El fiscal considera que el juicio del 9N ha dejado claro que el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau desobedecieron de forma «patente, clara y caprichosa» la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional (TC).
En la lectura de su informe en la última sesión del juicio, el fiscal Emilio Sánchez Ulled ha sostenido que, no sólo siguieron con los preparativos, sino que «los intensificaron de forma determinante» tras el veto que el TC dictó el 4 de noviembre de 2014 como medida cautelar.
«Se decidió continuar de un modo encubierto, generando la apariencia de que quedaba en manos de voluntarios», ha defendido el fiscal en una intervención de más de dos horas.
Sánchez Ulled sostiene que el entonces presidente de la Generalitat «articuló una estrategia de desafío abierto al TC» y que para eso contó con la colaboración de las exconselleras Ortega y Rigau.
Considera que los tres acusados sabían perfectamente qué debían paralizar con el pronunciamiento del Constitucional, pese las dudas alegadas por sus defensas.
Por eso, ha lamentado que Mas se negara a contestar sus preguntas, porque ha dicho que le podría haber mostrado la providencia y plantearle: «Dígame usted, de todo esto, qué es lo que usted no entiende».
EL PAPEL DE CADA ACUSADO
Y ha especificado el papel de cada acusado: Mas, máximo responsable; Ortega, el «tronco nuclear» de la organización de la consulta, y Rigau, la gestión de los centros escolares para las votaciones.
El fiscal ha citado todas las pruebas que, según él, evidencian que Mas, Ortega y Rigau «decidieron continuar de un modo encubierto generando la apariencia de que quedaba en manos de voluntarios».
Ulled ha repasado minuciosamente las pruebas que cree que evidencian que el Govern siguió tras los preparativos; sobre todo, basándose en que las empresas contratadas siguieron trabajando para la consulta hasta el 9N sin que los acusados les pidiesen que paralizasen estas tareas, según él.
TENER EN CUENTA EL CLIMA DEL JUICIO
Durante el informe del fiscal, los acusados han hecho comentarios y aspavientos varias veces que han provocado la intervención del presidente del Tribunal, Jesús María Barrientos, ante la queja del fiscal: «No puede intervenir interrumpiendo al fiscal», ha dicho Barrientos a Mas en una ocasión.
En otra ocasión, Barrientos ha intervenido para advertir: «Es la segunda vez que les hago la recomendación de mantenerse en silencio».
El fiscal también ha aludido al «clima de sonrisas y miradas y testigos» -muchos de ellos, cargos de la extinta Convergencia i Unió- durante el juicio, y que ha pedido al tribunal tener también en cuenta.
La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para Mas y nueve para Ortega y Rigau por los supuestos delitos de desobediencia y prevaricación; en el caso de las exconselleras, como cooperadoras necesarias. EP.
