De izquierda a derecha, Mark Worth, de BluePrint for Free Speech, Benedek Javok, de los Verdes, Elly Schlein, de S&D, los informantes Andrea Franzoso y Ana Garrido, Sonia Agudo, de FIBGAR y Michele Bocchiola, de la Universidad de Pavía.
La protección de los «whistleblowers» que denuncian la corrupción debe ser una prioridad
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17/11/2016 17:52
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Actualizado: 07/9/2019 22:55
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La protección de los ciudadanos que denuncian la corrupción debe ser una prioridad, esta fue la conclusión a la que se llegó hoy en Bruselas durante la presentación en sociedad del proyecto «A Change of Direction», una alianza de cinco ONGs e instituciones de investigación de cinco países europeo. Este proyecto que tiene tiene como objetivo promover el establecimiento de un nuevo marco integrado para la investigación, la implementación y defensa pública para la protección de los «whistleblowers» en Europa
«No podemos incentivar a los ciudadanos a convertirse en ‘whistleblowers’ sin luchar contra el desamparo absoluto y el vacío legal que les espera tras denunciar», declaró Sonia Agudo, de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) en el marco de la apertura del encuentro «Human Rights and Whistleblowers» [Derechos humanos e informantes] que se ha celebrado hoy en Bruselas y que ha inaugurado Elly Schlein, del Intergrupo sobre integridad transparencia, corrupción y crimen organizado del Parlamento Europeo.
Forman parte de «A Change of Direction», además de FIBGAR, el instituto de estudios avanzados Aix Marseille Université, la Università degli Studidi Pavia a través de su Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, BluePrint por Free Speech, ONG internacional de defensa de la libertad de expresión y Libera, red de lucha contra la corrupción a través de sinergias entre las realidades política y cultural.
El proyecto impulsa la creación de un marco legal de protección para estos ciudadanos que con sus informaciones defienden la transparencia y luchan contra la corrupción en todos los ámbitos de la sociedad y que las amenazas a los informadores sean reconocidas como violaciones de los derechos humanos.
Agudo explicó que buscan «incidir en la percepción social de aquellos que denuncian casos de corrupción, pero también crear el marco legal necesario para que los ‘whistleblowers’ no sean ciudadanos que sacrifican su vida por el bien de todos nosotros».
«A Change of Direction» proporcionará a los posibles denunciantes una mejor y más actualizada información sobre sus derechos legales y sus obligaciones, así como el acceso a canales seguros para reportar malas prácticas y un soporte organizativo adecuado.
Esta iniciativa es la primera en Europa en aunar la investigación y la defensa en la protección de los informantes a través de un grupo multidisciplinar de investigadores, activistas y periodistas de investigación, todos ellos coordinados para desarrollar propuestas políticas, campañas, iniciativas de difusión pública y recursos para los informantes basados en la investigación y la experiencia.
Los ‘whistleblowers’ están desamparados legalmente en Europa
En el acto tomaron parte tres informadores que han sufrido en sus carnes las consecuencias de denunciar la corrupción: la española Ana Garrido, el italiano Andrea Franzoso y el croata Srecko Sladoljev.
«Hay que denunciar, pero sin que ello suponga inmolarse. Por eso es necesario mantener el anonimato y tener leyes de protección», afirmó Ana Garrido, la informante que destapó el caso Gürtel cuando trabajaba en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Madrid, y que vio, por ello, arruinada su vida, durante su intervención en este acto, al que fue invitada.
Andrea Franzoso, un exempleado de la empresa ferroviaria pública Ferrovie Nord Milano, por su parte, contó que fue degradado y trasladado de destino por denunciar, el año pasado, que su jefe estaba robando a la compañía.
Franzoso, explicando su caso, contó que la primera denuncia que hizo internamente no fue bien recibida. Después «presenté un informe, pero no sirvió de nada. Tenía tres opciones ante mí: podía hacer una denuncia anónima, podía actuar como una fuente confidencial, o podía denunciar con mi nombre y apellido. Elegí la tercera opción», explicó Franzoso. «Finalmente llegué a un acuerdo económico y dejé la empresa».
El doctor Srecko Sladoljev, representante de los trabajadores en el consejo de vigilancia del Instituto de Inmunología en Zagreb, Serbia, y miembro de su comité de empresa, denunció, en el curso de una entrevista periodística que se publicó en 2010, la falta de transparencia en la toma de decisiones del Instituto en relación con la compra de una vacuna contra la gripe porcina.
Afirmó que la situación podría causar graves daños tanto a la empresa como al público. A consecuencia de ello, Sladoljev fue suspendido de empleo y sueldo y se le prohibió volver a su puesto de trabajo.
«La percepción es que existe voluntad política a nivel de Unión Europea, pero está todo por hacer y tan sólo los Socialistas y los Verdes muestran una voluntad real de avanzar en la protección de los informantes», dijo Agudo al término de la jornada.
En la misma, Michele Bocchiola, de la Universidad de Pavía, disertó sobre la importancia de alertar contra la corrupción y Mark Worth, de BluePrint for Free Speech, sobre los riesgos y los beneficios de ser «whistleblowers» en Europa.
También participaron en esta jornada Benedek Javor, de Greens/EFA cerró el innovador encuentro, que estaba auspiciado por el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) el ITCO Intergrup del Parlamento Europeo.
Un papel central en la lucha contra la corrupción
Los informantes o «whistleblowers» juegan un importante papel en las sociedades contemporáneas como agentes de la transparencia y responsabilidad y como promotores del fortalecimiento de la democracia, dos de cuyos pilares son la libertad de expresión y el derecho a la información, al descubrir y transmitir información acerca de las amenazas al interés público.
Sin embargo, los «whistleblowers» se enfrentan también a importantes trabas sociales, políticas y legales que obstruyen su servicio público.
El proyecto «A Change of Direction» surgió de la convicción de que el apoyo a los informantes es esencial para animar a los ciudadanos y funcionarios públicos a combatir la corrupción pública y privada como una forma de fortalecimiento de las instituciones europeas.
Por otra parte FIBGAR acompañó a la Coalición de Protección de «Whistleblowers» del Sureste Europeo en su segundo encuentro anual celebrado en Zagreb el 14 y 15 de noviembre. Dos días de eventos organizados por la Iniciativa Anticorrupción Regional (RAI) y BluePrint for Free Speech, con apoyo del Consejo de Cooperación Regional (RCC).
La Coalición, creada en 2015, está formada por organizaciones de Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Kosovo, República de Macedonia, Moldavia, Montenegro, Rumania, Serbia, República Checa y Hungría.
Es la primera iniciativa regional del mundo dedicada a mejorar los derechos y la protección de los whistleblowers y a promover la denuncia de irregularidades como una herramienta eficaz contra la corrupción. La Coalición sirve como un paraguas para el activismo, las mejoras en legislación, el desarrollo de políticas públicas, el apoyo y asesoramiento a whistleblowers y la difusión al público y medios de comunicación.
FIBGAR ha formado parte de las 20 organizaciones de la sociedad civil, activistas de interés público y periodistas de investigación de la SEE que se han reunido en Croacia, promoviendo así la sostenibilidad de la Coalición y apoyando esta plataforma de desarrollo y construcción de legislación en favor de la transparencia en esta importante red para el intercambio de conocimientos.
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