Rafael Catalá lo dijo poniendo muchos algodones, pero lo dijo. Como cuando el escritor Francisco de Quevedo, para ganar la apuesta de que era capaz de decirle a la Reina Isabel de Borbón -esposa de Felipe IV– que era coja, se presentó ante la soberana con una rosa y una clavel en cada mano y le dijo: «Majestad, entre rosas y claveles, su majestad es-coja». Y fue claro en su respuesta a Jaume Moya, el portavoz de Podemos en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el pasado lunes por la tarde.
«Seguramente su señoría conocerá las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial que nos dicen que muchos de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos tienen unas cargas de trabajo muy limitadas. Si eso es así, si pueden atender más carga, y si geográficamente las circunstancias lo aconsejan y lo permiten, ahí será razonable que se tomen decisiones para ampliar, y superar, el ámbito del partido judicial», le dijo el ministro al diputado, procurador de los tribunales de profesión.
Las estadísticas a las que se refería Catalá fueron publicadas en Confilegal el pasado 6 de noviembre.
De acuerdo con esos dichos datos, la gran mayoría de los 104 Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM) exclusivos están muy por debajo de su carga de trabajo.
O dicho de otra forma: infrautilizados.
Sólo Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria y Málaga llegan al ciento por ciento de su capacidad o lo superan levemente.
El resto no llegan a acercarse a la marca media del ciento por ciento de la carga de trabajo establecida por el CGPJ.
Los JVM de Valencia son los que más se acercan. El JVM 4 con un 95 por ciento, el JVM 2 con un 91 por ciento, el JVM 3 con el 85 por ciento y el JVM 2 con el 83 por ciento.
Las cargas de trabajo de los 11 JVM de Madrid, por su parte, son dispares. Van del 76,1 por ciento del JVM 1 al 28 por ciento del JVM 7.
En Barcelona, con 5 JVM, la carga de trabajo se encuentra en una horquilla entre el 71 por ciento del JVM 2 y el 64 por ciento del JVM 3.
En el otro extremo destacan el JVM de Burgos, con un 11 por ciento, el 15 por ciento del JVM de Gandía, Valencia, el 17 por ciento del JVM de Benidorm y el JVM 1 de Bilbao, seguidos del 19 por ciento del JVM 2 de Bilbao y el JVM de El Vendrell, Tarragona.
La conclusión, a la vista de estos datos, es que la mayoría de los 104 JVM están, en su mayor parte desaprovechados mientras que, por otra parte, muchos de los Juzgados Mixtos sin competencias exclusivas en violencia sobre la mujer están sobrepasados de trabajo y no atienden con la atención que se debiera los casos que le llegan.
Posibilidad contemplada en la LOPJ
El ministro explicó que la posibilidad legal de esa reorganización está contemplada en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 2015.
Existe «la posibilidad de de que, dado que ahí hay unas unidades especializadas -un juez especializado, una oficina judicial especializada- si la carga de trabajo y si las circunstancias geográficas lo permiten, amplíen su ámbito de competencia. Nunca será algo que altere la capacidad de funcionamiento», explicó a sus señorías.
Catalá se declaró partidario de mantener la justicia en el territorio.
«Eso no es óbice para llevar al ámbito provincial -ya lo hemos hecho para algunas competencias en materia mercantil, en materia contencioso-administrativa-. Ahora lo que estamos diciendo que hemos creado Juzgados de Violencia sobre la Mujer en el ámbito de las capitales. Ahí hay un conocimiento una capacidad especializada. Veamos si eso se puede acercar hacia un territorio», añadió.
Y puso un ejemplo: » Yo creo que un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Madrid puede llevar con mejor conocimiento asuntos de esta naturaleza en Pozuelo [población al noroeste de la capital] que no un Juzgado Mixto de la localidad de Pozuelo. Por las distancia, por los medios de comunicación. A eso es a lo que nos estamos refiriendo que se puede hablar. Y no en absoluto en tomar medidas organizativas que supongan una pérdida de calidad, una perdida de percepción por parte de los ciudadanos, y, en este caso, por parte de las víctimas de violencia de género en relación con el órgano especializado que debe conocer de su causa».
Una solución estudiada por el Ministerio podría pasar por dos medidas: la mencionada redefinición de las competencias geográficas de los JVM -mediante un proceso de comarcalización- y, de forma paralela, la creación de otros 104 JVM, pasando a los 208, asumiendo los asuntos de buena parte de esos Juzgados Mixtos, elevando así la calidad de la atención a las víctimas y sacándole partido a los importantes recursos invertidos en la lucha contra la violencia sobre la mujer.
La comarcalización fue un proceso que el último ministro de Justicia por el PSOE, Francisco Caamaño, quiso implementar. Sin embargo, se encontró con la oposición de colectivos feministas que se opusieron porque, argumentaron, eso habría supuesto alejar la justicia lejos de sus domicilios. Por ello, se paró.
