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El Gobierno propone a los partidos consensuar el trato a los imputados por corrupción

El ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (POOL)
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El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmado este viernes que sería bueno abrir un acuerdo entre los partidos sobre cómo tratar a aquellos cargos políticos que son imputados por presuntos casos de corrupción, sin modificar por ahora el pacto con Ciudadanos que obliga a cesar a un cargo investigado.

Así lo ha manifestado Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al hilo del planteamiento del portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, de revisar el pacto con Ciudadanos que establece que los imputados por corrupción deben dejar sus cargos.

Méndez de Vigo ha señalado que “los pactos están para cumplirlos”, pero estima que hay que reflexionar sobre la presunción de inocencia. “Creo que sería bueno que entre todos los partidos políticos tomáramos una posición común”, ha dicho.

Méndez de Vigo se ha mostrado partidario de abrir esta “reflexión” tras las quejas de dirigentes del PP por el trato que recibió tras ser imputada por el Tribunal Supremo en el marco de una investigación sobre un supuesto blanqueo de dinero.

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“El debate está en la sociedad y este hecho triste y doloroso nos debe hacer reflexionar sobre estas cosas. A la hora de ponerlo en práctica, tenemos que hablar con todo el mundo y sería bueno que todos los partidos se pongan de acuerdo”, ha sostenido el portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Méndez de Vigo ha remarcado que sucesos como el de Barberá “obligan a la necesidad de conjugar una demanda con la presunción de inocencia” para que haya un “equilibrio” que no perjudique al investigado, tras recordar que en los últimos años ha habido bastantes casos en los que una querella ha acabado archivándose.

Por su parte, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha defendido que “no parece lo más sensato ni lo más limpio” que se pretenda rebajar el listón de las exigencias contra la corrupción.

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Y ha recordado que este tipo decisiones “no deberían depender del fallecimiento de una persona relevante” y que, si el PP tenía dudas al respecto cuando suscribió el pacto con Ciudadanos, “no deberían haberlo firmado”.

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO EXCLUYE LA CRÍTICA

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha recordado que es responsabilidad de cada uno administrar la libertad de expresión con respeto a los derechos de los demás, entre ellos el de la intimidad y el de la presunción de inocencia, pero ello no puede excluir la crítica a los personajes públicos.

Así se recoge en un comunicado, aprobado por la junta directiva de la APM, a raíz de las críticas de algunos dirigentes del PP sobre el tratamiento de las informaciones sobre la senadora Rita Barberá, fallecida el pasado miércoles de un infarto.

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Esta asociación defiende ante todo el derecho a la información de los ciudadanos y el derecho a la libertad de expresión, pilares ambos de la democracia, y recuerda que si una información es veraz, de interés general y está debidamente contrastada, en ningún caso se debe ocultar a los ciudadanos, máxime cuando se trate de asuntos que afectan a personajes públicos.

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“Al mismo tiempo los periodistas debemos compatibilizar nuestro derecho constitucional a la libertad de expresión e información con nuestras responsabilidades profesionales, como, por ejemplo, en los casos que afectan a la intimidad de las personas, y con un escrupuloso respeto del principio de la presunción de inocencia”, señala el comunicado.

La asociación recuerda que, según el Código Europeo de Ética Periodística, las personas que tienen funciones en la vida pública tienen el derecho a la protección de su vida privada, salvo en los casos en que ello pueda tener incidencias sobre la vida pública.

“Solo la defensa del interés público justifica las intromisiones o indagaciones sobre la vida privada de una persona sin su previo consentimiento”, apostilla.

También la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha rechazado las críticas de los últimos días contra los medios de comunicación en relación con la muerte de Barberá.

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“Informar de asuntos públicos de interés general es la esencia del periodismo e imprescindible en una democracia”, así que “no existe la pena del telediario”, asegura la plataforma en un nota sobre los procedimientos judiciales que afectan a personajes públicos.

Esta organización advierte contra quienes deseen justificar recortes de la libertad de información, ya que la fiscalización de los poderes públicos es “la razón de ser del periodismo“, según su presidenta, Virginia Pérez.