Carlos Castresana: Las reformas sobre la justicia universal han dejado a España «fuera de juego»
Carlos Castresana con el Primer Premio Premio a la Transparencia, que le otorgó el Consejo General de la Abogacía Española y Transparencia Internacional-España el pasado año. Confilegal.

Carlos Castresana: Las reformas sobre la justicia universal han dejado a España «fuera de juego»

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04/4/2017 04:58
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Actualizado: 03/4/2017 21:16
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Carlos Castresana, exfiscal anticorrupción, exdirector de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y actualmente abogado de despacho Ejaso, expresó ayer su profundo malestar por las reformas sobre la Justicia Universal acometidas en España, primero por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, y después por el del PP, de Mariano Rajoy, porque, a su juicio, han dejado a España «fuera de juego» en la persecución de los crímenes de lesa humanidad.

A partir de la última reforma, la justicia en este país tan sólo puede perseguir determinados delitos cuando las víctimas son españolas o tienen relación con España, «primero porque los americanos protestaron por lo de Guantánamo y luego los chinos con lo del Tíbet«, y al final «no se está cumpliendo ni siquiera con los mínimos que nos imponen los convenios internacionales que tenemos ratificados».

De  una situación marcada en 1998 con la creación de la Corte Penal Internacional, que supuso un «enorme consenso de que este tipo de crímenes no podían quedar impunes, se ha pasado a una especie de «guerra fría», fruto de los intereses de Estados Unidos, Rusia o China

«Unos por otros, la Corte Penal Internacional no está cumpliendo con las expectativas, con lo que en la actualidad prevalece la impunidad», censuró Castresana, quien en el caso concreto de España califica de «lamentable» que el país haya quedado «fuera de juego» en la lucha contra los crímenes de guerra o de lesa humanidad, a raíz de las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial acometidas por PSOE y PP y que han supuesto la derogación del principio de ‘Justicia Universal’.

Castresana denunció públicamente, en el curso de la conferencia ‘Responsabilidad penal de las personas jurídicas’, organizada por la asesoría San Miguel Consulting, en la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid, «la sensación de «cierta impunidad» y el retroceso experimentado a raíz, fundamentalmente, del atentado a las Torres Gemelas y la guerra contra el terror.

«Al final, lo que conseguimos no es evitar problemas políticos y diplomáticos sino que cuando vamos a la ONU nos respetan menos», critica Castresana, quien se ha mostrado frontalmente opuesto a la limitación impuesta respecto de perseguir sólo determinados casos por la vinculación de las víctimas con España.

«Ese es el principio de nacionalidad activa o pasiva, algo muy distinto al de Justicia Universal, consistente en proteger a las víctimas, con independencia de dónde son, y perseguir a los responsables, sin importar tampoco su procedencia», recrimina.

Falta de medios contra la corrupción

Sobre la lucha contra la corrupción, Castresana reconoció que se ha mejorado mucho, fundamentalmente gracias a las nuevas unidades especializadas tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, aunque de forma insuficiente, sobre todo porque la respuesta de los tribunales y del Ministerio Fiscal «deja mucho que desear» debido a la falta de medios materiales y humanos.

En este sentido, abogó por que la especialización llegue igualmente a tribunales y la Fiscalía y, sobre todo, por un aumento de la planta judicial, pues, a su juicio, no es de recibo que España tenga la mitad de jueces que la media en Europa.

En el caso particular del presidente de la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, Castresana declinó entrar en detalle pero sí advirtió de que es ejemplo de que, con carácter general, lo que opine el mandatario del PP «es lo que menos importa», pues tienen que ser el Parlamento de esa Comunidad, los partidos políticos, los tribunales, los medios de comunicación y los murcianos quienes determinen si está o no en condiciones de representar a los ciudadanos.

«La sociedad tiene que estar suficientemente viva para que la decisión de seguir o no al frente de un cargo no le corresponda a la persona menos indicada, pues ésta es la que menos distancia tiene con los hechos para determinar si eso que ha ocurrido presuntamente o no le afecta directamente», ha sentenciado.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas

El fiscal en excedencia de la Fiscalía Anticorrupción se pronunció en estos términos antes de impartir mencionada -‘Responsabilidad penal de las personas jurídicas’-, modificación introducida en el Código Penal a partir de 2010 según la cual las empresas, sociedades o fundaciones pueden ser condenadas, al igual que las personas físicas, en casos de estafa, apropiación indebida, tráfico de drogas, delitos contra el medio ambiente, así como contra Hacienda o la Seguridad Social.

En su opinión, la referida modificación, que puede traducirse en importantes sanciones económicas para esas mercantiles e incluso acabar en la suspensión de su actividad y, por ende, en su «muerte», ha supuesto todo un «acierto» y constituye una «llamada de atención sobre la necesidad de que éstas tengan ordenada su casa», en referencia a la necesidad de adoptar las medidas o mecanismos necesarias para prevenir actuaciones delictivas de sus administradores u otros responsables.

Castresana ingresó en la Fiscalía Anticorrupción cuando fue creada, en 1995. Allí se dedicó a investigar delitos económicos de gran calado. Fue el hombre que inició los procesos contra Jesús Gil, alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid, por corrupción, y que dieron con sus huesos en la cárcel; también fue el fiscal que acusó a Augusto Pinochet de genocidio, tortura y terrorismo, y sobre el que el entonces magistrado Baltasar Garzón pidió su extradición a Gran Bretaña, y contra los militares que gobernaron Argentina desde 1976.

En septiembre de 2007, recibió el encargo de la Secretaría General de la ONU, de dirigir la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una instancia única en su género, dedicada a colaborar con el Estado guatemalteco en la investigación y desmantelamiento de los grupos criminales que se han incrustado en las instituciones para procurar impunidad.

En junio de 2010, el magistrado español renunció, sin embargo, como director del Cicig, por el “incumplimiento” del Estado guatemalteco en su compromiso de combatir la impunidad.

Castresana es uno de los grandes referentes nacionales e internacionales de lucha contra la corrupción. EP.

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