«El pacto de Ciudadanos con el PP para la elección de los 12 vocales jueces, por los propios jueces, sigue vigente. Nosotros no nos hemos movido ni un milímetro de lo acordado». Así de tajante se muestra Patricia Reyes, diputada por Ciudadanos en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, tras las dudas surgidas sobre la posición de su formación en este asunto tras la aprobación, ayer, en el seno de esa misma Comisión de una transaccional a «una proposición no de ley (PNL) sobre la mejora, modernización, agilización y aseguramiento de la independencia de la justicia» que presentó Ciudadanos y que apoyó el PP.
«El martes se aprobó una enmienda transaccional a nuestra PNL, de acuerdo con el PP, que se hizo de forma más genérica con el objetivo de que los cuatro partidos mayoritarios pudiéramos llegar a un acuerdo, con unos mínimos para empezar el debate», explica Reyes. «Eso no quería decir que nosotros abandonábamos el acuerdo de investidura que firmamos con los populares».
La enmienda transaccional era, de hecho, una fusión de la PNL de Ciudadanos y la que había presentado el Partido Popular, que había sido rebajada.
El texto de PNL original presentada por Ciudadanos decía: «Asegurar mediante las modificaciones legales necesarias la independencia de la Justicia y concretamente despolitizar la elección de los vocales de origen judicial del CGPJ, que deberán ser elegidos por jueces y magistrados».
El texto modificado en la PNL resultante quedó de la siguiente forma: «Asegurar mediante las modificaciones legales necesarias que la justicia sea percibida como inequívocamente independiente tanto en sus órganos de Gobierno como en las Altas Magistraturas y Fiscalía General del Estado». Lejos del planteamiento inicial. Y descafeinado.
El PSOE finalmente se abstuvo. «Los términos en los que estaba escrito eran demasiado vagos y confusos», explica el portavoz del Grupo Socialista en esta Comisión, Juan Carlos Campo. «Por eso no lo apoyamos».
Otro tanto ocurrió con Podemos que, a diferencia del PSOE, votó en contra. «Las dos PNLs, la del PP y la de Ciudadanos, se habían rebajado y edulcorado en la PNL resultante de tal forma que no podíamos suscribirla de ningún modo», cuenta el portavoz de Podemos en la Comisión, Jaume Moya. «Dejaron fuera el refuerzo imprescindible del turno de oficio o la derogación de la Ley de Plazos. No podíamos ni debíamos apoyarlo».
Tras la aprobación de la enmienda transaccional a la PNL fusionada, ayer por la tarde, con el solo apoyo de PP y Ciudadanos se dispararon todas las alarmas.
¿El PP y Ciudadanos abandonaban, por enésima vez en la historia la promesa de que los 12 vocales jueces sean elegidos por sus iguales?
«Nada de eso», afirma Reyes.
Para probar que no se habían movido un milímetro de donde estaban presentaron esta mañana otra proposición no de ley ante el Registro del Congreso de los Diputados en la que Ciudadanos insta al Gobierno a «Impulsar, desde el necesario consenso parlamentario, la reforma del régimen de elección de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial para que los doce de procedencia judicial sean elegidos directamente por Jueces y Magistrados».
En las recientes reuniones que el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha mantenido en los pasados días con los representantes de las asociaciones judiciales –Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente– ha prometido y asegurado que se llevará a cabo la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial -si el PP puede formar gobierno finalmente- para que los 12 vocales jueces del próximo Consejo General del Poder Judicial, que echará a andar en diciembre de 2018, puedan ser elegidos por sus 5.500 compañeros.
UN PACTO POR LA JUSTICIA CON OTRO NOMBRE
Por otra parte, todo parece indicar que el Pacto por la Reforma de la Justicia reclamado por asociaciones de jueces, de fiscales, de letrados de la Administración de Justicia, de funcionarios, de sindicatos, de consejos de la abogacía, de procuradores y del propio órgano de gobierno del poder judicial, parece que va a tener otro nombre: «Estrategia Nacional de Justicia».
Así lo ha bautizado la formación naranja en su proposición no de ley. Esta estrategia busca, desde «el diálogo con las fuerzas políticas, los distintos operadores de lajsuticia y los ciudadanos» promover «una justicia acorde a la realidad del siglo XXI, asegurando la independencia de su funcionamiento y fortaleciendo su configuración como servicio público de calidad orientado a las necesidades de los ciudadanos, y priorizando la eficiencia y calidad de la Administración de Justicia».
