Nacho Escolar, director de El Diario, Ignacio González Vega, portavoz de JpD, y Javier Martínez Lázaro, magistrado de la Audiencia Nacional. Confilegal.
«Los partidos políticos son grandes fuentes de filtración cuando actúan como acusaciones populares», según el magistrado Javier Martínez Lázaro
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16/7/2016 07:59
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Actualizado: 07/9/2022 10:25
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«Los partidos políticos son grandes fuentes de filtración cuando actúan como acusaciones populares en los procesos judiciales», según el magistrado Javier Martínez Lázaro. «Un partido político no pinta nada en un proceso judicial. Es una confusión absoluta de papeles».
Martínez Lázaro, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y exvocal del Consejo General del Poder Judicial, hizo estas manifestaciones en el curso de la ponencia que llevó a cabo sobre «Las filtraciones de los sumarios», dentro del curso «Justicia y medios de comunicación» de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, organizado por Jueces para la Democracia (JpD)
Una mesa que compartió con el director de El Diario, Nacho Escolar, moderada por Ignacio González Vega, portavoz de JpD.
El juez se quejó de la vulneración continua del secreto del sumario, establecido en los artículos 301 y 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal porque se producen graves violaciones de los derechos de los investigados, especialmente el derecho de defensa y la presunción de inocencia.
Martínez Lázaro se quejó de que no se investigan las filtraciones.
«Si creemos que hay unos derechos que hay que proteger, tendremos que plantearnos medidas para hacer frente a las filtraciones», afirmó. Y mencionó la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que admite la posibilidad de alocar sanciones por esto, «siempre que sean proporcionadas».
«Desde mi atalaya de la Audiencia Nacional, creo que la situación es insostenible. La investigación debe ser secreta. Su violación se ha convertido en una costumbre. Debería aplicarse algún tipo de sanción cuando se publiquen informaciones de sumarios y también de asuntos reservados. Hablo de sanciones económicas, de acuerdo con los parámetros del TEDH», concluyó.
El director de El Diario, por su parte dijo que «las filtraciones forman parte del trabajo cotidiano de los periodistas de tribunales».
Escolar reivindicó la responsabilidad con que se trabaja en su medio tomando como ejemplo los casos Torbe, López Madrid y tarjetas «black».
«Entiendo que tiene que existir el secreto en las investigaciones judiciales pero también el derecho a la información. Cuando recibimos una filtración de un sumario no lo publicamos de inmediato. Somos renuentes. Comprobamos todos los datos, nos convencemos de su veracidad y si consideramos que tiene interés público, lo publicamos», contó.
«Nuestro trabajo, y eso tienen que tenerlo muy claro todos, no es velar por el secreto de las investigaciones judiciales sino por el derecho a la información», añadió.
En opinión de Escolar, el periodismo hace un servicio público.
«A nosotros nos llegó la información sobre los correos corporativos de Caja Madrid a través de un buzón seguro. Analizamos la información y descubrimos lo de las ‘tarjetas black’. Y lo hicimos muchísimo antes de que llegase a la Audiencia Nacional. Las ‘tarjetas black’ estaban en la cuenta ‘de quebrantos’, la de los pufos, escondida. Si no hubiera sido por esa filtración no se hubiera hecho justicia», relató.
«Estoy de acuerdo de que tiene que haber un secreto en la investigación judicial, pero no puede durar eternamente», concluyó.
DERECHO A LA INFORMACIÓN VS DERECHO A LA INTIMIDAD
En una mesa anterior intervinieron la magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Ana Ferrer, y el director de Infolibro, Jesús Maraña, para hablar de «La presencia de los medios en las salas de vistas».
Ferrer, la primera mujer en la historia en formar parte de la Sala Segunda y expresidenta de la Audiencia Provincial de Madrid, relató cómo se había venido implementando la política de comunicación desde el Consejo General del Poder Judicial, con la aprobación del Protocolo de Comunicación de 2004, la modificación del Reglamento de Aspectos Accesorios, que supuso la apuesta más decidida del órgano de gobierno de los jueces por la transparencia, y la actualización del mencionado protocolo con una versión de 2015.
Según Ferrer, la aparición de las oficinas de Comunicación en los 17 Tribunales Superiores de Justicia, organizadas y sufragadas por el órgano de gobierno de los jueces, ha facilitado el éxito de esta política. En especial en lo que a la cobertura audiovisual de los juicios se refiere.
«Fue una magnífica idea que ha tenido unos buenos réditos. Los juicios se cubren mediante la señal institucional, realizada por el propio personal de la Oficina de Comunicación. Esto, sin duda, han contribuido a acercar la justicia a los ciudadanos», dijo Ferrer.
