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Lesmes critica el acuerdo PP-Ciudadanos para despolitizar la Justicia

Carlos Lesmes, el Rey don Felipe y Rafael Catalá. EP.
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El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, reivindicó el sistema de elección directa por el Parlamento de los 12 vocales jueces que el PP y Ciudadanos acordaron finiquitar con su reciente acuerdo para la investidura de Mariano Rajoy como presidente de Gobierno.

Una reivindicación que supone una crítica directa al Gobierno en funciones del PP, que hizo posible su nombramiento en diciembre de 2013.

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La crítica se produjo durante su discurso -de siete folios- pronunciado durante el acto de apertura de tribunales celebrado al mediodía del martes, en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, bajo la presidencia de Su Majestad Felipe VI.

Durante el mismo afirmó que “duele escuchar que esa justicia en la que creemos y por la que trabajamos no es independiente, que está politizada, que son los partidos políticos los que dirigen la acción de los jueces”.

Para Lesmes, la culpa de que la ciudadanía piense que la justicia está politizada la tienen “los opinadores de todo tipo”.

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Sus afirmaciones, añadió, se “vinculan al modelo de gobierno judicial, no se ajustan a la verdad y se desmienten una y otra vez por cada uno de los jueces y juezas que cada día se esfuerzan en sacar adelante procesos de toda clase tramitados por sus juzgados”.

Con el fin de cimentar esa idea, citó al profesor José Juan Toharia, presidente de Metroscopia, empresa que realizó el barómetro del Consejo General de la Abogacía 2015, en el que se decía que el 71 por ciento de los españoles consideraban a los jueces “el último baluarte defensivo de los derechos y libertades”.

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Es cierto que esa es una idea que se viene repitiendo desde hace años en las encuestas, pero sólo referido al trabajo diario de los jueces.

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La justicia, según esas mismas encuestas, no tiene una sola imagen sino que -en palabras del mismo profesor- “es poliédrica” y los ciudadanos confían en el trabajo de los jueces, una confianza que no se transfiere, de forma automática, al CGPJ.

¿Por qué? Porque sus 20 miembros -12 jueces y 8 juristas de reconocido prestigio- vienen siendo nombrados directamente por el Parlamento desde 1985.

La traslación de los equilibrios parlamentarios al seno del órgano de gobierno de los jueces ha creado una suerte de “contaminación” política de los nombramientos que se realizan desde el CGPJ y que muchos jueces consideran deslegitimadora.

Y eso afecta, a la hora de la verdad a las personas que componen el “alto mando” de los órganos judiciales españoles. Porque el CGPJ elige, no sólo, a los 5 presidentes de Sala del Supremo, también a los 90 magistrados del Alto Tribunal, a los 17 presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y a los magistrados que componen esos órganos judiciales, así como a los presidentes de las 50 Audiencias Provinciales. Sólo los jueces decanos son elegidos por sus pares.

EL ACUERDO PP-CIUDADANOS SOBRE LA JUSTICIA

El acuerdo -ahora en suspenso hasta ver lo que ocurre- es una consecuencia directa de esa línea de pensamiento.

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Contempla la elección directa, por parte de los 5.500 jueces de los 12 vocales de procedencia judicial (el CGPJ está compuesto por 12 vocales jueces y 8 juristas de reconocido prestigio). Tal como se hacía en 1980 y siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Una reivindicación que apoyan unánimemente las cuatro asociaciones judiciales -la Asociacion Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente-, cuyos principales representantes estuvieron presentes en el acto.

De izquierda a derecha, Manuel Almenar, de la APM, Ignacio González Vega, de JpD, Concepción Rodríguez, y Raimundo Prado, de AJFV.
De izquierda a derecha, Manuel Almenar, de la APM, Ignacio González Vega, de JpD, Concepción Rodríguez, y Raimundo Prado, de AJFV.

Según Lesmes, gran parte de la culpa de lo que está sucediendo no la tienen los “opinadores”, también la tienen los propios jueces.

Y haciendo “autocrítica” dijo: “El juez no siempre ha sabido transmitir a la ciudadanía la esencia de su función”.

“Mi predecesor, Javier Delgado -quien estaba presente en el acto- decía que la Justicia es poco fotogénica. Trabajemos para que lo sea. Una información responsable y veraz aprovisionará al ciudadano de los criterios adecuados para valorar, de forma no condicionada, el alcance del compromiso de sus jueces con la indepencia, con la imparcialidad y con la excelencia jurídica”, añadió.

El planteamiento de Lesmes sorprendió a muchos de los presentes, que no se esperaban una crítica tan directa al Gobierno y al PP.

Entre ellos se encontraban la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

LA LEY ES LA BASE DE LA LIBERTAD

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, por su parte, pronunció un discurso muy compacto y bien estructurado en el que puso blanco sobre negro conceptos básicos, que tenían un destinatario muy claro: el independentismo catalán.

“Algunos invocan la democracia y la libertad para proponer el incumplimiento de las leyes y la desatención a las libertades, que son la esencia misma de la democracia. Esto sugiere que determinados usos de la libertad pueden suponer un peligro para la democracia. ¿Cómo defender la libertad que perseguimos y por la que nos preguntamos?”, afirmó.

“No es la libertad lo que libera a los ciudadanos, sino la ley”.

“Frente a las vías de hecho, o las pretensiones demagógicas que contrapone legitimidad democrática y legalidad constitucional, sólo cabe recordar, como hace la sentencia del constitucional [STC de 2 de diciembre de 2015], que en una concepción democrática del poder no hay más legitimidad que la fundada en la Constitución. En esta línea ha actuado y actuará la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional y ante los tribunales penales si fuera el caso”, remachó Madrigal.

UN LLENO QUE FUE MEDIA ENTRADA DESPUÉS

Aunque el acto de apertura de tribunales registró un lleno completo en el Salón de Plenos, sin embargo sólo fue “media entrada” en el cóctel que luego se celebró en el Salón de Pasos Perdidos, y al que asistió el Rey Felipe VI.

Sólo en torno a 30-35 magistrados, de los 90 que componen el alto tribunal, asistieron al mismo. Y lo mismo sucedió con buena parte de los visitantes. Las aglomeraciones de los años pasados dieron paso a un “terreno de juego” con muchas “calvas”.

El presidente del Supremo emuló al su homónimo del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, quien semanas atrás fotografió a los Reyes con unos escolares al comienzo de la vista que estos hicieron al máximo tribunal de garantías.

En esta ocasión, Lesmes hizo una fotografía a don Felipe con una señorita, mientras que Ana Pastor y Manuel Almenar departían en una esquina.

“Es lógico esta media entrada”, comentaba uno de los asistentes a Confilegal. “A estos sitios se viene a ver y a que te vean. No tenemos gobierno. No sabemos que va a pasar. El interés decrece”.

Entre los asistentes también estuvieron José Manuel Romay Beccaría, presidente del Consejo de Estado, Ramón Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal de Cuentas, la alcadesa de Madrid, Manuela Carmona, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, del Tribunal Militar Central, el epresidente de la Corte de Casación de la República Francesa y el fiscal general ante este órgano; y el presidente de la Corte de Casación del Reino de Marruecos y el fiscal general del rey de Marruecos.