El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, visita este mediodía la Fiscalía Anticorrupción que dirige Manuel Moix tras polémicas surgidas sobre esta fiscalía especial con motivo de la operación Lezo en la que fue arrestado el expresidente madrileño Ignacio González y por el relevo de los dos fiscales del caso del 3% en Cataluña.
Maza, ha negado que los fiscales se hayan rebelado ante sus planteamientos. «En absoluto, ni con sus jefes ni conmigo», ha declarado al ser preguntado por esa posible rebelión.
Desde la Fiscalía General del Estado enmarcan esta visita de Maza en el ámbito institucional, dentro de las diferentes visitas que está realizando desde su nombramiento a finales de noviembre a las fiscalías especiales y delegadas.
Maza visita la Fiscalía Anticorrupción casi una semana después de la ‘rebelión’ mayoritaria que hubo el pasado martes a consecuencia de la orden dada por Moix, contraria al criterio de los dos fiscales adscritos al caso sobre el registro en el domicilio de uno de los imputados en la ‘operación Lezo‘.
Precisamente, Moix, aseguraba hoy en La Sexta que él no intentó impedir ningún registro en la operación Lezo contra la corrupción en el Canal de Isabel II, sino que planteó que «se hiciera en otro momento».
Ha mantenido que se opuso al registro de Inassa, filial colombiana del Canal que gestiona contratos de agua en el resto de países sudamericanos y en torno a la cual gira gran parte del caso.
Moix no consideraba que la compra de la empresa Inassa, en 2001, por parte del Canal de Isabel II, por un precio de 73 millones de dólares -cuando el año anterior su valor había sido de 7 millones-, en tiempos de Ruiz Gallardón, tuviera nada que ver con la adquisición, en 2013, de Emissao, bajo el mandato de Ignacio González.
Para el fiscal Anticorrupción, los periodos y las personas, al frente, eran completamente distintas. No había relación entre ambas.
Por ello, Moix ordenó «desvincular cronológicamente» este registro y el «bloque de hechos» relativo a esta diligencia concreta, una decisión a la que los fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez se opusieron invocando el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece que si un fiscal recibe una orden «que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente», se lo hará saber a su fiscal jefe «mediante informe razonado» y si éste «no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de Fiscalía».
Tras oír a sus compañeros, la práctica totalidad de la veintena de fiscales que integran la Fiscalía Anticorrupción -todos menos uno– apoyaron a los compañeros de la «operación Lezo» y se manifestaron contrarios a la orden de retrasar el citado registro.
EVITAR OTRA VEZ EL ARTÍCULO 27
Los fiscales volvieron a ser noticia sólo dos días después, cuando se conoció que José Manuel Maza relevó a José Grinda y Fernando Bermejo, que hasta ese momento llevaban la causa en el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona) que investiga la presunta financiación irregular de CDC, conocido como caso del 3 por ciento.
A partir de este momento se encargarán de este asunto los fiscales de la delegación de Anticorrupción en Cataluña, Fernando Maldonado y Teresa Duerto.
La decisión estaría dirigida a evitar que estos fiscales invocaran el mencionado artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal por estar en desacuerdo con alguna directriz de Manuel Moix, en el marco de la investigación judicial por este asunto.
La Fiscalía General del Estado explicó después mediante un comunicado que la sustitución persigue «que los fiscales delegados de la Anticorrupción asuman los casos de su territorio y los de la fiscalía especial puedan ocuparse de los asuntos de Madrid». Según aseguró, este cambio no supone «modificación alguna en la línea que ha mantenido la Fiscalía en cada uno de los procedimientos y facilitará la asistencia a la práctica de diligencias». (CONFILEGAL/EP)
