María Jesús Moro, la portavoz del PP en la Comisión de Justicia, es profesora de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca; en la foto, posando en su escaño del Congreso. Confilegal.
María Jesús Moro: «La subcomisión es una oportunidad histórica que tenemos que aprovechar para transformar la Justicia»
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31/3/2017 05:59
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Actualizado: 31/3/2017 02:34
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María Jesús Moro Almaraz, de 56 años, salmantina, es la portavoz del Partido Popular en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que preside Margarita Robles. También forma parte de la subcomisión para acordar la Estrategia Nacional de Justicia, aprobada el pasado 2 de febrero por el Pleno de la Cámara a propuesta del Partido Popular.
Una estaría subcomisión que está integrada por 12 diputados. 3 por el PP, 2 por el PSOE, 2 por Podemos, 2 por Ciudadanos, 1 por el PNV, 1 por Esquerra Republicana de Cataluña y 1 por el Grupo Mixto, más la presidenta Robles.
La misión principal de esta subcomisión, de la que forman parte 12 diputados es la elaboración, en un plazo de seis meses, de una estrategia que permita, entre otras cosas, reforzar la independencia judicial, el fomento de una Justicia abierta y transparente y la lucha contra la corrupción.
María Jesús Moro tiene fe en la subcomisión, pero comprende que algunos no la tengan.
«A los que no la tienen le pido que tengan un poquito de paciencia. El tiempo les convencerá. Estoy segura. Tenemos hoy unos mimbres cómo no ha habido en otro momento. Tenemos una unidad en los diagnósticos que hay que aprovechar», explica con pasión.
«Pero tenemos que ser realistas. De aquí no va a salir el documentos incontestable con todos los cambios necesarios en la justicia, aunque estoy segura de que, a través de esos diagnósticos, vamos a ver qué pasos imprescindibles hay que dar para conseguir nuestros objetivos. No queremos perdernos en cuestiones vacías sino ser eficaces. Luego, nuestro trabajo tiene que ser completado con la acción de Gobierno», añade.
La entrevista con la diputada se lleva a cabo en su pequeño despacho de la carrera de San Jerónimo. Es directa. Es clara. Y es amable. Habla mirando a los ojos de sus interlocutores. Posee evidentes dotes organizativas y una cabeza muy bien amueblada.
Desde 2011 es diputada por el Partido Popular. Procede de la Universidad de Salamanca. Fue jefa de su Servicio Jurídico y profesora de Derecho Civil de su Facultad de Derecho. Antes, desde 2008, fue procuradora de las Cortes de Castilla y León del PP. Está casada y tiene una hija mayor. «Ya emancipada», cuenta con una sonrisa en la cara.
La portavoz de Justicia del PP en el Congreso de los Diputados posando con la estatura a Emilio Castelar, presidente de la Primera República y uno de los grandes oradores de la historia de España. Confilegal.
Estamos a finales de marzo y la subcomisión echó a andar oficialmente hace unos días. ¿Por qué el retraso?
Quisimos que subcomisión empezara a funcionar de manera inmediata en el mes de enero. Sin embargo, en esta legislatura no siempre es fácil que funcionen las cosas como uno quiere. A pesar de que en la Comisión de Justicia estamos teniendo una actividad muy importante, con muchísimas reuniones, muchas comisiones no nos hemos puesto de acuerdo, hasta ahora, en cuándo debía empezar a funcionar la subcomisión.
La subcomisión es una oportunidad histórica que tenemos que aprovechar para transformar la Justicia. Si no la aprovechamos, la responsabilidad quedará sobre nuestras conciencias. Tenemos la oportunidad de poder hacer, desde el Parlamento, un trabajo realista con propuestas y que se las planteemos al Gobierno.
Se han ido teniendo sesiones de trabajo interno para establecer una metodología de trabajo, para definir qué tipos de comparecencias queremos, qué temas importantes vamos a tratar, sobre los que creemos que podemos llevar a acuerdos. Estamos preparados para que esas comparecencias se condensen al máximo posible.
¿Hay previsto un calendario de ejecución?
