El diputado Juan Carlos Campo ante la puerta principal de acceso a Las Cortes, en la Carrera de San Jerónimo, en Madrid. Confilegal.
Juan Carlos Campo, portavoz de Justicia del PSOE: «Esto no es difícil de arreglar, sólo se necesita dinero»
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14/3/2017 05:59
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Actualizado: 21/12/2017 11:35
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Pocos de los 350 diputados poseen la experiencia del diputado Juan Carlos Campo. Magistrado, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante 7 años y secretario de Estado de Justicia en el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con Francisco Caamaño como ministro del ramo, durante 4. Y pocos conocen, como él, los males que aquejan a la Justicia española. Y también las soluciones.
Cuando sus compañeros de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, en la que es portavoz del Grupo Socialista, hacen alguna pregunta, él ya ha ido y venido un mínimo de cuatro o cinco veces por ese mismo trayecto.
Quizá por eso Campo es pesimista con la lentitud con que se está avanzando en la tan publicitada apuesta de reforma de la justicia. Y pone en tela de juicio la eficacia de la subcomisión de Justicia, aprobada por la Mesa del Parlamento el pasado mes de diciembre.
«Crear una subcomisión de Justicia para fijar una estrategia común está bien, pero si vamos a buscar, por enésima vez, los males que aquejan a la justicia, si nos vamos a poner a hacer diagnósticos que ya conocemos, a elaborar libros blancos que no servirán para nada, a entrevistar a un montón de gente que nos van a contar lo que ya sabemos, pues perderemos el tiempo», explica Campo.
«A esta alturas, la subcomisión debería ceñirse a aspectos muy concretos, priorizando cosas y estableciendo calendarios e inversiones. Porque esto no es difícil de arreglar, sólo se necesita dinero», afirma el magistrado en servicios especiales y diputado por Cádiz.
La entrevista tiene lugar en su despacho, situado en el número 40 de la Carrera de San Jerónimo, en el edificio que, en el pasado, perteneció a Caja Postal, rebautizada después como Argentaria, y que hoy alberga las dependencias de un buen número de grupos políticos. No todos caben en el edificio clásico de Las Cortes, al que se puede acceder por un pasillo subterráneo.
Juan Carlos Campo cree que el PP está «mareando la perdiz» en lo que a Justicia se refiere. Confilegal.
¿La subcomisión de Justicia es una artimaña del PP para ganar tiempo?
Espero, quiero creer, que no. Se aprobó en diciembre, después de que el Pleno tumbara el acuerdo que habían firmado el PP y Ciudadanos en materia de Justicia, para hacer posible la investidura de Mariano Rajoy.
Aquello no prosperó, lo que fue un alivio para el PP, y, a partir de ahí, se creó esta subcomisión, que fue aprobada por el Pleno en febrero. Está recién constituida. Pero vamos muy lentos. Ya estamos a mediados de marzo y nada.
De alguna forma, me da la impresión de estar viviendo una experiencia como la de la película de «El día de la marmota», de Harold Remis, que interpretó magistralmente Bill Murray.
Desde su punto de vista, no hay dinero para arreglar la justicia. ¿Y voluntad política?
Yo no la veo por ninguna parte. En el pasado Pleno hemos tenido una evidencia. El Partido Popular presentó una proposición no de ley para impulsar la mediación. ¿Quién puede negarse a ello? El problema es que en la Ley en vigor, aprobada por el PP, hay una disposición segunda que lleva por título «Medidas para el impulso de la mediación».
Volver a buscar el apoyo parlamentario para impulsar una mediación cuando hay una ley que nos dice en sus disposiciones adicionales las medidas de impulso me da la sensación de tomadura de pelo.
Te das cuenta de que es una fórmula para marear la perdiz. No nos engañemos.
Me da la impresión de estar viviendo una experiencia como la de la película de ‘El día de la marmota’
¿Cree usted de verdad que el PP está mareando la perdiz en lo que a Justicia se refiere?
Lo que está claro es que en los últimos 5 años no se ha avanzado nada. Se dejó en marcha una comisión para la normalización y el derecho a comprender. No ha habido ni una sola reunión. No ha habido ni un desarrollo mínimo de la planta, en los términos de modernidad, que todos nos arropamos en aquel consenso de 2009 y 2012. No se ha desarrollado la nueva oficina judicial.
Ahí están los casos que se pusieron en marcha, funcionando muy bien. Tuvieron algunos problemas al principio, pero, cuidado, era el modelo del Partido Popular de 2002 y 2003.
Es verdad que no llegaron a implementarlo. Cuando llegamos nosotros, hicimos todas las modificaciones reglamentarias y empezamos a poner dinero. Valladolid, Mérida, Cáceres, Murcia, en todas ellas se fueron desplegando bien.
Con las nuevas tecnologías, ¿qué se ha hecho con el EJIS? ¿Qué se ha hecho con el esquema judicial de interoperabilidad? ¿Cómo se han comunicado las Comunidades Autónomas y el programa del Ministerio?
