Tanto Juan Carlos Estévez, decano del Colegio de Procuradores de Madrid entre 2003 y 2007 -actualmente presidente del Consejo General de Procuradores de España-, como Gabriel de Diego Quevedo, sucesor suyo, como 15 miembros y exmiembros de la Junta Directiva del mencionado Colegio, afirmaron hoy ante la titular del Juzgado de Instrucción 52 de Madrid, Belén Sánchez Hernández, que respetaron «de forma escrupulosa» el principio de legalidad y que no falsearon los estatutos ni en 2003 ni en 2007, como mantiene la Asociación para la Defensa del Procurador (APD).
Según la querella presentada por la APD, por los delitos de falsificación de documento público y prevaricación, la Junta General del Colegio de Procuradores de Madrid aprobó en 2003 unos estatutos que no se corresponden con los que en 2007 publicó el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) en 2007.
En concreto afirman que texto publicado en 2007 tiene seis artículos y tres disposiciones más que el original.
Todos los investigados -incluyendo a Gabriel de Diego Quevedo, que en 2003 no formaba parte de la Junta Directiva- repitieron a la juez lo mismo: los cambios se produjeron respondiendo a los “preceptivos controles de legalidad que debían realizar el Consejo General de Procuradores de España y la Comunidad de Madrid, según la Ley de Colegios Profesionales”.
No hay nada irregular, por lo tanto.
Los 17 investigados respondieron a las preguntas de la magistrada Sánchez Hernández y de su abogado defensor, pero rechazaron responder a las preguntas de la acusación particular de APD.
El Colegio de Procuradores de Madrid precisamente acusó, el pasado domingo, a la APD de “desmedido afán persecutorio e incriminatorio”, parafraseando un auto desestimatorio de otra querella presentada por la citada asociación en un caso anterior, en el que estuvieron imputados el exdecano de los procuradores de Madrid, Antonio Álvarez-Buylla, y el exsecretario, Ramiro Reynolds Martínez, por los supuestos delitos de falsificación en documento público y prevaricación, los mismos que se achacan en este caso a los 17 directivos y exdirectivos.
“La APD está formada por 5 o 6 personas que fueron dados de baja del Colegio por no pagar las cuotas colegiadas. Lo que pretenden con esta querella es tratar de poner en jaque al actual sistema de financiación de la procura de Madrid”, explicaron fuentes de Colegio a Confilegal.
