Asociaciones de Jueces y fiscales subrayan que las declaraciones del líder de Sortu, Arnaldo Otegi, en las que aseguraba que «no va a haber tribunal, ni Estado ni Guardia Civil, ni Ejército español que vayan a impedir» que sea candidato de EH Bildu a lehendakari en las elecciones vascas, son un «ataque» al Estado de Derecho, una «fanfarronada» que no «van a ningún lado», ya que hay una «sentencia firme «sobre su inhabilitación y, por ello, no puede presentarse.
Otegi fue condenado a 10 años de prisión y a dos inhabilitaciones, una especial para empleo o cargo público y otra inhabilitación especial para el sufragio pasivo. Posteriormente, el Tribunal Supremo mantuvo en 2012 ambas inhabilitaciones aunque las redujo a una duración de seis años y medio.
El pasado sábado, Otegi afirmó que su candidatura para los comicios autonómicos del 25 de septiembre ha sido una decisión adoptada «de manera soberana» por la izquierda soberanista vasca y que «no va a haber tribunal, ni Estado ni Guardia Civil, ni Ejército español que vayan a impedir» que concurra como candidato a lehendakari.
El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Ignacio González, ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, que estas palabras de Otegi son una «fanfarronada» ya que la leyes son «claras» y establecen que si está inhabilitado «no se puede presesentar por mucho que diga». Aún así, ha explicado que es la Junta Electoral la que tiene que «verificar» si esta persona reúne los requisitos para poder presentar su candidatura.
Por su parte, desde la Unión Progresista de Fiscales (UPF), su vicepresidente, Diego Villafañe, en declaraciones a Europa Press, en la que ha recordado que la inhabilitación para empleo o cargo público y para el sufragio pasivo es firme tras la sentencia del Tribunal Supremo de 2012. «Podrá presentar una candidatura, pero si hay una pena de inhabilitación será inviable», ha apostillado.
Villafañe ha afirmado que si la Junta Electoral de Guipúzcoa impugna la candidatura de Otegi, éste tendrá que respetar esta decisión, ya que la ley «representa la soberanía nacional» y «garantiza» el Estado de Derecho. En este sentido, ha hecho hincapié en que el candidato está «sujeto al principio de legalidad» como el resto de españoles, «se llame Otegi o se llame como se llame».
«NO SE PUEDE SALTAR» LAS SENTENCIAS FIRMES DEL SUPREMO
Esta misma línea ha seguido el portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, Raimundo de Prado, que ha argumentado que las juntas electorales tienen unos «mecanismos para evitar» que se presenten aquellas personas que cuenten con una inhabilitación como la del líder de Sortu.
«Cada uno puede decir lo que quiera. Una cosa es un deseo y otra lo que se puede hacer. La ley y la Constitución tienen que cumplirse», ha añadido. Asimismo, ha enfatizado que las afirmaciones de Otegi, se enmarcan dentro dentro de una «actuación política que realmente no lleva a ningún lado», pues, en su opinión, son «ataques al Estado del Derecho».
Para la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), las declaraciones de Otegi son «contrarias» a lo dictaminado por una sentencia firme del Tribunal Supremo: «No se puede saltar, ni él ni otra persona, las sentencias firmes irreversibles».
De este modo, el portavoz de esta asociación, Celso Rodríguez, ha explicado que no se puede presentar porque la Constitución protege el principio de igualdad de todos los españoles y, por tanto, tiene que cumplir el sufragio pasivo y la inhabilitación como lo han hecho otras personas condenadas a lo mismo. (EP)
