España está «sin ley» en materia de ejecución hipotecaria, según Francisco Marín Castán
En enero de 1996 fue nombrado presidente de la Sala Primera del Alto Supremo, en sustitución del magistrado Juan Antonio Xiol, actualmente en el TC. Foto: Carlos Berbell/ Confilegal.

España está «sin ley» en materia de ejecución hipotecaria, según Francisco Marín Castán

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06/7/2016 07:56
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Actualizado: 06/7/2016 00:10
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El magistrado y presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS), Francisco Marín Castán, ha advertido este martes en Santander de que «lo más urgente» es que se forme un Gobierno en España y haya legislador porque nuestro país está «sin ley» en materia de ejecuciones hipotecarias, como en lo referido, por ejemplo, a los intereses moratorios.

Así, ha alertado «con toda crudeza» de que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) «ha descalificado la ley española de tal manera que nos encontramos sin ley y el juez siempre tiene que resolver», por lo que ha defendido la necesidad de decirlo «con toda claridad».

En su intervención en el encuentro ‘Populismos, entre lo viejo y lo nuevo’, que se celebra esta semana en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y que ha tratado sobre la existencia o no del populismo judicial, Marín Castán ha señalado que, por ejemplo, el artículo 114 de la Ley Hipotecaria «es letra muerta».

Por este motivo, ha explicado que «como no hay leyes específicas, el TS toma como referencia» y «se inclina» por la que considera «más adecuada», ya que «si la ley no vale porque ha sido descalificada por el TJUE, se consigue más seguridad jurídica con un criterio general para todos los juzgados».

Además, ha señalado que, a su juicio, en España «no hay populismo judicial», aunque «sí puede haber sentencias populistas» y ha definido como «equilibrada» la jurisprudencia del Supremo porque «se piensa en todas las consecuencias» que pueden surgir con las sentencias, como las que se pueden dar si todas las sentencias son a favor de los derechos de los consumidores.

Del mismo modo, se ha preguntado si la pregunta de si hay populismo judicial se debe «a que se ha empezado a aplicar la ley a quien se creía que estaba por encima de la ley», por lo que ha abierto la posibilidad de que se hable de populismo judicial al hecho de que se aplique «a todos por igual».

Igualmente, ha comentado que «no es normal» que los tribunales civiles se hayan hecho cargo de «cientos de miles» de denuncias de consumidores, por ejemplo en lo referido a las cláusulas suelo.

POPULISMO JUDICIAL FINANCIERO POR «ERRORES JUDICIALES NO ALEATORIOS»

Por su parte, el ex secretario de Estado de Economía y expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe, ha defendido que sí existe populismo judicial financiero, entendido como «errores judiciales no aleatorios que benefician al cliente del banco», pero que son resoluciones «que no se deben a una voluntad deliberada, sino a errores inconscientes».

En este sentido, Conthe ha recordado tres sentencias judiciales que, en su opinión, prueban la existencia de este populismo financiero. En primer lugar, la STS de mayo del 2013 sobre cláusulas suelo, ya que, a su juicio, tiene «contradicciones internas» y «peca de sesgo retrospectivo» por calificar de «muy altos» los tipos de interés del suelo porque en el momento de la sentencia eran más bajos y se veían «desde el nivel del mar».

En segundo término, ha hecho referencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de enero del 2015, que anula un laudo sobre ‘swap’ a pesar de que, desde su punto de vista, Conthe sostiene que la permuta del contrato es «súper sencilla» y la sentencia lo hace como «difícil de entender.

Finalmente, se ha referido a dos sentencias de febrero del 2016 sobre la suscripción de acciones de Bankia con motivo de la salida a Bolsa de la entidad, ya que las Audiencias Provinciales de Valencia y Oviedo, y así, según ha añadido, lo toma el TS, sostienen que hubo irregularidades en el folleto y eso perjudicó a los pequeños accionistas, pero no a los accionistas institucionales. «Si hubo irregularidades, las hubo para todos», ha zanjado Conthe. (EP)

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