Más de 200 profesores y catedráticos de Penal critican las condenas por sátiras sobre Carrero Blanco

Los firmantes se refieren en concreto a la última petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de una condena de dos años y medio de prisión para una joven que colgó en Twitter chistes sobre el atentado terrorista que acabó con la vida del almirante franquista, Carrero Blanco.

Y recuerdan que «A los pocos días de que se conociera esta noticia, El País publicaba una carta de Lucía Carrero-Blanco, nieta de Luis Carrero Blanco, llena de coraje cívico y altas dosis de sentido común. En la carta decía que, aunque ella “no sabía de asuntos jurídicos”, como ciudadana la petición del fiscal le parecía “un absoluto disparate”, y añadía: “No creo que sea ni proporcionada ni ejemplarizante. Tan solo atemorizadora, y no solo para la acusada, sino para todos los que vivimos en una democracia”. Por todo ello, confiaba en que tal petición no prosperase.

El manifiesto suscrito por estos profesores y catedráticos va en el mismo sentido. Consideran que el vigente régimen constitucional impide que se criminalicen este tipo de sátiras, que tienen por objeto un personaje histórico de la dictadura. «Sátiras que bajo ninguna perspectiva razonable contienen una amenaza terrorista para la sociedad y que no constituyen provocaciones a la violencia ni al terrorismo», subrayan.

Según ha comentado el catedrático de Derecho Penal del la Universidad Carlos III Javier Álvarez a Confilegal, «recientemente Fernando Savater publicaba un artículo donde reivindicaba su derecho a odiar, ¿por qué no?. Yo odio con toda mi alma a los dueños de los prostíbulos y no pasa nada. Eso no puede ser delito». En concreto, Savater afirmaba en el El País, «odiar ciertas ideas o ciertos comportamientos creo que es una forma de salud mental.

Álvarez sostiene que «este tipo de condenas nos alarman porque estamos hablando de libertad de expresión, con este tema tenemos la piel muy fina». Últimamente, de «forma paulatina» se ha producido «algunos casos alarmantes como el de los titiriteros, el del concejal Guillermo Zapata (para el que se solicitaba para una pena de año y 8 meses y que, finalmente, fue absuelto) y ahora la petición de 2 años y medio de prisión una mujer por hacer un chiste de Carrero Blanco, unos chites que son viejos, que todos los que tenemos una cierta edad hemos contado», señala Álvarez.

En el citado manifiesto, estos expertos en Derecho Penal denuncian que «se pretende condenar penalmente a alguien y exclusivamente por hacer humor satírico sobre la muerte de un gobernante de la dictadura«. Y hacen hincapié en que «estamos hablando de libertad de expresión».

En este sentido señalan que «Resulta difícil explicar a amigos juristas extranjeros, académicos y jueces, cómo es posible que en los últimos años España haya pasado a detener, juzgar como terroristas y a encarcelar (siquiera provisionalmente) a artistas callejeros, músicos, concejales u otros ciudadanos por sus teatrillos, sus canciones o sus chistes».

Y recuerdan que hablamos de «personas sin conexión alguna con organizaciones terroristas, cuyos mensajes jamás podrían ser interpretados como provocaciones a la comisión de delitos sino, a lo sumo, como chistes de humor negro o bromas de mal gusto».

También destacan que este tipo de comentarios no pretenden el descrédito ni el menosprecio de las víctimas del terrorismo por el hecho de serlo y no contienen apologías de la subversión violenta de un régimen democrático. Tampoco entrañan hostigamiento de ningún tipo, señalan.

Los profesores concluyen afirmando que esta clase de expresiones «son conductas socialmente aceptadas que no sólo no constituyen delito atendiendo al texto del Código Penal vigente, sino que bajo el régimen derechos y libertades de la Constitución Española de 1978 no pueden constituirlo«.

Estos expertos en Derecho Penal denuncian que «se pretende condenar penalmente a alguien y exclusivamente por hacer humor satírico sobre la muerte de un gobernante de la dictadura«.

CHISTES DE TODA LA VIDA

Además, subrayan que estamos hablando de chistes que han sido publicados en libros y comics; que se han recogido en películas y emisiones radiofónicas; que se han reiterado en shows televisivos; que han contado humoristas, desde Tip y Coll hasta Andreu Buenafuente; que por antiguos y archiconocidos habían pasado de moda… y que han cobrado nueva vida debido a esta incomprensible amenaza de represión penal.

Y se preguntan cómo es posible que de entre los miles y miles de españoles que pueden haber contado estos antiguos chistes de humor negro, las autoridades policiales han seleccionado, por alguna desconocida razón, a una concreta persona; y el Ministerio Fiscal ha propuesto en su escrito que la encarcelen por dos años y medio.

Y por último concluyen su manifiesto aseverando que «en las redes sociales cabe la posibilidad de cometer delitos (injurias, calumnias, incitación directa y masiva a la comisión de ciertos delitos, publicación no autorizada de imágenes íntimas y otras figuras delictivas)». Aunque recuerdan que «esto no es una particularidad de las redes sociales: también pueden cometerse fuera de ellas. Sin embargo, nos parece evidente que el supuesto que ahora nos ocupa no es en modo alguno comparable a esos casos».