El Juzgado de lo Penal número 5 de Getafe celebrará este jueves el juicio contra dos trabajadores, Juan Carlos Asenjo y Alberto Pérez, de la fábrica de Coca-Cola de Fuenlabrada que protestaron en un pleno del Ayuntamiento de Leganés en el que se debatía ampliar el centro logístico de dicha empresa.
La fiscalía atribuye a cada uno de los sindicalistas los delitos de lesiones, coacciones y atentado y solicita más de tres años de prisión, según expone el sindicato.
Para CCOO este juicio es «abusivo e inconstitucional» ya que es un «castigo» para quienes «reivindican los derechos laborales». Además, acusa a la Fiscalía de ser «instrumentalizada para efectuar una interpretación excesiva y expansiva de preceptos penales y reprimir penalmente a sindicalistas».
Desde el sindicato insisten en que «La protesta no pretendía en absoluto ni amenazar, ni coaccionar, ni atentar contra las autoridades, sino exclusivamente reivindicar que la carga de trabajo que se debe atribuir por parte de Coca Cola a la planta de Fuenlabrada no fuera nuevamente sustituida».
Los hechos se remontan a 2014, cuando se produjo una protesta en el pleno del Ayuntamiento de Leganés. El PSOE se había comprometido con los representantes sindicales de Coca-Cola Fuenlabrada a votar en contra de dicha ampliación; algo que no sucedió, puesto que, pese a que tres concejales cercanos al actual alcalde, Santiago Llorente, se opusieron, los otros cinco ediles socialistas se abstuvieron.
Ante las protestas por dicha votación, la Policía Municipal desalojó a los trabajadores y es en ese proceso en el que se basan las acusaciones. Sin embargo, los sindicalistas aseguran que en ningún momento se produjeron agresiones, ni amenazas y que los argumentos presentados son «falsos».
El diputado de Podemos Alberto Rodríguez y el senador Óscar Guardingo acompañaran a los trabajadores a su entrada a los juzgados. Para la formación morada, la ampliación que se debatía en el Ayuntamiento de Leganés «condenaba a la fábrica de Fuenlabrada a la desaparición y al incumplimiento de las sentencias judiciales del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional«, las cuales «dictaminaban la reapertura del centro y la readmisión de los trabajadores en el mismo puesto».
