La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) ha hecho público un Manifiesto en el piden al Gobierno que elimine el límite de 61 años, acordado en Consejo de Ministros, para la elección del próximo candidato a magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), y que posibilite la elección de una magistrada; sería la primera vez en la historia que una mujer representaría a España en el máximo tribunal de garantías europeo.
En el Manifiesto, titulado «Sin mujeres no hay derechos humanos», recuerda que «Ninguna española, ni jueza, ni académica, ni jurista de reconocido prestigio, ha integrado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde que nuestro país entrara a formar parte del sistema».
Y recuerda que 6 han sido los jueces en el TEDH hasta ahora. «Seis hombres: Luis López Guerra (2008-2017), Javier Borrego Borrego (2003- 2008); Antonio Pastor Ridruejo (1998–2003), José María Morenita (1990–1998); Juan Antonio Carrillo Salcedo (1986–1989), y Eduardo García de Enterría (1978–1986)».
«En las dos últimas ternas elevadas por el Gobierno Español se ha propuesto una mujer en cada caso, tal y como aconseja, por otro lado, el Consejo de Europa en alguna de sus recomendaciones a los Estados. Pero ninguna de ellas ha sido candidata principal del Gobierno español. Ninguna de ellas, a pesar de sus méritos, ha resultado elegida», añade.
«Lamentablemente, el nuestro no es el único país que no ha tenido nunca una mujer jueza en Estrasburgo. Nos acompañan en ese dudoso honor otros 21 Estados», señala el Manifiesto.
La AMJE recuerda que el 31 de enero de 2017 expiró el mandato del actual magistrado español en el TEDH, Luis López Guerra, por lo que el Gobierno español solicitó una prórroga de seis meses para designar a las personas candidatas.
Ese día el BOE publicó el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de enero, que establece “pautas para la elaboración de una terna de candidatos para la elección de Juez titular del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.
Entre dichas “pautas” se incluía algo insólito hasta el momento: una limitación de edad, que se fijaba en 61 años, la cual favorece de forma clara al candidato favorito del Gobierno, el expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos, de 55 años, y perjudica a otra expresidenta del mismo órgano, María Emilia Casas, de 66 años.
«Ello supone una discriminación por razón de edad carente de razonabilidad, justificación y abiertamente inconstitucional y también es una discriminación indirecta por razón de género para el colectivo de juezas españolas que tuvieron prohibido por ley el acceso a la Judicatura hasta el año 1.966», dicen en su Manifiesto.
El Tribunal Supremo suspendió el Acuerdo del Consejo de Ministros
Precisamente, el pasado 8 de marzo, el Tribunal Supremo suspendió, de forma cautelar, dicho acuerdo, después de que Jueces para la Democracia (JpD) presentara un recurso especial de protección de derechos fundamentales por entender que con tal decisión el Gobierno discriminaba doblemente: por edad y por razón de género, esta de forma indirecta.
De acuerdo con JpD, eso suponía una vulneración de la Constitución Española y de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Le correspondió a la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal dirimir el contencioso, y se nombró a la magistrada Celsa Pico como ponente.
La decisión no fue pacífica y desembocó en un empate técnico de 3 contra 3.
Pico, y sus compañeros Pablo María Lucas Murillo de la Cueva y Pilar Teso, votaron a favor de la suspensión cautelar del acuerdo. El presidente de la Sección, Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, Rafael Toledano Cantero y José Luis Requero Ibáñez, votaron en contra, lo que abocó a la formación de la llamada Sala de Discordia, que, según la ley, tenía que estar formada por esos 6 magistrados, más otros 3 magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, por haber sido impar el número conformado por los primeros.
Uno de estos magistrados tenía que ser el presidente de la Sala Tercera, Luis María Díez-Picazo. Junto a él, José Manuel Sieira, expresidente de esa misma Sala, y César Tolosa.
Con la nueva composición, la votación se volcó a favor de suspender de forma cautelar el mencionado Acuerdo del Consejo de Ministros. Los tres, Díez-Picazo, Sieira y Tolosa, se posesionaron en la misma postura que Pico, Lucas y Teso, quedando la votación 6 a 3.
La mencionada suspensión tendrá una duración de entre 3 y 4 meses y se ha tomado ante el peligro de pérdida del objeto de recurso si se llevaba a cabo la convocatoria para cubrir la plaza de magistrado del TEDH en representación de España.
La AMJE en línea con la argumentación de JpD
La AMJE hace suyos, en su Manifiesto, la argumentación de JpD: la discriminación por razón de edad y la discriminación indirecta por razón de género, para «el colectivo de juezas españolas que tuvieron prohibido por ley el acceso a la Judicatura hasta el año 1966 (discriminación directa). Por ello, iniciaron más tarde su carrera profesional y por tanto la acumulación de méritos profesionales para optar a esta reconocida candidatura».
Por ello reivindican, finalmente, una verdadera participación de las mujeres en todas las instituciones, entidades, tribunales internacionales y especialmente el TEDH, donde se dirimen todos los recursos que afectan a los derechos civiles y políticos de las personas.
«Unas personas que se integran en una sociedad compuesta en un 50 por ciento por mujeres , a pesar de su absoluta invisibilidad en el caso del Estado español y su escasa participación en el seno de un Tribunal llamado de ‘los derechos humanos'», concluyen en su Manifiesto.
