al final del periodo era de 762.567, un 18,4 por ciento menos que hace un año.
El 284.2 reformado entró en vigor el 6 de diciembre pasado, con la Ley 41/2015, de modificación de la Lecrim para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.
BAJADA EN EL RESTO DE LAS JURISDICCIONES, TAMBIÉN
El informe “Situación de los órganos judiciales en el primer trimestre de 2015” publicado hoy por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial revela que la entrada de asuntos disminuyó en el primer trimestre del año también en el resto de las jurisdicciones, resultando una bajada global del 32,4 por ciento respecto del mismo periodo de 2015.
Así, entre los pasados 1 de enero y 31 de marzo, los asuntos de nuevo ingreso en el conjunto de los órganos judiciales españoles –incluidos los penales- fueron 1.487.239, frente a los 2.172.069 del primer trimestre de 2015.
En este periodo, los Juzgados y Tribunales españoles resolvieron 1.635.608 asuntos –lo que supone una disminución interanual del 29,2 por ciento-; mientras que al final del mismo quedaron en trámite 2.288.878 asuntos, un 8,8 por ciento menos que en la misma fecha del año pasado.
POR JURISDICCIONES
Jurisdicción Civil. El número de asuntos ingresados en el primer trimestre de 2016 fue de 474.629, lo que representa un descenso interanual del 8,4 por ciento. En esta jurisdicción se resolvieron 530.420 asuntos y al final del trimestre quedaron en trámite 1.032.957 asuntos.
Jurisdicción contencioso-administrativa. En esta jurisdicción se registraron 49.001 nuevos asuntos entre el 1 de enero y el 31 de marzo, un 5,8 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior. La cifra de asuntos resueltos fue de 57.637 y la de asuntos en trámite al final del trimestre de 199.174.
Jurisdicción social. Estos órganos judiciales recibieron 93.931 nuevos asuntos en los tres primeros meses del año, lo que representa una disminución interanual del 15,6 por ciento. El número de asuntos resueltos fue de 109.010 y el de asuntos en trámite al final del periodo de 294.083.
CANARIAS A LA CABEZA
La tasa de litigiosidad en el conjunto de España en el primer trimestre de 2016 ha sido de 32 asuntos por cada mil habitantes, frente a los 46,6 asuntos registrados en el mismo periodo del año anterior. Esta bajada también obedece en parte a la reforma de la LECrim.
Las Comunidades Autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la media nacional han sido Canarias (40,7), Andalucía (37,0), Murcia (34,2), la Comunidad Valenciana (33,4), Cantabria (33,2) y Madrid (32,4).
En el otro extremo se sitúan las Comunidades Autónomas de La Rioja (22), el País Vasco (22,5) y Navarra (24,3). CONFILEGAL/CGPJ.