Maraña, por su parte, dijo que es imprescindible explicar cómo funciona la Justicia. «Si no se entiende, su aplicación queda coja», opinó. «Los jueces, además de aplicarla, tienen que explicarla. Vendría muy bien romper la desconfianza entre jueces y periodistas. Porque los jueces aplican la justicia y los periodistas la divulgan».
De izquierda a derecha, Jesús Maraña, director de Infolibre, Ignacio González Vega y Ana Ferrer, magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Confilegal.
Álvaro García, fiscal y portavoz de la Unión Progresista de Fiscales -que después intervendría en la mesa sobre «Periodismo de investigación»-, reveló que a él, que fue el fiscal del caso Prestige, le había cambiado «la perspectiva al hacer un juicio de 9 meses como ese. Fue bastante terapéutico ver todo el montaje televisivo, como se realizó todo el juicio. Los periodistas estaban en otra sala diferente a la del juicio, cubriéndolo, tomando notas. Además, teníamos la obligación de enviar la señal a Francia, porque nos habían cedido la jurisdicción. Desde Brest lo siguieron en tiempo real, por ‘streaming’. Fue un magnífico ejercicio de transparencia».
PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN
En la última mesa, «El periodismo de investigación», intervino, junto a García, Carlos Berbell, director de Confilegal, coautor del libro «Filesa, las tramas del dinero negro en la política».
Berbell recordó que la función del periodista es la de ser el vigilante o el «perro guardián» del sistema democrático, junto con la Justicia, y que en estos últimos cuarenta años el periodismo de investigación había rendido grandes servicios a la democracia.
Y recordó casos como el GAL (Grupos Antifascistas de Liberación) que dio con los huesos en la cárcel del exministro de Interior, José Barrionuevo, su secretario de Estado, Rafael Vera, y el director general de Seguridad, Julián Sancristóbal; el caso Filesa, de financiación ilegal del PSOE, que mandó a la cárcel a un diputado de ese partido, Carlos Navarro, y un senador, Josep María Sala; el caso Ibercorp, que hizo dimitir al entonces gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, quien luego terminó en prisión; el caso Roldán, en el que estuvieron implicados Luis Roldán, exdirector general de la Guardia Civil, y Gabriel Urralburu, expresidente de Navarra, por el cobro de comisiones ilegales, y quienes terminaron tras los barrotes; el caso fondos reservados, por el que fueron juzgados y condenados el mencionado Rafael Vera, Julián Sancristóbal y José María Rodríguez Colorado, exdirector general de la Policía; o el caso papeles del CESID, que provocó la dimisión del entonces director general del servicio de inteligencia español, Emilio Alonso Manglano, quien también fue condenado por un delito continuado de escuchas ilegales, y que provocó igualmente la dimisión del entonces vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, del ministro de Defensa, Julián García Vargas, y el cambio de nombre del CESID por el de Centro Nacional de Inteligencia, o CNI.
«El derecho a la información y a la libertad de expresión es el oxígeno de la democracia. Y el periodismo de investigación contribuye a limpiar lo que funciona mal, lo que está corrompido; ayuda a regenerar el sistema», explicó Berbell. «Cuando los periodistas de investigación y los jueces trabajan en la misma dirección, la labor de limpieza es mayor».
García, por su parte, se mostró crítico con el periodismo de investigación y con la búsqueda de la verdad.
«La verdad es poliédrica», dijo. «¿Quiénes son las fuentes del periodista de investigación? ¿Dónde se contrasta? ¿Cómo se garantiza todo el proceso? Un fiscal no puede ser una fuente. Tiene que ser el Ministerio Fiscal».
Y centró sus críticas en el modelo de investigación policial, señalándolo como un «foco de problemas».
El portavoz de la UPF se mostró partidario de cambiar el modelo. «Porque quien investiga es la Policía. Y quien controla a la Policía controla las investigaciones», opinó.
Álvaro García criticó la desaparición de las faltas y la aplicación de la Ley Mordaza. «Eso que se ha vendido como un avance es un retroceso. Es verdad que ya no se envían a los juzgados los atestados sin autor, pero eso también priva a los jueces de la labor de control a la Policía. Han creado un territorio de impunidad muy peligroso», agregó.
Lo lógico, según García, es que en la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal que se elabore, los fiscales asuman la instrucción y que la Policía dependa de la Fiscalía.
Carlos Berbell, director de Confilegal, Ignacio González Vega, y Álvaro García, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales. Confilegal.
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