Digamos las cosas claras: Aquí se ha buscado bajar la litigiosidad por encima de todo. Ruiz Gallardón encontró una fórmula divina: mediante la imposición de tasas y la eliminación de faltas. Si alguien no denuncia parece que no ha existido el delito. Y claro que ha existido.
Las cifras negras de la criminalidad han generado un desánimo muy potente.
El Partido Popular, en opinión de Campo, ha querido acabar con la litigiosidad mediante la imposición de tasas y la supresión de las faltas. Confilegal.
¿Por qué cree que el PP no está empujando nada?
No le va mal.
¿Qué ha pasado con la fusión de los dos anteproyectos de Ley de Enjuiciamiento Criminal que elaboraron el último gobierno socialista y el gobierno del PP en la penúltima legislatura? Todo parecía ir bien en un principio.
Está todo paralizado. No han dado ningún paso. Me da la sensación de que no tienen ningún interés, por mucho que digan lo contrario. La redacción del nuevo código procesal penal, una versión unificadora de ambos, se podría hacer en muy poco tiempo.
Pero no veo ninguna voluntad política en el PP; es una sensación que me está pesando como una losa. Y es muy desalentador, tengo que reconocerlo. Añoro el periodo entre 2009 y 2012 cuando, cuando el aplauso de todo el arco parlamentario, logramos sacar un paquete legislativo y de reformas modernizado.
Ahora, lo que tenemos es un páramo. Literal.
No veo ninguna voluntad política en el PP; es una sensación que me está pesando como una losa
Tampoco se ha hecho nada sobre la reforma del Estatuto Fiscal.
Así es. Hace falta reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar esa autonomía, no tanto independencia. La independencia es de la estructura, del 124 del Ministerio Fiscal en relación al Gobierno, pero también tiene que haber una dependencia. Nadie duda de ese papel constitucional que tiene el Ministerio Fiscal y que, por tanto, es el que encabeza las políticas criminales que marca un gobierno.
Hace falta reforzar la autonomía de actuación de cada fiscal. La evidencia de las discrepancias con el jefe. Todo lo que hemos visto, desgraciadamente, en los planos negativos en las tres últimas semanas. En eso tenemos que trabajar.
Hay que establecer una estructura orgánica de los fiscales. Tenemos que reforzar la planta de los fiscales porque hay pocos. Y, sobre todo, tenemos que plantearnos qué hacemos con esos jueces que podrían quedarse ahí, en un momento dado, con un pequeño vacío competencial, que son los que ahora están haciendo la instrucción.
Según Campo, hay que reforzar la autonomía de cada fiscal para que no se repita lo que ha ocurrido en Murcia. Confilegal.
Cuando a Alfredo Landa le querían llevar a un programa de televisión como invitado, siempre preguntaba por el pescado. ¿El pescado?, le respondían. «Sí, porque sin pescado, la foca no actúa», respondía. ¿La falta de «pescado» es tan importante?
Es esencial. Sin una memoria económica, sin una planificación a corto, medio y largo plazo, cualquier cosa que se haga eso condenada al fracaso. No existe el efecto mágico de la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Sin inversión, sin gasolina, el coche de la Justicia no se va a mover.
Y a todo ello, hay que unir la voluntad política. España está creciendo a un 3 por ciento y lo que queremos es que se va reflejado en la Justicia.
Una de la frase que más se viene escuchando, cuando el ministro de Justicia vuelve a explicar por enésima vez la apuesta del PP por la reforma de la Justicia es «ya está bien». ¿Cree usted que se le está acabando el crédito?
En el pleno de hace un mes le dije que el ministro que la gestión de Gallardón fue la más nefasta de la democracia, pero sí es cierto que él terminó presidiendo la peor legislatura en gestión para la Administración de Justicia. Nunca hubo tanto desencanto en la Justicia. Y esa sensación todavía persiste.
Catalá no tiene más remedio que pasar de las musas a los hechos de una vez por todas para no perder la poca credibilidad que todavía le queda.
España está creciendo a un 3 por ciento y lo que queremos es que se va reflejado en la Justicia
Quizá el problema es que la Justicia no da votos…
Yo creo que eso ya ha cambiado. Prueba de ello es lo sucedido con la Dirección General de Tributos que, a espaldas del Ministerio de Justicia, cambió la naturaleza jurídica de una prestación como el turno de oficio. Fue a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el caso belga. Un caso que nada tiene que ver con el modelo español porque allí no funcionan estructuras colegiales y es una apreciación directa al abogado.
Por eso parece razonable que ahí se juego el tema del IVA. La naturaleza jurídica de nuestra prestación es completamente distinta.
El problema venía corriendo desde el 26 de enero. Menos mal que, finalmente, se pudo corregir porque la solución que ofreció en su primer momento el ministro Montoro es que si por aquí cuesta tanto por aquí lo aporto.
Y no era eso. Ese dinero debe invertirse en Justicia. En esto ha jugado fuerte el colectivo de la Abogacía. Prueba de que la Justicia interesa y sí que da votos. O los quita.
El diputado socialista no cree que la Justicia no de votos, eso, desde su punto de vista, ya ha cambiado. Confilegal.
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