El Pleno del Congreso ha acordado tomar en consideración una iniciativa del PP para reformar el Reglamento del Congreso con el fin de regular las relaciones entre diputados y ‘lobbies‘, pero la mayoría de la oposición ya ha avanzado su intención de aprovechar su tramitación para hacer una regulación mucho más rígida que la que plantean los ‘populares’.
Se trata del cuarto intento en los últimos cinco años por controlar las actividades de los llamados «grupos de presión», una de las once medidas anticorrupción cuyo incumplimiento reprochó a España el último informe GRECO del Consejo de Europa de 2016.
Muchos países ya han legislado la actuación de los lobbies. También la Unión Europea. Sin embargo, en nuestro país los lobbies no están sujetos a ninguna norma, como tampoco lo están los representantes públicos que interactúan con ellos.
Pese a recabar un amplio apoyo para su tramitación, con 172 votos a favor, 2 en contra y 64 abstenciones, casi todos los partidos han tildado de insuficiente la propuesta porque no afecta a las relaciones de los grupos de influencia con el Gobierno o la Administración y también ha reprochado al PP que rechazase las propuestas en esta materia que hicieron los demás grupos en 2013 durante la tramitación de la Ley de Transparencia.
Según ha expuesto la diputada María Jesús Bonilla, el PP plantea regular la relación entre parlamentarios y ‘lobbies’ partiendo de la premisa de que la «legítima y necesaria» interacción de los poderes públicos con las empresas, asociaciones, ONG, organizaciones comerciales debe ser «transparente» y basarse en «principios éticos claros y de obligado respeto».
Así, apuestan por crear un Registro Público de carácter «obligatorio» en el que puedan inscribirse los representantes de los grupos de interés, a los que se define como «personas físicas o jurídicas que lleven a cabo de manera organizada acciones para influir en el poder legislativo en defensa de los intereses comunes de sus miembros».
Los representantes de estos grupos que quieran reunirse con los parlamentarios o sus asistentes deberán inscribirse en ese registro, que quedará adscrito a la Secretaría General del Congreso, y también dejar constancia en el mismo de copia de la documentación que utilicen en sus citas con diputados.
La inscripción en ese registro conllevará el acatamiento de unas normas de conducta que implican dejar claro qué objetivos persiguen o a qué clientes representan, no tratar de obtener información «de forma deshonesta», no presumir de tener relación con diputados y no realizar actos con ánimo de lucro con la documentación del Congreso, entre otras cosas.
DESCAFEINADO Y ESPERPÉNTICO
La infracción de este código supondrá la cancelación de su inscripción en el Registro y la prohibición de acceso a la Cámara durante el periodo que decida la Mesa de la Cámara en función de la gravedad de la misma.
La más crítica con la iniciativa ha sido la vicepresidenta cuarta del Congreso, Gloria Elizo, de Unidos Podemos, que ha justificado su abstención a un texto que ha definido el texto como «hueco» y auspiciado «por los grandes ‘lobbies’ al servicio de las grandes corporaciones».
Además, ha acusado al PP de pretender hacer creer que no se hace ‘lobbie’ fuera de la Cámara y se ha negado a respaldar lo que, a su juicio, es una versión «esperpéntica» de la regulación que se hizo hace unos años en la Eurocámara y que está siendo revisada por hacer demostrado insuficiente.
PARA QUIÉN TRABAJAN Y CUÁNTO GASTAN
Elizo ha coincidido con el diputado del PNV Mikel Legarda, quien también aprecia «grandes lagunas» en la iniciativa: Que no afecta al Gobierno ni al sector público, no establece código de conducta para el parlamentarios y que los ‘lobbies’ no deben dar dan cuenta para quién trabajan y qué resultados obtienen y cuánto dinero se gasta en ello.
Desde el PSOE su portavoz en la Comisión de Reglamento, Ciprià Ciscar, también ha destacado algunas deficiencias que su grupo confía en poder subsanar durante la tramitación
Por su parte, el vicepresidente primero del Congreso, Ignacio Prendes, de Ciudadanos, ha pedido un pacto para impulsar reformas similares en los parlamentos autonómicos y no estigmatizar a los ‘lobbies’, porque permiten la participación de la sociedad civil en el proceso legislativo.
Prendes ha asegurado que la regulación de los grupos de presión es un «paso importantísimo para la regeneración de nuestro sistema democrático», donde «demasiado a menudo las leyes y las políticas se han decidido en la penumbra» y permitirá conocer mejor la labor de los diputados.
Desde el PDeCAT, que ha presentado varias iniciativas similares a la del PP, su portavoz adjunto Carles Campuzano ha defendido una reforma más extensa del Reglamento del Congreso, igual que han hecho Xavier Eritja, de Esquerra. Por último, el diputado de Compromís Joan Baldoví ha dicho no fiarse de la «repentina conversión del PP a la fe transparentista», aunque ha dado su apoyo a la tramitación de la propuesta pese a «llegar tarde» y ser «insuficiente, pobre y descafeinada».
Una vez aprobada la toma en consideración de esta propuesta, la iniciativa seguirá su tramitación en Comisión de Reglamento. Estudiada la propuesta y las enmiendas que los grupos parlamentarios presenten a la misma, esta comisión emitirá un dictamen que será sometido a votación en el Pleno.(CONFILEGAL/EP)
