La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa es uno de los dos órganos estatutarios, junto con el Comité de Ministros de Asuntos Exteriores.
Europa pone en marcha un «Plan de Acción» para fortalecer la independencia y la imparcialidad judicial
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02/10/2016 06:59
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Actualizado: 03/10/2016 21:46
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Las justicias europeas -no todas- están enfermas. El «diagnóstico médico» es claro: debilidad de la independencia y la imparcialidad judicial, politización de la justicia y críticas públicas desde el ejecutivo y el legislativo.
A día de hoy es un «tumor benigno» que todavía no se ha convertido en maligno. Pero podría serlo y devenir en «metástasis». El remedio ideado por el Consejo de Europa se llama «Plan de acción para fortalecer la independencia y la imparcialidad judicial». Y tendrá una duración de cinco años.
Fue aprobado por el Comité de Ministros -su órgano máximo de decisión- en la 123ª reunión de delegados de Ministros el pasado 13 de abril de 2016 y su implementación se está desarrollando en estos precisos momentos.
Un plan que ha sido impulsado por su secretario general, el noruego Thorbjorn Jagland, con el consenso de los 47 países que forman parte de esta institución -28 de los cuales son miembros de la Unión Europea-.
En el Pleno del pasado 29 de septiembre precisamente, el Consejo General del Poder Judicial dio su visto bueno a la comisión de servicio del magistrado Antonio Díaz Tejada -exsenador por el PSOE- como integrante de ese plan, tras ser seleccionado por el Consejo de Europa.
De acuerdo con el informe base -que puede descargar al final de este artículo-, el objetivo de este Plan «es identificar los modos en el que el Consejo de Europa guiará y apoyará a sus estados miembros en la implementación de medidas concretas necesarias para fortalecer la independencia y la imparcialidad» de las diferentes Administraciones de Justicia europeas.
Para el Consejo este Plan tiene, hoy por hoy, «la más alta prioridad».
«La urgencia de estas acciones reside en la necesidad de reforzar la independencia judicial y la imparcialidad en casos donde se ha identificado que las estructuras existentes están fallando en su cometido de garantizar el imperio de la ley y la seguridad democrática», se puede leer en el apartado de Objetivos Generales.
Thorbjorn Jagland, el secretario general del Consejo de Europa, ha impulsado personalmente este Plan de Acción. CE.
La primera línea de acción del Plan -cuenta con tres- está, precisamente, en la misma dirección del acuerdo de investidura de Mariano Rajoy, firmado por el PP y Ciudadanos para la elección de los 12 vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es decir, por elección directa de sus compañeros de la carrera judicial (desde 1985 son elegidos por el Congreso y por el Senado), mientras que los 8 vocales juristas de reconocido prestigio seguirán siendo elegidos por el Parlamento.
El Consejo de Europa dice en este documento: «Deberían tomarse medidas para despolitizar el proceso de elección o nombramiento de personas para los consejos del poder judicial, donde existan, u otros órganos apropiados de gobierno judicial. Los miembros no deberían representar a facciones políticas o ser partidistas políticos ejerciendo sus funciones. Deberían no estar sujetos a, o ser susceptibles de, influencia política desde el ejecutivo o el legislativo».
«Tales medidas -continúa el documento- podrían incluir reglas sobre el número mínimo de miembros judiciales y los procedimientos para la elección por sus pares (al menos la mitad, no teniendo en cuenta a ningún miembro ex-officio), o sobre el número máximo de miembros no judiciales (y como son elegidos o seleccionados) asegurándose así que una mayoría o al menos la mitad de ellos son miembros judiciales que representan a todos los niveles de la judicatura«.
TRANSPARENCIA EN LOS NOMBRAMIENTOS
«Las normas que rijan la composición de los consejos del poder judicial, u otros órganos apropiados de gobierno judicial, y como conducen sus asuntos deberían ser transparentes y permitir la previsibilidad», continúa el documento.
«Lo mismo se aplica al proceso de selección, nombramiento y promoción de jueces. De particular importancia a este respecto son las normas dirigidas a evitar la interferencia impropia desde el ejecutivo o el legislativo».
