La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ve con escepticismo la figura del fiscal instructor que se pretende implementar en el futuro código procesal penal que se tiene que gestar en el Parlamento, partiendo de la fusión de los proyectos elaborados bajo el mandato, primero, de Francisco Caamaño, como ministro de Justicia, bajo el último Gobierno socialista, y de Alberto Ruiz-Gallardón, en el Gobierno del PP salido de las urnas en 2011.
El asunto fue abordado por el Comité Ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura, en su reunión del 12 de enero pasado, que concluyó con las siguientes consideraciones:
«En primer lugar, es preciso realizar importantes precisiones sobre el modelo que se quiere instaurar, pues no puede reducirse a su anuncio general al comportar una serie de reflexiones que afectan a muy diversos aspectos de imprescindible definición: independencia, planta, medios, posición estatutaria, transitoriedad, etc…», se puede leer.
«Sin acotar –dada la imposibilidad de abordar la cuestión en una breve nota- estas proyecciones básicas, la primera reflexión que surge puede definirse como escepticismo«.
De acuerdo con la APM, en nuestro sistema procesal penal actual «está garantizada la división de la función instructora y la función de juzgar, la figura del Juez de Instrucción no puede verse denostada en términos de garantía jurídica. No puede omitirse que la singularidad de nuestro sistema en el Derecho Comparado radica, precisamente, en esta división de funciones. De ahí que la APM haya defendido, y siga defendiendo, la bondad de la figura actual».
Esta asociación de jueces, sin embargo, reconoce que la materia está sometida a la estricta iniciativa legislativa.
Por ello, pone de manifiesto su plena disposición «a colaborar con cuantas instituciones y poderes se muestren receptivos a nuestra experiencia y aportaciones».
«Al propio tiempo, y desde una posición crítica responsable, velará por la instauración de aquellas garantías y medidas que realmente puedan representar una mejora eficaz en la tutela efectiva que todos los ciudadanos tienen garantizada en nuestro texto constitucional», concluye el Comité Ejecutivo de la APM. .