Sí, nosotros trabajamos con unas fichas con asuntos concretos que queremos que salgan. Si eso es así, y contando con la voluntad del ministro Rafael Catalá de ponerlo en práctica, se pueden hacer cosas. Sin llegar a la panacea.
En el ámbito de la justicia tenemos que colocar en el centro a los operadores jurídicos
Una de las primeras comparecencias serán las de las asociaciones judiciales el 26 de abril, ¿qué esperan de esa reunión?
Todos los que nos interesamos por el mundo de la justicia ya hemos tenido reuniones, a título particular, con todas las asociaciones. También con las asociaciones de jueces.
Creemos que en el ámbito de la justicia tenemos que colocar en el centro a los operadores jurídicos. Tenemos que escucharles sobre los asuntos que nos interesan. Les preguntaremos su opinión sobre ellos, qué es lo que, a su juicio debe hacerse antes, de qué manera….
Sin embargo, en España tenemos que vérnoslas con 13 «ministerios» de Justicia: los 12 de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas más el Ministerio de Justicia que administra 5 Comunidades. Y a esto hay que unir 9 sistemas informáticos, cada uno de su padre y de su madre, y que no se comunican entre ellos. Deshacer este nudo gordiano va a ser muy difícil.
El reto es importante. Si aprobamos los presupuestos y encontramos apoyos, esperamos contar con una mayor dotación para Justicia. Avanzar en los presupuestos al tiempo que seguimos trabajando en la Comisión nos da una gran esperanza.
Creo que en la democracia se ha trabajado por la justicia y se ha avanzado. Eso no significa que durmamos el sueño de los justos.
Algunos factores de mal funcionamiento, reformas que no han cumplido con los objetivos han perjudicado la marcha de las reformas en este sector.
Muchos operadores nos comentan que el que se hayan transferido competencias en materia de gestión de la Administración de Justicia coloca en distinta situación a las distintas comunidades.
Y eso hay que reconocerlo.
Para que los trabajos de la subcomisión de Justicia sean eficaces, ésta se ha dotado de una serie de fichas. Confilegal.
Es que eso es un hecho, en España hay una justicia de diferentes velocidades.
Tenemos que intentar que esas circunstancias no perjudiquen a la Administración de Justicia. La precisión es importante. Confío en que la Justicia no la hagamos de varias velocidades. Aunque en este momento sí hay varias velocidades en la Administración y eso hay que evitarlo. Tenemos que trabajar coordinadamente.
Hay un término que parece haberse olvidado, que es de vital importancia y que está contemplado en la Constitución. Y es la “coordinación”. La coordinación ha funcionado más formalmente que de manera material. Para que, de verdad, puedan funcionar las reformas necesarias en justicia esa coordinación tiene que ser efectiva.
La desaparición de las Consejerías de Justicia, incluso del Ministerio, y la creación de una verdadera rama judicial independiente, en lo jurisdiccional y lo económico, sería lo más lógico…
Es otro modelo. Pero mientras sigamos con este modelo lo que no podemos es seguir ahondando en las diferencias y, por tanto, la coordinación tiene que ser fuerte.
Y lo mismo pasa con los sistemas informáticos.
Es imposible avanzar en las nuevas tecnologías, si no tenemos sistemas interoperables. El egoísmo a la hora de defender mi sistema no funciona. La vida digital no puede operar de esa manera. Opera con diferentes aplicaciones y diferentes sistemas que van cambiando. Lo que hoy es nuevo, mañana es viejo y, por tanto, no hay un sistema definitivo.
Hay que trabajar mucho en la idea de interoperatividad y en la idea de falta de egoísmo.
Yo vengo del mundo de la Universidad, del Derecho. Hemos vivido algunos cambios en sectores progresistas en sentido de evolución y ha habido una resistencia a la incorporación de los sistemas digitales tremendos.
Es indudable que tiene que funcionar bien y también hay que tener recursos. Si no hay recursos suficientes no se puede avanzar
Lo desconocido nos da un poco de miedo. Esto lo he vivido yo. He dirigido durante muchos años un grupo pionero en derecho y nuevas tecnologías y los popes del derecho consideraban que eso era un derecho de segunda. Ahora nadie lo considera así, sino como un derecho de la actualidad, un derecho de vanguardia.