En este sentido, el Consejo de Europa sigue a rajatabla -y la cita- la Recomendación CM/Rec (2012) 12, adoptada por el Comité de Ministros el 17 de noviembre de 2010, «sobre jueces: independencia, eficacia y responsabilidad», en la que aconsejaba que «al menos la mitad de los miembros de estos consejos [del poder judicial, de la judicatura o de la magistratura, según fuera la definición elegida en cada país] deberían ser jueces elegidos por sus pares, con pleno respeto al pluralismo en el seno del sistema judicial».
El Plan ha venido precedido de un informe que ha tenido un gran impacto en el Consejo de Europa: “Los desafíos a la independencia judicial y a la imparcialidad en los estados miembros del Consejo de Europa”, elaborado por las Oficinas de los Consejos Consultivos de jueces y de fiscales europeos a petición del secretario general Jagland.
En el mismo se decía que la configuración de los consejos del poder judicial que estuviera compuesta por jueces y juristas elegidos por las autoridades políticas, presenta “una amenaza potencial para la independencia judicial”
Dicho informe era el seguimiento judicial al informe principal de 2015, que llevaba por título “Estado de la Democracia, los Derechos Humanos y el Estado de Derecho en Europa – Una responsabilidad compartida para la seguridad democrática en Europa”.
El Consejo de Europa tiene su sede en Estrasburgo, Francia.
CELIA VILLALOBOS
El Plan también considera muy importante tratar de aminorar las críticas contra el poder judicial realizadas desde disputados y senadores, como ocurrió recientemente en España con las declaraciones de la diputada del PP, Celia Villalobos, sobre el magistrado del Tribunal Supremo, Cándido Conde-Pumpido, nombrado instructor del caso Rita Barberá.
«Deberían darse pasos para asegurar que los funcionarios del ejecutivo y los miembros del legislativo son respetuosos con las decisiones judiciales y también que el público les vea respetando tales decisiones, así como la dignidad de cada uno de los jueces. DeberíaN evitar la crítica pública de las decisiones judiciales en particular, así como su indebida aspereza, o las críticas políticamente motivadas de la judicatura en general o de jueces en particular», dice la «Acción 1.4».
Sobre el uso de los medios de comunicación por parte de miembros del legislativo y del ejecutivo, el Consejo de Europa recomienda que se tomen medidas para evitar su uso inapropiado, «dirigido a desacreditar a la judicatura así como para proteger la reputación y los derechos de los jueces y para mantener la autoridad y la imparcialidad de la judicatura, teniendo en cuenta los juicios relevantes y las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».
PORTAVOCES
El Consejo de Europa recomienda a la judicatura -en este caso sería al CGPJ- una política más proactiva hacia los medios y hacia los ciudadanos, con la vista puesta en «incrementar la confianza pública en la judicatura, evitando o aclarando malentendidos sobre el proceso legal y los casos individuales».
«Se podría dar consideración al establecimiento de servicios de comunicación o de portavoces que puedan contestar a las críticas en nombre de la judicatura y dar explicaciones generales sobre el proceso legal», añade el Plan.
El Plan de Acción está pensado para países cuyas administraciones de justicia están pasando por un periodo de crisis en su independencia e imparcialidad debido a los «síntomas» indicados, países como Bulgaria o Hungría. Sin embargo, España también presenta algunos de esos síntomas.
El Consejo de Europa es el órgano ideológico de los países democráticos del Viejo Continente porque lo conforman 47 naciones, 28 de ellos miembros de la Unión Europea, y otros que no lo son, como Rusia, Moldavia o Turquía, por poner cuatro ejemplos, los cuales han adoptado los estándares democráticos que promueve este organismo.
En este mapa se pueden ver a todos los países miembros del Consejo de Europa; en amarillo, los fundadores. Total: 47. JLogan/CE.
El Consejo de Europa es el que fija los estándares políticos básicos y democráticos que deben cumplir los países aspirantes a la Unión Europea; estándares que exigen el respeto a los derechos y libertades fundamentales y la abolición de la pena de muerte.
Su “auctoritas” está más allá de cualquier duda. Recomienza las reformas políticas, legislativas y constitucionales que deben realizarse. Su cumplimiento lo tiene muy en cuenta la UE a la hora de acoger a un nuevo país miembro en su seno.
La principal condición, esencial e irrenunciable, es la adhesión al Convenio Europeo de los Derechos humanos y a la interpretación de dicho Convenio por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
DESCARGAR PLAN DE ACCIÓN PARA FORTALECER LA INDEPENDENCIA Y LA INTEGRIDAD JUDICIAL (EN INGLÉS):
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