El magistrado Fernando Presencia, decano de los Juzgados de Talavera de la Reina -actualmente suspendido en sus funciones-, contesta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras el anuncio de una nueva catarata de acciones disciplinarias contra su persona: «Este CGPJ tiene la misma legitimidad para sancionarme que el Consejo del Poder Judicial portugués: ninguna. La reciente doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es muy clara».
«Si es necesario recorrer el mismo camino que mis compañeras portuguesas, hasta Estrasburgo, lo haré», declara a Confilegal.
Presencia se refería a la reciente sentencia del TEDH que condena a Portugal por haber vulnerado el artículo 6.1 de la Convención, que establece el derecho a un juicio justo por un tribunal imparcial e independiente.
En su sentencia el máximo tribunal de garantías europeo recuerda la Recomendación de 17 de noviembre de 2010 realizada por el Comité de Ministros de la Unión Europea a los estados miembros del Consejo de Europa sobre los jueces, que dice, en su punto 27, que “no menos de la mitad de los miembros de tales consejos [del poder judicial] deberían ser jueces elegidos por su iguales de todos los niveles de la judicatura y con respeto al pluralismo dentro de la judicatura”.
En la actualidad, el Consejo Superior de la Magistratura de Portugal está compuesto por 17 miembros: 9 no jueces y 8 jueces, entre los que se encuentra el presidente, quien, a su vez, es presidente del Tribunal Supremo.
Los 7 jueces son elegidos por sus compañeros mientras que de los restantes, 7 los elige el Parlamento y 2 el presidente de la República.
El fallo del TEDH, ya lo adelantó Confilegal, era un claro aviso para el “navegante español”, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos 20 miembros- 10 juristas y 10 jueces- son elegidos, desde 1985, por el Congreso y el Senado en su totalidad.
La Comisión Disciplinaria del CGPJ está compuesta por 7 de esos vocales, cuatro jueces y tres juristas de reconocida competencia.
Todos ellos nombrados por otro poder del Estado, el Legislativo.
«Vengo diciéndolo desde hace mucho tiempo. A los jueces, este CGPJ, que utiliza el palo y la zanahoria como si fuéramos borregos, no nos representa porque está nombrado, al ciento por ciento, por los políticos, y es una prolongación, dentro de la justicia, de sus intereses», añade Presencia.
«Ahora lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, antes lo dijo el Comité de Ministros de la Unión Europea, el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, el Grupo de Estados contra la Corrupción. ¿Quién más tiene que pronunciarse, el Papa? Por eso digo que las sanciones disciplinarias con las que me están crucificando, para impedir que siga denunciando la corrupción de Talavera y del poder judicial, para echarme de la carrera y para callarme son ilegales», continúa contando el juez Presencia.
De acuerdo con el magistrado, el presidente del órgano de gobierno de los jueces «se está comportando como el jefe de una banda de pistoleros».
Y anuncia el «ejercicio de nuevas acciones penales» por su «intento de hacerme pasar por un fugitivo, por un delincuente, sin explicar siquiera el delito que pueda haber cometido. Y por utilizar las instituciones del Estado en su propio beneficio, encubriendo la trama de corrupción que el sistema está propiciando».
«Es claro que lo que pretende con la filtración a Europa Press sobre determinadas informaciones injuriosas sobre mi persona es ponerse a cubierto de las responsabilidades penales que necesariamente tendrá que asumir en el caso del polémico nombramiento del presidente del TSJ de Murcia, Pascual de Riquelme, ante la evidencia de las sospechas de cinco vocales del CGPJ sobre el falseamiento de su acta de cese», concluye Presencia.
El juez Presencia se refería a la noticia que publicó ayer la agencia de noticias Europa Press que, bajo el título, «El CGPJ aprueba nuevas sanciones a un juez de Talavera ya inhabilitado por prevaricación», informaba habían acordado nuevas sanciones por «nuevas conductas irregulares que vino cometiendo durante el desempeño de su cargo como retrasos en la instrucción de asuntos y la falta de motivación de sus sentencias».
Fernando Presencia fue condenado el pasado mes de mayo por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
La sentencia no es firme y ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo.
