El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha respaldado la decisión de la Justicia española de cerrar el caso sobre la muerte del cámara José Couso, quien falleció por disparos de militares estadounidenses en Bagdad durante la invasión de Irak en 2003.
El Tribunal de Estrasburgo también considera justificadas las reformas que se llevaron a cabo en España desde 2009 para poner fin a la competencia universal ilimitada, que fue lo que justificó ese archivo, decidido inicialmente en 2015 por la Audiencia Nacional de Madrid, confirmado por el Tribunal Supremo en 2016 y por el Constitucional en 2019.
En su dictamen del TEDH los jueces europeos consideran «legítimas» las razones que condujeron a esas reformas para limitar las atribuciones que tenían hasta entonces los tribunales de España para perseguir infracciones graves cometidas en el extranjero contra ciudadanos españoles.
El TEDH consideró legítimas las reformas para evitar la saturación de los tribunales y la dificultad de obtener pruebas del extranjero, descartando que los tribunales españoles actuaran con inacción.
No hubo inacción de los tribunales españoles
En el caso concreto de Couso, estiman que no se puede reprochar inacción a los tribunales españoles como pretendía la familia, ya que entre 2003 y hasta que en 2015 se impuso la interpretación del efecto de esas reformas se «desplegaron esfuerzos considerables» para determinar la responsabilidad de los autores de su muerte.
El hermano del cámara, David Couso, que fue quien interpuso la demanda ante el TEDH, puede teóricamente presentar en los próximos tres meses un recurso contra la sentencia para que la examinara de nuevo la Gran Sala.
Aunque hay que tener en cuenta que el rechazo de su demanda ha sido una decisión unánime de los siete magistrados que la han redactado, entre los que estaba la jueza española María Elósegui.
El origen del caso Couso
José Manuel Couso murió el 8 de abril de 2003 a causa de los disparos de un carro de combate estadounidense contra el hotel Palestine en el que estaba alojado junto a muchos otros periodistas que cubrían la invasión de Irak.
Como en ese momento la legislación española establecía una competencia universal ilimitada, las denuncias de la familia ante la Justicia dieron lugar a una investigación que condujo a la inculpación en 2011 de tres militares estadounidenses por crímenes de guerra y homicidio y a la emisión de órdenes internacionales de busca y captura.
Sin embargo, las autoridades estadounidenses se negaron a entregarlos.
Argumentaros que los militares implicados creían ser atacados por el enemigo y dispararon en legítima defensa, por lo que tampoco abrieron en su territorio un procedimiento penal contra ellos.
Las citadas reformas que se llevaron a cabo en España limitaron la acción por infracciones cometidas en el extranjero contra sus nacionales a los casos en que los presuntos culpables se encontraran en España.
Sobre la base de esos cambios, la Audiencia Nacional decretó el sobreseimiento provisional de la causa por José Manuel Couso.
