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José Manuel Maza: un socio de corazón del Atleti será el nuevo fiscal general del Estado

José Manuel Maza cuando era magistrado del Tribunal Supremo, antes de ser nombrado fiscal general del Estado. Carlos Berbell.
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Si el Atlético de Madrid fuera una logia, José Manuel Maza Martín, de 64 años, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desde 2002 y nuevo fiscal general del Estado -según han confirmado fuentes oficiales del Ministerio de Justicia a Confilegal, después de que el Consejo de Ministros, el CGPJ y el Congreso den su visto bueno- sería uno de los maestros masones, sin duda alguna.

Porque si hay algo que siente, en lo más profundo de su corazón, son los colores rojiblancos. Su “Atleti”, del que no se pierde un partido.

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Los colores rojiblancos y un profundo sentido de la Justicia, a la que lleva sirviendo 32 años.

Yo lo conocí en 1996, cuando comencé a dirigir “En tela de juicio”, un programa de televisión de Telemadrid creado y destinado a divulgar el mundo de la justicia a través de la emisión de juicios grabados y de reportajes. Programa que luego se transformó en el canal “Tribunal Televisión”, que durante casi 5 años se emitió a través de Vía Digital.

Maza, entonces, presidía la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid, de la que formaba parte, como magistrado, el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira.

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El nuevo fiscal general del Estado vio en la televisión una herramienta poderosa e influyente para materializar esa realidad desconocida, y hasta secreta, que hasta entonces habían sido los tribunales de justicia. Son incontables los juicios que grabamos bajo su presidencia.

Maza siempre se ha distinguido por tener un talante cercano, accesible y muy divulgativo. Tenía muy presente el 117 de la Constitución -“la justicia emana del pueblo”- y que el pueblo tiene derecho a que se entienda lo que dicen los jueces. Y él se hizo entender también cuando fue portavoz de la extinta asociación de jueces Unión Judicial Independiente.

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Por eso sus sentencias tienen esa factura. Lo mismo que sus conferencias.

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Porque Maza es un magnífico comunicador.

En la sede que la Audiencia Provincial tuvo en la calle Cartagena, de Madrid, lo recuerdo presidiendo el juicio contra Francisco García Escalero, alias “el matamendigos”, un asesino que había quitado la vida a 11 personas. Con algunos de ellos, se dijo en la vista pública, practicó la necrofilia y el canibalismo.

Una sala de vistas que tenía en medio una enorme columna de color azul que impedía, en ocasiones, ver a las partes.

Escalero estaba más para allá que para acá, hay que reconocerlo, pero Maza respetó su dignidad en todo momento. Faltaría más, no en vano es coautor -junto con el perito forense, Juan José Carrasco– del Tratado de Psiquiatría Legal y Forense, el libro referente en este campo, ya en su cuarta edición. Su conocimiento no se le supone, como se solía poner en la cartilla de la mili para constatar el valor del soldado, sino que está ampliamente probada.

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Algunos medios han calificado a Maza, en estas últimas horas de “juez conservador”, para encuadrarlo en la órbita del PP, y han mencionado su voto particular contrario a la absolución del juez Baltasar Garzón en el juicio sobre la Memoria Histórica, de cuyo tribunal formó parte.

Puede serlo, pero a lo de conservador habría que añadir rabiosamente independiente, porque a Maza no le importa ir contracorriente, si cree que debe hacerlo.

Prueba de ello fueron las declaraciones que realizó hace unos días, a raíz de la detención del violador Tomás Pardo, acusado de agredir de nuevo a una mujer e intentar matarla en Barcelona durante un permiso.

Maza declaró que el caso era “la excepción” entre los “miles” de permisos penitenciarios que se conceden anualmente. Casos como este “pueden revelar que ha existido un fallo” en el sistema, pero a su entender, es “difícil de evitar“.

Con carácter general, dijo, el sistema prevé “la posibilidad de avances en grados y, por tanto, la concesión de permisos desde el punto de vista terapéutico” y también se ha de tener en cuenta “la finalidad asegurativa o de protección de la sociedad”.

Tampoco le dolieron prendas en archivar la querella de Manos Limpias contra los líderes de Podemos, Pablo Iglesias, Iñigo Errejón y otros, por supuesta financiacion ielgal de Irán y Venezuela. En su auto afirmó que el informe PISA, elaborado por el “lado oscuro” del Ministerio del Interior, sobre el que se basaba la querella, se limitaba a recoger noticias publicadas en prensa. Esa publicación por sí sola “no puede justificar sin más la apertura de una procedimiento penal”, por no aportar indicio “accesible y racional de su comisión”, escribió.

Como tampoco le importó oponerse en 2007 a la famosa doctrina Botín, con la que el banquero Emilio Botín evitó sentarse en el banquillo por la cesiones de crédito del Banco de Santander porque las acusaciones populares que empujaban el caso no eran perjudicados directos.

FALTA EL VISTO BUENO DEL CGPJ Y DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Una vez que el Consejo de Ministros realice este mismo viernes la propuesta de nombramiento, será necesario que el Consejo General del Poder Judicial emita el correspondiente «informe de idoneidad», es decir, constatar que cumple con los requisitos exigidos por la ley para acceder al cargo.

O cuando defendió -y todavía defiende- contra viento y marea el fallo de su Sala, del que fue ponente, en un caso que la enfrentó con la Sala de lo Social. Era el caso de un empleado que duplicaba facturas con la intención de defraudar a su empresa.

La dirección de la empresa intervino sus correos electrónicos —lo cual tiene eficacia probatoria  en la jurisdicción social—. La Sala de lo Social confirmó el despido . Y después lo ratificó el Constitucional.

El fallo puso de relieve una contradicción básica: la prueba es válida en la jurisdicción social y no lo es en la jurisdicción penal.

«Estas causas son las que más me gusta combatir. Sabiendo que estás derrotado. Que te entregas hasta el final, entregando tu sangre, defendiendo en lo que crees. Creo en las garantías constitucionales, creo en la dignidad, creo en el secreto, creo en la intimidad, hasta del último ciudadano, por muy delincuente que sea», explicó Maza.

“Sé que la batalla está perdida. Sé que en Francia han aprobado una ley que va a permitir entrar en la intimidad de todo el mundo, a través de sus comunicaciones. O la Ley Patriot, de Estados Unidos”, se sinceró el magistrado.

José Manuel Maza se hizo juez por oposición. Entro en 1976. Fue magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid -que terminó presidiendo- entre 1988 y 2002. En 2002 se convirtió en magistrado del Tribunal Supremo, cubriendo la plaza que Adolfo Prego, había dejado libre tras ser elegido como nuevo vocal del Consejo General del Poder Judicial. En 2011 obtuvo la plaza en propiedad, cuando Prego pidió la excedencia voluntaria para pasarse al ejercicio libre de la abogacía.

No es la primera vez que su nombre suena para este puesto.

Ya en diciembre de 2014, cuando dimitió Eduardo Torres Dulce como fiscal general del Estado, Maza estuvo en las quinielas, junto con Fernando Grande-Marlaska -que también ha sonado para esta- y sus compañeros de Sala, Antonio del Moral y Miguel Colmenero. 

Esta vez, la bola de la ruleta de la fortuna ha caído en su casilla y le toca salir a jugar en un puesto que le llega en el momento oportuno de su carrera profesional.

El pasado lunes, en “petit comité”, se nos comunicó la voluntad de Catalá de que Consuelo Madrigal siguiera al frente de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, el presidente Mariano Rajoy quería cambio, y es lo que habrá.

José Manuel Maza es madrileño, está divorciado y tiene un hijo.