«Los tribunales deberían poder trabajar con la serenidad necesaria en el desempeño de su función jurisdiccional. Las asociaciones judiciales deberían tener esto muy en cuenta. Declaraciones como esas no ayudan en absoluto al esclarecimiento de los hechos», declara el magistrado Salvador Alba a Confilegal en respuesta al comunicado que ayer hizo público la asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD) en apoyo de la magistrada, y exdiputada de Podemos, Victoria Rosell.
«Existe una querella contra la magistrada doña Victoria Rosell admitida a tramite nada menos que por el Tribunal Supremo. Una querella de la que ahora es competente el Tribunal Superior de Justicia de Canarias», continúa explicando el magistrado.
«Debería ser ahí donde se ejerza la defensa ante las graves imputaciones que se le realizan y no centrando la atención en conversaciones que nada tienen de ilícito y menos aún de delictivo», añade.
De acuerdo con Alba, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil entregó recientemente un informe a la magistrada instructora del TSJC, Margarita Varona, en el que quedó demostrado que los archivos de las conversaciones que el empresario Miguel Ángel Ramírez mantuvo con él habían sido manipulados.
«Un burdo corta y pega», explica.
«Ese fue precisamente el cometido que la magistrada instructora encargó al Servicio de Criminalística: si los dos archivos de audio eran originales o habían sido manipulados. La conclusión es que habían sido manipulados», agrega.
Sobre el comienzo del archivo recuperado de la carpeta «Trashes» (basura), de muy mala calidad, rescatado de la grabadora, Alba afirma que «ni se ha sometido a análisis o estudio ni se ha ordenado su incorporación al proceso por resolución firme».
Dicho archivo ha sido enviado por la magistrada Varona al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, mediante providencia, para que se proceda a la limpieza de ruido que se pueda llevar a cabo.
