El gobierno danés ha pagado 1.186.000 euros por los llamados «papeles de Panamá» a una «fuente anónima» para investigar a 600 daneses que podrían tener dinero en paraísos fiscales. De esta forma se ha convertido en el primer país del mundo que ha pagado dinero por esa información.
Según reconoció el ministro de Hacienda, Karsten Lauritzen, su gobierno ha pagado 9 millones de coronas danesas por los «papeles de Panamá». Reveló que una «fuente anónima» se puso en contacto con el gobierno danés a lo largo del verano.
La fuente envió una prueba inicial con documentos para que el gobierno danés los revisara.
Tras concluir que los documentos eran genuinos, negociaron secretamente con los partidos de la oposición para obtener su apoyo en este acuerdo tan controvertido, según Laurtizen.
«Todo sugiere que es una información útil. Se lo debemos a todos los contribuyentes daneses que pagan religiosamente sus impuestos«, dijo el ministro de Hacienda.
El ministro admitió que, al principio, habían sido «muy cuidadosos. El material contiene información relevante y válida de varias centenas de contribuyentes daneses».
Los llamados «papeles de Panamá» fueron publicados en abril y representaron la mayor filtración de la historia.
El archivo final está compuesto por 12,7 millones de documentos y contiene detalles de compañías «offshore», la mitad de ellas de las Islas Vírgenes británicas, un paraíso fiscal del Reino Unido.
Una fuente anónima, «John Doe (Juan Nadie)» le entregó el archivo al periódico alemán Süddeutsche Zeitung.
Un consorcio internacional de periodistas de 180 medios diferentes estudiaron el archivo, en el que aparecían varios jefes de Estado y políticos.
LA DECISIÓN DANESA ABRE UN DEBATE INTERNACIONAL
La decisión del gobierno danés abre un debate de dimensiones internaciones, en el cual España entra de cabeza. ¿Es lícito pagar por este tipo de informaciones, obtenidas de forma ilegal? ¿O debe prevalecer el interés general, el interés de todos los contribuyentes que pagan religiosamente sus impuestos frente a una minoría que no lo hace y que se lleva el dinero a paraísos fiscales? ¿Es una buena inversión si con 1.186.000 euros se puede obtener un retorno diez o veinte veces esa cantidad, en impuestos no declarados? ¿Debería hacerse, en último término, un referéndum para preguntar al pueblo si se puede hacer ese tipo de compras?, son algunos de las preguntas que emergen tras la compra oficial de esos ficheros.
