El juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha citado a declarar en calidad de investigado el próximo 8 de septiembre al exvicepresidene del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, por presuntas irregularidades en la contratación de su excuñado, Santiago Alarcó, en la entidad bancaria
Según las investigaciones del juez, el vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato contrató, durante su periodo en la presidencia de Bankia de 2010 a 2012, a su excuñado Santiago Alarcó y al responsable de la empresa que se ocupaba de organizarle conferencias privadas.
Informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) aportados al sumario señalaban que Alarcó fue contratado como asesor por Caja Madrid con una retribución de 120.000 euros. «En el 2012 el contrato se renovó por 240.000 y, ya en el 2013, se renovó por 480.000 euros».
Se trata de la cuarta vez que Serrano-Arnal llama a declarar al expresidente del FMI en relación con la gestión de su patrimonio, la última fue el pasado mes de febrero, cuando le interrogó a él, a su abogado y presunto testaferro Domingo Plazas y a otras personas, entre ellas su hermana María de los Ángeles, contra quienes no adoptó ninguna medida cautelar.
En el sumario de la causa la UCO detalla en un informe varias operaciones que, según su criterio, podrían ser el origen de los fondos de Rato a los que se habría sometido a un posterior procedimiento de blanqueo».
Sitúa entre estos indicios «la contratación», por parte de Bankia, de personas vinculadas al expresidente de la entidad, entre ellos su excuñado.
Otra persona de cuyo contrato con Bankia sospechan los investigadores es Pedro Díez, administrador de la empresa BCC. Un informe policial detalló en su día que se encargaba de gestionar la contratación de Rato por distintas entidades para impartir conferencias.
Los investigadores del caso sospechan que que los beneficios obtenidos por éstas apariciones públicas no eran declarados a Hacienda por que fuera expresidente del FMI y precisa que se facturaban a través de una de sus empresas vinculadas, Arada.
El pasado 7 de octubre, el juez ordenó que se le retirara el pasaporte a Rato tras tomarle declaración en relación con la investigación por la comisión de delitos fiscales, de corrupción entre particulares y de blanqueo de capitales. Ha sido la única medida cautelar dictada contra él por el momento.
Serrano-Arnal investiga el patrimonio de Rato y se centra en tres líneas básicas que confluyen en la empresa Kradonara, de la que Rato es el beneficiario último a través de la sociedad británica Vivaway y que fue constituida por otro de los imputados, el abogado Domingo Plazas.
El Juzgado de Instrucción 31 de Madrid mantiene imputados a otra decena de personas en este procedimiento, entre los que se encuentran Alberto Portuondo –el único que fue enviado a prisión–, la que fuera secretaria de Rato, Teresa Arellano, y otro presunto testaferro, Miguel Ángel Montero.
También permanece investigado José Manuel Fernández Norniella, exsecretario de Estado de Hacienda y exconsejero de Bankia.
Tras su última declaración en febrero, Rato manifestó que diez meses después de su detención y registro en su vivienda y despacho, la Agencia Tributaria no tenía aún un informe definitivo sobre las presuntas irregularidades en su patrimonio.
«Diez meses después de entrar en mi casa, Hacienda no es capaz de hacer un informe definitivo», explicó entonces Rodrigo Rato en declaraciones a Europa Press. (EP)
