La juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha imputado a 29 personas, entre ellas el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y dos exalcaldes, por ayudas que ascienden a 9,3 millones de euros concedidas a 18 empresas del denominado «entramado» de la Sierra Norte de Sevilla.
Entre los imputados también están el ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero y los exdirectores del IFA/IDEA, las empresas pagadoras de las ayudas, Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano, así como a los exalcaldes de la comarca José Antonio Méndez (El Real de la Jara) y Carmelo Montero (Guadalcanal)
En el auto, notificado hoy y al que ha tenido acceso Confilegal, la juez investiga las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a empresas dedicadas a varias actividades, la de más cuantía de las cuales asciende a 1,2 millones de euros y fue concedida en varios pagos entre 2004 y 2007 a Romero Álvarez S.A.
Además, la juez Núñez Bolaños también investiga una ayuda de un millón de euros concedida a la SCA San Sebastián de Guadalcanal, de la que era responsable el exalcalde de la localidad; y de la misma cuantía que se le dio a Corsevilla.
La magistrada encargada del caso de los ERE fraudulentos considera que en la concesión de estas ayudas sociolaborales se podría haber cometido una «infracción penal», y cita a los primeros imputados a declarar el 17 de noviembre próximo.
En el mismo auto, la juez recuerda que se declaran prescritas ayudas concedidas a otras compañías de la Sierra Norte, comarca de la que es originario el ex director general Francisco Javier Guerrero.
Entre los imputados también hay una religiosa del convento de las Jerónimas de Constantina (Sevilla), identificada como Carmen Muñoz Rivas, que fue presidenta de una cooperativa textil –SCA Megara– que recibió una subvención de 44.000 euros de la Junta de Andalucía y que ya compareció en mayo de 2015 ante la juez Mercedes Alaya, acogiéndose a su derecho constitucional a no declarar.
De las 29 personas investigadas, la juez cita a declarar a cinco de ellas el próximo día 17 de noviembre, como son Verónica Galloso Villalba; los responsables de Venero de Móstoles, Laura de la Cruz López y Beatriz Ponce de la Cruz; de la empresa Vivir el Barro (Refractarios y Derivados), Joaquín Llano Heredia; y de Andalucine S.L., Beatriz Pérez Martín.
Estas últimas declaraciones se incorporarán a la pieza sobre las ayudas a empresas de la Sierra Norte, cuya instrucción ya dispone de las declaraciones ante la juez de los responsables de las otras 14 empresas investigadas, como son Atarazanas de Constantina SCA, Grueso y García, SCA San Sebastián de Guadalcanal, Pema Jamones y Embutidos, Tialna, Corsevilla, Virgen de Robledo, Refractarios Guadalcanal S.A., Hotel La Posada del Moro, Romero Álvarez S.A., Quesos y Embutidos Dehesa Real de la Jara, SCA Megara, Promociones Vinícolas Sevilla y Dehesa Navera.
En el auto, la juez analiza cada una las 18 ayudas que son objeto de investigación, destacando entre ellas la ayuda de un millón de euros concedida a SCA San Sebastián de Guadalcanal siendo responsable de la empresa el exalcalde de esta localidad, Carmelo Montero, o la ayuda de 170.000 euros otorgada a Quesos y Embutidos Dehesa Real de la Jara, de la que eran responsables el exalcalde de este municipio entre 1985 y 2007 José Antonio Méndez Sánchez y su esposa.
La juez también tiene como investigados a Luis Martínez Perea y Manuel Fuentevilla por la ayuda de 600.012,12 euros a Atarazanas de Constantina; a José Grueso y Alfonso Manuel García Delgado por la ayuda de 100.000 euros a Grueso y García; a Antonio Bermejo García por la ayuda de 700.000 euros a la empresa Pema Jamones y Embutidos; a Benito Miguel Oliver por la ayuda de 730.000 euros a Tialna, o a Fernando Miguel Cornello y Juan Luis Mariscal Araújo por la ayuda de un millón de euros a Corsevilla.
También son imputados Gregorio Martínez Piñero por la ayuda de 444.748,96 euros a Promociones Vinícolas Sevilla; Juan Miguel Mejías Ramírez por la ayuda de 190.000 euros a la empresa Virgen de Robledo; Antonio Llano Nogales por la ayuda de 721.214,53 euros a Refractarios Guadalcanal S.A.; Juan Martínez Sevilla, Lucía Piñero y Julia Piñero por la ayuda de más de un millón de euros al Hotel La Posada del Moro, y Guillermo Romero Álvarez por la ayuda de 1,2 millones a Romero Álvarez S.A. (CONFILEGAL/EP)
