El magistrado de la Sección Sexta de lo Penal de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Salvador Alba, declara a las 10 de la mañana de hoy en Madrid ante el promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, en el marco del expediente disciplinario que le abrió el pasado 8 de noviembre por su actuación al frente del Juzgado de Instrucción 8 de la capital grancanaria, una vez que su titular, Victoria Rosell, salió del mismo para presentarse a las elecciones como número 1 de Podemos por esa provincia.
Los hechos por los que se le investiga podrían constituir dos faltas disciplinarias muy graves, del artículo 417.8 –inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmentes previstas- y 417.12 –revelación por el juez o magistrado de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de éste, cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona-. Y una grave de abuso de autoridad.
La posible falta muy grave de incumplimiento del deber de abstención del artículo 417.8 se basa en la afirmación de la existencia por parte de la magistrada Rosell de una relación de enemistad del juez Alba con ella, compañera sentimental del denunciando en el proceso penal, “y por ello, en la existencia de un interés directo o indirecto del señor Alba Mesa en el proceso, revelado posteriormente con el contenido de la grabación previa a la declaración de don Miguel Ángel Ramírez en esa causa», según decía la nota de prensa hecha pública el pasado 8 de noviembre.
En esta falta muy grave, Fonseca-Herrero parece haber confundido al compañero sentimental de la magistrada Rosell, que no es el empresario Miguel Ángel Ramírez sino el periodista Carlos Sosa.
El promotor de la Acción Disciplinaria añadió en el mismo comunicado que la posible comisión de una falta muy grave de revelación de secretos del artículo 417.12 se deriva de la publicación en diversos medios de comunicación de un informe redactado por Alba y remitido al Tribunal Supremo en el marco de la querella que el exministro de Industria José Manuel Soria interpuso ante el alto tribunal contra la juez Rosell.
La falta grave de abuso de autoridad, según Fonseca-Herrero explicó a través de la mencionada nota de prensa, se habría cometido al utilizar Alba su condición de instructor de las diligencias previas 644/2014 para llevar a cabo actuaciones no amparadas por la investigación ni por las competencias derivadas de su cara. Actuaciones que ninguna relación guardarían con el objeto de las actuaciones: delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores supuestamente cometidos por la empresa Seguridad Integral Canaria, de la que era administrador Miguel Ángel Ramírez.