En el mundo de la justicia esas reticencias, el cierto temor personal a que el trabajo se empobrezca, además del dinero, están ahí.
Aunque a la gente no la convences si no funciona bien el sistema. Es indudable que tiene que funcionar bien y también hay que tener recursos. Si no hay recursos suficientes no se puede avanzar.
El 31 de marzo se suprime Lexnet Abogacía y muchos abogados están preocupados, ¿qué piensa usted?
Es verdad. Nos consta, pero es verdad que hay que empezar por algo. Uno de los factores que ha contribuido al retraso en el ámbito de la justicia ha sido el esperar que todo esté bien para comenzar. Eso en el mundo digital no es posible, aunque hay que ofrecer garantías para que, moviéndonos en asuntos tan delicados, no resulten perjudicados los derechos de los ciudadanos. Eso ralentiza un poco.
Estoy convencida de que el mejor sistema del mejor operador del mundo al ponerse en movimiento en un momento determinado tiene sus fallos. El diseñador del software tiene que conocer muy bien el mundo en el que se va a mover. No es lo mismo la investigación, la gestión o el mundo de la justicia.
Hay que ser muy humildes y muy pacientes con quien tiene la responsabilidad de hacer el trabajo diario. Si algo no funciona hay que mejorarlo, pero siendo conscientes de que hay cosas que hay que pasar con “este sarampión” de ir incorporando nuevas tecnologías. Hay que ofrecer unos canales de apoyo mientras todo el sistema se implanta.
María Jesús Moro es especialista en nuevas tecnologías aplicadas al mundo del derecho. Confilegal.
Volviendo a la comparencia de las asociaciones de jueces, todas ellas coinciden en que es necesaria la elección de los 12 vocales jueces entre sus pares, y eso no es algo en lo que todos los partidos políticos estén de acuerdo. Ustedes y Ciudadanos sí están en esa línea.
Es un tema que hay que abordar. Hay que hacerlo en un debate abierto. El negacionismo no conduce a ninguna parte. Es evidente que, aunque ha habido distintos modelos, actualmente no hay comodidad. Cuando eso es así y se traslada a la ciudadanía que hay más parcialidad de la que hay en el gobierno de los jueces, quiere decir que no hemos encontrado el sistema
Creemos que no debe rechazarse la vía parlamentaria. No solo porque así aparece en la Constitución, sino porque, quizás, se ha hecho demasiada demagogia con su contaminación.
Se están estudiando otros sistemas. No porque hablemos de personas contaminadas, sino porque por el mero hecho de ser propuestas por un partido político, o por otros, queden contaminadas. Esto es una pena. Magníficos profesionales son mirados con sospecha, exclusivamente porque alguien les ha puesto una etiqueta.
Conozco magníficos profesionales que hubieran sido magníficos vocales o magistrados del Constitucional que se han negado a que se les proponga. Se considera una mancha. Sobre este tema sí se puede trabajar.
¿El mejor procedimiento es que los 12 vocales judiciales los elijan las asociaciones de jueces? No lo sé. Hay muchos jueces que no están asociados.
El miedo quizás de la política es que el poder judicial, elegido de esa forma, se convierta en un contrapoder al poder político, como ocurrió en 1980 cuando fue elegido el primer Consejo General del Poder Judicial, muy conservador, y por eso se cambió el sistema en 1985. ¿Eso es un reto, no?
Es absurdo negar que las personas tienen ideología. ¿Los jueces tienen ideología? Claro. Pero ese no es el problema. El problema sería cómo lo utilizan en su función jurisdiccional y en el marco de gobierno de los jueces. Estos son dos ámbitos que se han confundido mucho en la opinión pública.
¿El mejor procedimiento es que los 12 vocales judiciales los elijan las asociaciones de jueces? No lo sé
Tenemos una obligación de separarlo. Por eso, determinados planteamientos le hacen muchísimo daño a la justicia, desde mi punto de vista.
No se pueden mezclar las cosas. ¿Queremos mejorar las cosas? Hagámoslo. ¿Es cierto que no se ha encontrado la fórmula más adecuada? Pues sí. Pero no contaminemos una cosa con la otra.
