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El TC estudiará la competencia del Gobierno para vetar la tramitación de algunas leyes

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El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite  sendos recursos en el conflicto de competencias del Gobierno contra el Congreso en defensa de su poder para vetar cualquier proposición que suponga un incremento del gasto más allá del límite aprobado en los presupuestos generales del Estado.

Concretamente, el Ejecutivo reclama su competencia para imponer vetos a proposiciones de ley de la oposición parlamentaria que supongan, a su criterio, incremento de gasto o disminución de ingresos más allá de los límites presupuestarios, una capacidad que le niega el Congreso.

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Moncloa considera que la Mesa del Congreso no tiene capacidad legal para rechazar esos vetos. La citada  Mesa del Congreso ignoró los vetos del Ejecutivo a las proposiciones de ley del PSOE para paralizar la aplicación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE) y para igualar las condiciones laborales de los trabajadores de empresas subcontratadas (artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores), han informado fuentes del tribunal de garantías.

En ambos casos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), el Pleno acuerda dar traslado de las demandas y documentos presentados al Congreso de los Diputados, que dispone de un plazo de un mes para formular las alegaciones que estime oportunas.

También se remite al Senado con el fin de que pueda comparecer en los dos procedimientos “en apoyo del demandante o del demandado, si entendiere que la solución del conflicto planteado afecta de algún modo a sus propias atribuciones”.

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Desde la investidura de Mariano Rajoy, el Gobierno ha pedido al Congreso paralizar la tramitación de 18 proposiciones de ley de la oposición y de parlamentos autonómicos por considerar que alteran los presupuestos vigentes. La mayoría fueron aceptados por la Mesa del Congreso pero los dos citados fueron ignorados por la Mesa, donde el PP no tiene mayoría, y se dio así vía libre a su debate en el Pleno del Congreso de los Diputados.

ARGUMENTOS DEL GOBIERNO

En sus escritos el Gobierno argumenta ante el TC que el artículo 134.6 de la Constitución determina que “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”, y que al desatender sus escritos, el órgano del Legislativo ha infringido lo previsto en la Carta Magna y se ha arrogado una competencia que es del Ejecutivo.

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Según recuerda, la jurisprudencia del TC tiene asentado que, “para hacer valer su oposición, el Gobierno debe expresar claramente su disconformidad y motivarla”, y que sólo se considera “constitucionalente obstativa” si se refiere al presupuesto en curso. El Gobierno asegura haber cumplido ambas condiciones, pues en su día justificó sus vetos y argumentó la repercusión econó mica sobre el presupuesto vigente, que es el de 2016 prorrogado en 2017.

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En el caso de la LOMCE, señala que la aplicación de su calendario de implantación conlleva recibir un dinero del Fondo Social Europeo (FSE) y que, por ende, su paralización supondría una disminución de ingresos que el Gobierno cifra entre 560,94 millones y 614,96 millones en 2016 y 2017.

En sus recursos, el Gobierno no sólo pide que el TC reconozca su capacidad constitucional para frenar iniciativas, sino que además reclama que, en el caso de las dos proposiciones de ley que han esquivado su veto, se anule toda la tramitación parlamentaria subsiguiente. Es decir que nunca llegue a aplicarse la paralización de la LOMCE o la equiparación de condiciones laborales que puedan aprobar en los próximos meses las Cortes Generales.

Eso sí, “para evitar efectos nocivos al sistema constitucional y la seguridad jurídica”, el Gobierno pide al TC que resuelva estos casos “a la mayor brevedad”. Y es que el alto tribunal aún no ha resuelto el anterior conflicto de competencias entre Gobierno y Parlamento, el que planteó el pasado verano el Congreso por la negativa del Ejecutivo en funciones a someterse a control parlamentario. (CONFILEGAL/EP)