La Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) critican las «gravísimas» acusaciones que hizo la juez Mercedes Alaya contra los fiscales al asegurar que conceder la investigación al Ministerio Público supone dejarla a disposición del Ejecutivo.
Las dos asociaciones han emitido un comunicado en el que subrayan que «Dar a entender que atribuir la investigación al Ministerio Fiscal supone dejarla en manos del Ejecutivo es una manifestación torticera y engañosa para la ciudadanía», referencia a las afirmaciones de Alaya.
Esa afirmación supone que Alaya, que abrió macrocausas como los ERE, «desprecia la división de poderes que rige en nuestro país y la integración constitucional que tiene el Ministerio Fiscal en el Poder Judicial», añade el comunicado de los fiscales.
Para la comisión ejecutiva de la Asociación de Fiscales y el secretariado de la Unión Progresista de Fiscales califican las afirmaciones de Alaya como «gravísimas», y manifiestan su «absoluto rechazo a las mismas» así como su «honda preocupación».
De ser ciertas esas afirmaciones, añaden los fiscales, «sólo puede atribuírseles un carácter malintencionado al proceder de quien, por pertenecer a la Carrera Judicial, conoce perfectamente que el Ministerio Fiscal sólo se rige en su actuación por los principios de legalidad e imparcialidad».
Los fiscales explican que los principios de «unidad de actuación y dependencia jerárquica meramente» son «instrumentales al servicio» de la legalidad y la imparcialidad «con el fin de garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos, al asegurar la unidad de criterio en el funcionamiento de la Institución.
Las acusaciones de Alaya, magistrada de la Audiencia Provincial de Sevilla tras dejar el juzgado de instrucción 6 de la ciudad andaluza, se recogieron en prensa tras la conferencia que pronunció en Granada sobre la independencia judicial.
Concretamente Mercedes Alaya, aseguraba que “Al fiscal general del Estado, de acuerdo con la Constitución, lo nombra el Gobierno, y esto, cuando están en juego delitos contra la Administración, supone entrar de lleno en los intereses del Estado. En esos procedimientos está por un lado el Ministerio Fiscal, que representa los intereses del Estado y al que no le va a interesar en determinados momentos que se investigue hasta cierto punto o que se investigue a determinadas personas. Lo mismo puede ocurrir donde haya una vierto círculo de poder, no sólo en corrupción política”.
