Veinticinco días después de que el Tribunal Supremo ordenara al Tribunal de Cuentas la convocatoria inmediata de un puesto anulado por la cúspide de la jurisdicción española, éste órgano constitucional sigue sin hacerlo.
Todo parece indicar que, desde el Tribunal de Cuentas, se están dando largas al auto de ejecución emitido el pasado 8 de febrero por el tribunal de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, compuesto por los magistrados Luis María Díez-Picazo (Presidente de la Sala), Jorge Rodríguez-Zapata Pérez (magistrado ponente), Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Celsa Pico Lorenzo, María del Pilar Teso Gamella, José Luis Requero Ibáñez y Rafael Toledano Cantero, en el que ordenan de forma imperativa que se cumpla su decisión.
«El Tribunal de Cuentas debe convocar de inmediato el puesto en litigio de subdirector técnico, nivel 30, de la Presidencia del Tribunal, por el sistema de libre designación«, conmina con tono imperioso el Supremo, en su auto de ejecución, al Tribunal de Cuentas.
Un auto en el que, además, le impusieron 10.000 euros en costas, algo insólito en estos casos.
El auto es la consecuencia del recurso presentado por el letrado del Tribunal de Cuentas, Fernando Clemente, a quien el Supremo había dado la razón en sentencia del pasado 25 de abril de 2016, anulando el mencionado nombramiento, sobre el que el alto tribunal escribió con todas las letras que había habido «desviación de poder».
La plaza había sido convocada -y modificada de forma expresa- para que el perfil del «elegido» encajara como un guante en el de la persona de Enrique Medina (técnico de Organismos Autónomos de Agricultura y hermano del número 2 de la institución, el consejero por el PP Javier Medina), impidiendo, así que Letrados y Auditores del propio Tribunal de Cuentas, entre los que se encontraba Clemente, letrado de la institución, pudieran optar al mismo.
Enrique Medina, ante el escándalo formado, no llegó nunca a tomar posesión de la plaza, que fue ocupada, mediante un nombramiento provisional, por otra persona del Tribunal de Cuentas, que había pedido su reingreso.
Una decisión que se tomó antes de que se dictara la sentencia del 25 de abril de 2016, la cual anuló el nombramiento de Medina y estableció la convocatoria de la plaza.
La «república independiente» del Tribunal de Cuentas se resiste
El Tribunal de cuentas se resiste a cumplir con la orden del Tribunal de Cuentas.
No sólo no ha hecho nada sino que además está sometiendo a presiones al letrado Clemente, que consiguió la sentencia del Supremo y el auto de ejecución de la misma.
Según ha podido saber Confilegal, desde dentro de la institución, que preside Ramón María Álvarez de Miranda García (elegido por el PP), se está creando un estado de opinión interno contrario al letrado, al que culpan de lo que es inevitable: el cese de la persona que ocupó el puesto destinado a Medina, con un nivel 30. También letrado del mismo tribunal.
Ante ese estado de cosas, Clemente distribuyó está mañana una carta pública y abierta a todos sus compañeros -a la que ha tenido acceso Confilegal- en la que recuerda a todos que el Tribunal Supremo había ratificado «la desviación de poder detectada en hasta cuatro sentencias anteriores obligando a resolver la provisión del puesto de trabajo en litigio en la forma que se expresa en esa resolución, e imponiendo una gravosa condena en costas al Tribunal de Cuentas».
«Según este Auto -el letrado recuerda a todos sus compañeros lo que dice el fallo del Supremo- “son ya cuatro las sentencias de esta Sala Tercera que han estimado otras tantas impugnaciones efectuadas por el ejecutante contra una serie de resoluciones del Tribunal de Cuentas que se han anulado y en las que esta Sala ha apreciado la finalidad desviada de conceder el puesto de trabajo en litigio favoreciendo a un funcionario determinado”.
Un compañero como «escudo humano»
Clemente continúa su carta abierta señalando que «La Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas y la Secretaría General del mismo, han venido realizando actuaciones irregulares, tales como nombrar en puesto litigioso a un funcionario que solicitó el reingreso, cuando se le podía haber nombrado en ese momento en otros puestos de iguales características que estaban vacantes».
Por ello se vio obligado a perseverar al entender que «lo que se quería era impedir la ejecución de la sentencia», poniendo a «un funcionario letrado como una especie de ‘escudo humano’ e intentando que con ello se renunciara a todo lo actuado».
Según relata Clemente, en su momento sugirió a la Secretaría General una solución para evitar el conflicto: «nombrar al funcionario que había solicitado el reingreso en un puesto de iguales características, de nivel 30, en la Presidencia del Tribunal, que estaba vacante, y que aunque se encontraba sin dotación presupuestaria, esta se podía dotar fácilmente. Tal propuesta fue desechada. En el momento actual cabe la misma solución«.
Con ello, el letrado quiere dejar claro que él no es culpable de la decisión que el Tribunal de Cuentas haya de tomar con el compañero que ocupa el nombramiento anulado sino que es el propio Tribunal de Cuentas el responsable directo de la actual situación y para la que sólo hay una única salida: cumplir la sentencia del Tribunal Supremo.