¿Existe una fórmula que sea aceptable para todos?
Se puede encontrar. Pero no podemos ponernos en plan negacionista. En la situación de que todo lo que viene del Parlamento es rechazable y tenemos que buscar un sistema completamente distinto.
Yo creo que es más fácil encontrarse si nos olvidamos de que podemos encontrar a la persona sin ideología. Angelical.
Eso es imposible. A mí no me preocupa. Yo quiero personas muy profesionales, con gran nivel profesional. Me da igual cual sea su ideología.
Sin embargo, que mejore la representación de unos o de otros, los poderes de unos o de otros, vuelvo otra vez a la comparación con la universidad: me recuerda a los procesos de cambio de planes de estudio que se vio, en muchos casos más, como mantenimiento de poderes establecidos que como de mejorar la formación que se iba a dar a los universitarios.
¿Podemos trabajar paralelamente para encontrar una buena fórmula? Hagámoslo, pero no perdamos de vista que ahí no vamos a resolver los problemas de un mejor turno de oficio, de cuál es el papel del abogado en el siglo XXI, cuando, además, se tiene que enfrentar a situaciones internacionales, de grandísima movilidad. Eso es lo que preocupa.
¿Queremos un fiscal absolutamente independiente? Pues no lo sé, pero desde luego autónomo, profesional, en el que la gente confíe más, seguro que sí.
Eso es lo que preocupa de verdad a los ciudadanos. Y no lo vamos a arreglar si estamos todo el día hablando de los aforamientos, del Consejo General del Poder Judicial, y de dos cosas más.
La diputada en la Sala Constitucional, donde quedaron inmortalizados los «padres de la Constitución». Confilegal.
En la entrevista que le hicimos recientemente al portavoz de Justicia del PSOE, Juan Carlos Campo, se mostraba muy sorprendido porque no se hubiera formado un grupo de trabajo para elaborar el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal nuevo, producto de la fusión de los borradores elaborados por los gobiernos pasados del PSOE y por el PP. “Estamos tan de acuerdo el PP y nosotros que se puede hacer en dos meses, pero esto está paralizado», nos dijo. ¿Tiene usted alguna noticia?
Yo no creo que esté paralizado, aunque sí es verdad que hemos vivido un inicio de legislatura muy complicada. El tema de los presupuestos también ha condicionado lo suyo. Yo sé que el Ministerio está en la línea de que podamos tener un texto sobre el que podamos trabajar, desde la Comisión y la subcomisión.
Todo el mundo está convencido de que si en esta legislatura no sale un texto nuevo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal lo que se conseguiría serían parches. La Ley de Enjuiciamiento Criminal es tan necesaria como la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Si lo conseguimos hacer será una legislatura muy aprovechada.
Los dos borradores de código procesal penal tienen una coincidencia de más del 90 por ciento. Cambiando de tema, la pasada semana les llegó una carta de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, denunciando el caso Ruiz de Lara. Un caso por el que el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo fue preguntado cuando compareció ante ustedes, pero no respondió. Lo conoce, ¿verdad?
Sí, sí, lo conozco. Es más. Yo formé parte del jurado en el campeonato que se celebró aquí, en el Congreso de los Diputados. Lo comentó Nacho Prendes [portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Justicia]. A mí me llegó la petición, vía mesa del Congreso. Se le trasladó al grupo. Estábamos en una situación de tránsito de una legislatura a la otra. Todavía no habíamos tomado posesión.
A mí me dijeron que viniera. Estuve en el jurado con Begoña Villacís [abogada y líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid]. Nosotros no conocíamos más que era un magistrado que estaba apoyando este tipo de Liga de Debate, igual que hay otras de carácter universitario. Que estaban en la fase final y que les interesaban hacerla en el Congreso.
La verdad es que fue muy interesante. Eso es lo que conozco. Tampoco sé por qué no contestó el presidente del Consejo.
Tres veces le preguntaron.
Yo pensé que había contestado. Pero es que era ya muy tarde. Luego vi que no lo había hecho. Pero hay un tema con el que me parece que debemos ser coherentes. Y es: los expedientes hay que comenzarlos a ver en su justa medida. Recuerdo que se ha dicho en sede parlamentaria que quizá debería endurecerse el sistema de incompatibilidades de intervención de los jueces en conferencias, en cursos, en seminarios por el ámbito de su función jurisdiccional.
