El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) avalará previsiblemente, esta semana, la reforma de la ley que le permitirá sancionar e incluso suspender a altos cargos o autoridades políticas, que desobedezcan sus resoluciones, como podría ser el caso de la presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell.
Con esta decisión, incluida en Ley del Tribunal Constitucional promovida durante el último gobierno del Partido Popular, el Constitucional también podría utilizar sus nuevas competencias, ya asumidas y avaladas por los magistrados, para suspender directamente a políticos y apartarlos de sus responsabilidades en el caso de que sea necesario para «garantizar que sus decisiones se atienden y ejecutan».
Fuentes jurídicas sostienen que este asunto será debatido en el pleno de esta semana, que se celebrará el miércoles y el jueves, después de que la magistrada Adela Asúa, partidaria de declarar inconstitucional esta reforma, haya renunciado a la ponencia de la resolución al comprobar que no contaba con el apoyo del pleno.
Así, Asúa ha sido sustituida por Pedro González Trevijano, catedrático de Derecho Constitucional y perteneciente al sector conservador de la institución, como ponente de la resolución que, según las fuentes consultadas, avala la reforma del TC que le permitirá suspender de sus funciones a autoridades y altos cargos públicos de la administración si desobedecen sus resoluciones.
La sentencia de González Trevijano contará con el visto bueno de la mayoría del pleno pero, constatan las fuentes, supondrá una ruptura en la unanimidad que ha seguido el tribunal en lo relativo al soberanismo catalán.
Las fuentes consultadas aseguran que el presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, quiere resolver cuanto antes esta reforma legal que fue recurrida tanto por el Gobierno catalán como por el vasco.
Pérez de los Cobos, indican las fuentes, no quiere que la resolución de estos recursos -el pleno de esta semana examina el presentado por el gobierno vasco- interfiera en el próximo dictamen del Consejo de Europa, del que depende el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
