Ismael Moreno, magistrado del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional (AN), ha admitido a trámite una querella contra Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar, por la detención e ingreso en prisión de Juan Ignacio Mínguez, líder de Vox en Madrid, por colocar una bandera española en la falda del Peñón el 20 de junio pasado.
También por la privación de libertad, durante 9 horas, del abogado Pedro Fernández, que acudió a interesarse por la situación durante el juicio, celebrado dos días después de los hechos.
La querella planteada contra la máxima autoridad del Peñón es por los supuestos delitos de tortura y contra la integridad moral y cuenta con el informe favorable del Ministerio Fiscal que dice que se actuó contra Mínguez “de forma desproporcionada a su cacheo y reseña en dependencias durante más de 7 horas, durante las cuales le negaron el ejercicio de sus derechos a comunicar su detención y lugar de custodia, así como la asistencia letrada, y sin alimento y aseo en condiciones de dignidad”.
Una situación que se prolongó tras su puesta a disposición judicial, en la que se acordó su prisión preventiva hasta que se dictara sentencia.
Sobre Pedro Fernández, el Ministerio Fiscal dice en su escrito que se personó dos días después, el 22 de junio, ante los Juzgados de Gibraltar para interesarse por la situación de Mínguez.
“Según expone el señor Fernández, observó un trato discriminatorio para con el señor Mínguez en relación con los sucesivos juicios que se celebraban, toda vez que el mismo acudió esposado, fue introducido en una cámara acristalada y no había podido entrevistarse reservadamente con el letrado de oficio que le habían asignado”, relata el fiscal.
“Este último hecho motivó que se suspendiera el juicio durante unos minutos para poder conocer el enjuiciado de qué se le acusaba; durante este lapso de tiempo, al señor Fernández se le requirió por el alguacil que le entregara su teléfono móvil, o que así hizo, siendo detenido por dos agentes policiales acusado de haber realizado fotografías de la Sala”, continúa el escrito.
“Al señor Fernández, según su testimonio, no se le permitió el ejercicio de sus derechos en los mismos término que se desarrollaron con el señor Mínguez, siendo objeto de dos cacheos y privándosele de libertad durante 9 horas en las que permaneció absolutamente incomunicado y bajo la amenaza de dos agentes policiales de que, si no reconocía los hechos, se prolongaría su privación de libertad hasta el 28 de junio y reconociéndole que el trato que se le dispensaba a él como al señor Mínguez obedecía a razones políticas y por orden del Ministro Principal”, concluye el Ministerio Fiscal.
Moreno acuerda, en el auto preceptivo, una serie de diligencias: solicitar al Ministerio de Asuntos Exteriores que aclare si Picardo tiene inmunidad diplomática y si tuvieron conocimiento oficial de los hechos y, si fuera así, la forma y fecha en que se les comunicó la detención; saber si España ha emitido alguna nota de queja o de protesta ante las autoridades británicas por dichos hechos.
A la Policía le ordena que aclaren si Picardo tiene residencia en España.
Moreno también acuerda solicitar una comisión rogatoria a las autoridades británicas para que aporten copia de los expedientes policiales y judiciales tramitados con ocasión de las detenciones y enjuiciamiento practicados a los querellantes y ordena tomar declaración como testigo al abogado Pedro Fernández.
