La Audiencia Nacional no se fía de Luis Pineda, el presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc). Teme que pueda fugarse si se le da la libertad provisional, porque existen datos de que tiene bienes. También puede destruir pruebas. Por eso, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de ese órgano judicial ha decidido mantenerlo en prisión, de acuerdo con el auto que emitió ayer.
La decisión se tomó después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dejara en libertad la pasada semana con una fianza de 50.000 euros al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, en el marco de la causa por las presuntas extorsiones que su asociación llevó a cabo junto a Ausbanc a diversas entidades financieras y empresas.
El tribunal de la Sección Tercera de lo Penal, presidido por Alfonso Guevara y, en este caso, completado con los magistrados Ana María Rubio y Fermín Echarri, destaca que hay indicios de su participación en los delitos de los que se le acusa y que su entramado empresarial fuera de España podría darle soporte para «sustraerse a la acción de la Justicia». También hay riesgo, agrega, de destrucción u ocultación de pruebas ya que hay testigos a los que aún no se ha escuchado, según ha apuntado el Ministerio Fiscal.
En el mismo auto, la Sección Tercera confirma la decisión del instructor de dejar libre a Bernad, que alegó en su petición -desvela- que otros acusados como la abogada de Manos Limpias encargada del caso Noos, Virginia López Negrete, están libres lo que viola el principio de igualdad.
Bernad abandonó el pasado jueves la prisión de Navalcarnero tras abonar la caución impuesta.
Operación Nelson
El Ministerio Público tiene indicios de que Pineda conformó junto a Bernad desde hace años una trama dedicada a extorsionar a entidades bancarias a cambio de no iniciar acciones legales contra ellas en los tribunales junto con el sindicato Manos Limpias.
La operación, bautizada como ‘Nelson’, es fruto de una investigación que arrancó el 23 de febrero de 2015, hace más de un año.
Exigían a las entidades sumas de dinero también a cambio de no difundir sobre ellos informaciones negativas.
En el curso de la instrucción se han podido obtener suficientes indicios de que las personas detenidas utilizaban sus asociaciones, que supuestamente no tienen ánimo de lucro, para su enriquecimiento personal o el de sus allegados.
Según el fiscal, además de extorsionar a los bancos, obtenían fraudulentamente subvenciones y ofrecían «la retirada de la acción penal en algunos procesos previa exigencia de importantes cantidades de dinero», actividades que desarrollaron de forma organizada y prolongada en el tiempo. EP