A mí me preguntaron en su momento cuando lo de Ausbanc. Y me parece bien. Porque si todo el régimen de compatibilidades de la función pública hay que pulirlo y mejorarlo, en el caso de los jueces y magistrados, mucho más.
Yo no sé cuál es el problema en este caso. Pero un expediente, supongo de carácter informativo –inicialmente-, permite ver qué relación ha tenido con las distintas entidades.
Si le sirve de algo, el sábado pasado Confilegal cubrió la Liga de Debates y en el jurado había una magistrada y un fiscal del Tribunal Supremo y siete magistrados. Lo cual quiere decir que la carrera judicial no ve el caso Ruiz de Lara. Además, el magistrado ha demostrado que él no cobra nada.
Pues entonces el expediente quedará en nada.
Pero es que el expediente llevaba secreto un año y medio. Y además, el promotor de la Acción Disciplinaria llamó a declarar a personas sobre las que no tenía potestad, como la joven que es la presidenta de la Fundación de la Liga Universitaria.
Aquellas cosas que no son habituales siempre chirrían y aquí podría haber ocurrido esto. Pero insisto, no conozco el caso.
La diputada salmantina en el hemiciclo donde, inevitablemente, tendrán que desembocar para su aprobación las propuestas que elabore la subcomisión de Justicia, de la que forma parte. Confilegal.
¿Está usted a favor de delimitar el tiempo de comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo? La última duró 5 horas 47 minutos. A las 22.06 se puso a explicarles a ustedes cómo se habían creado las provincias y los partidos judiciales durante un buen rato. ¿No cree que, de alguna forma, tendría que restringirse el tiempo de exposición?
Desde mi punto de vista, a un compareciente no se le debe restringir el tiempo. Porque si no, perdería la esencia de parlamento. En este caso fue una comparecencia institucional, que estuvo reglada. En otras ocasiones las pedimos nosotros. Que, indudablemente, cuando se llega a las 11 de la noche, uno pierde la concentración, bueno pero es que hemos aprobado presupuestos a las 2 de la mañana.
No debe restringirse. La cosa debe regirse por la prudencia del compareciente y cuando el compareciente se exceda en demasía a la presidenta le corresponde reconducirlo.
En este caso, yo creo que Margarita Robles no quiso, para evitar que se interpretara, de una manera o de otra, por ser la persona que era.
En otros casos, se están fijando tiempos y la Presidencia se encarga de que se ciñan a ellos.
Ahí confluyó todo. No deja de ser más que una anécdota.
Lo hemos hablado en la Comisión. A todos nos pareció excesiva la primera intervención, teniendo en cuenta que teníamos una memoria, que nos habían facilitado la actualización de los datos, etcétera, y que la Presidencia, en futuras comparecencias, debe indicarle al presidente que hay un tiempo prudencial. Es decir, no limitar, pero establecer ese tiempo prudencial.
Una última pregunta sobre hipotecas. El gobierno aprobó el Real Decreto. Se dio un margen de tres meses a los bancos para que pudieran negociar individualmente con sus clientes. Ha pasado un mes. ¿Qué se espera?
Hay algunas entidades financieras, incluso adelantándose al Real Decreto, han ofrecido su respuesta a los clientes, mientras que otras están ofreciendo otros productos, y esa no es la cuestión, por lo que no van a llegar a ningún acuerdo. ¿Qué hace el Gobierno? En reunions con el Consejo está preparando un Plan B, que siempre tiene que existir, que está abierta la vía ante los tribunales, el derecho que tiene todo ciudadano para ver satisfecho sus intereses y, por tanto, que se haga de la manera más ágil posible, que no provoque un colapso de la justicia. En eso se está trabajando.
El plan está preparado y ahora se le está planteando, hasta donde yo sé, cuál es el Juzgado que voluntariamente quiere, y si no, será el que decida la Sala de Gobierno.
El gobierno tendrá que ver, al terminar los tres meses, cual es la evaluación, en qué situación están las entidades en contacto con sus clientes.
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