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Fiscalía Anticorrupción: ¿Por qué es tan bajo su nivel de eficacia?

Fachada de la Fiscalía Anticorrupción, ubicada a apenas 500 metros de la Audiencia Nacional. Confilegal.
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Si la Fiscalía Anticorrupción funcionara como una empresa privada hace mucho tiempo que se habría tocado a rebato para determinar las razones de su bajo ratio de eficacia y para hacer cambios drásticos. No es una opinión. Es lo que se desprende de la lectura de las últimas cinco memorias de la Fiscalía General del Estado. Cualquiera las puede consultar y descargar de su portal. 

Anticorrupción está compuesta por 52 fiscales, 23 de ellos destinados en la sede central de Madrid, 19 delegados y 10 temporales.

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Tienen, además una unidad de la Agencia Tributaria (11) y otra de la Intervención General del Estado (7),  además de 10 policías y 20 guardias civiles adscritos. Son en total 133 funcionarios. A esto tienen que añadirse los efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

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Con todo este personal, según la Memoria de 2016, durante 2015 la Fiscalía Anticorrupción intervino en 340 procedimientos penales de los que llegaron a juicio 22 casos, de los que 19 desembocaron en sentencias condenatorias -totales o parciales- y 4 en absolutorias.

Su rato de eficacia, tomando como referencia el número de sentencias condenatorias en relación con los casos investigados es de un 5,5 por ciento.

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En 2014, un año antes, Anticorrupción intervino en 371 procedimientos de los cuales 19 desembocaron en juicios y, por lo tanto sentencias. 17 fueron condenatorias y 2 absolutorias.

Es decir, un 4,5 por ciento de todos los procedimentos desembocaron en sentencias condenatorias. Esto genera una gran expectación mediática y una inmensa frustración social, al percibir que muchos casos se quedan sin resolver.

«En la practica totalidad de los procedimientos correspondientes al período 1993-2000 han sido sentenciados(28 sobre 31); en los correspondientes al año 2001, ha recaído sentencia en las dos terceras partes de los mismos (6 sobre 9); en los del año 2002, se ha dictado sentencia en dos de ellos (2 sobre 5), sucediendo lo mismo en los del año 2003 (2 sobre 6); en el año 2004, se ha dictado sentencia en los 3 procedimientos que son de su competencia; y en los del año 2005, en 10 procedimientos sobre un total de 16», se puede leer en la página 316 de la Memoria de 2015.

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«A partir del año 2006, comienza a descender de forma notable tal proporción, siendo mayoritarios los procedimientos no sentenciados: En el año 2006, 9 sobre 44; en el año 2007, 3 sobre 19; en el año 2008, 5 sobre 23, en el año 2009, 2 sobre 15; en el año 2010, 3 sobre 27, en el año 2011, 2 sobre 27; y, desde el año 2012, sólo hay un procedimiento sentenciado, correspondiente al año 2013», se puede seguir leyendo.

Fracasos sonoros

A esto hay que añadir fracasos sonoros -«sentencias absolutorias»- que tuvieron una gran repercusión en prensa, como el caso del clan Polverino de la Camorra napolitana.

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El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional,  presidido por Alfonso Guevara, absolvió en mayo de 2016, a los 20 acusados de blanquear fondos del clan mediante la compra de pisos de la Urbanización Marina Palace, en Adeje, Tenerife, entre 2006 y 2008.

El tribunal sentenció que la Fiscalía Anticorrupción no había podido acreditar ni la procedencia ilícita del dinero con el que se compraron los inmuebles, ni que los acusados pertenecieran a asociación criminal alguna “más allá de las propias relaciones familiares, mercantiles y profesionales que mantenían entre ellos”.

Otro asunto que llenó primeras páginas de periódicos de papel y digitales y horas de emisión en radio y televisión fue la absolución de los seis policías acusados de recibir jamones y entradas para ir a los partidos de fútbol y las corridas de toros de manos de Yongpin Wu Liu, miembro de la supuesta trama de blanqueo del ciudadano chino Gao Ping.

Todo ello a cambio de supuestos favores y de gestiones profesionales.

En esa ocasión fue el tribunal de la Sección Primera de la Sala de lo Penal, presidido por el magistrado Fernando Grande Marlaska, el que dejó libres a los agentes porque la Fiscalía Anticorrupción no pudo probar que hubieran recibido las supuestas dádivas.

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Los fiscales anticorrupción solicitaron penas de entre uno y nueve años de prisión para los encausados por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos.

Frente a estos dos fiascos, de José Grinda, contrasta, hay que señalarlo, el éxito de Alejandro Luzón al frente del caso de las tarjetas black, que se saldó con la condena de los 65 encausados, con los máximos responsables, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, a la cabeza, que fueron condenados a 6 y 4 años de prisión respectivamente.

Aumentar la eficacia

Según ha podido saber Confilegal, gran parte del problema en el que se ve inmersa la Fiscalía Anticorrupción en la actualidad viene de la época del anterior jefe, Antonio Salinas, quien ocupó esa responsabilidad durante 13 años, hasta el pasado mes de septiembre, cuando se jubiló.

«Los fiscales anticorrupción han ido, la mayor parte de las veces, de por libre y sin orden. Sin una coordinación ni supervisión. Es lógico que ahora esté ocurriendo lo que está sucediendo con el nuevo fiscal jefe, Manuel Moix«, explican fuentes bien informadas.

«Seguro que Moix ha hecho, nada más aterrizar en Anticorrupción, una operación matemática muy simple: contar el número de juicios y dividirlo por el número de fiscales, teniendo en cuenta que a los juicios suelen ir dos fiscales anticorrupción. Ahí está parte del problema», añaden.

Eso es, precisamente, lo que ha pretendido hacer Moix en Anticorrupción. Visar los informes, dictámenes y escritos que se generen en la  Fiscalía que ahora dirige, acabar con las investigaciones «prospectivas», dirigidas para ver si aparece algo, poner a la Policía, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria a las órdenes de los fiscales, agilizar los procedimientos y acabar con las filtraciones, como las que ahora están teniendo lugar en el caso del Canal de Isabel II, bajo secreto de sumario.

En esas pocas líneas se resume su programa de actuación que Moix presentó el fiscal Anticorrupción cuando fue elegido.

A Moix le preocupa, de un modo especial, reducir la «dependencia» de los fiscales a sus órdenes de la UDEF y de la UCO, algunos de cuyos escritos contienen calificaciones jurídicas que no les corresponde hacer.

Traducido: Hay que ganar en eficacia y no lanzarse a la piscina sin pruebas.

«Sólo comprendiendo este panorama de fondo se puede entender la tormenta que en estos momentos está descargando sobre la Fiscalía Anticorrupción. Son muchos años ‘volando sin control’ y eso no puede ser», concluyen las mismas fuentes.