La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) califica la ‘ley de ruptura‘ que prepara la Generalitat de Cataluña de «totalitarismo independentista» dirigido a «imponer por la fuerza de los hechos» una determinada solución del conflicto, pero ha advertido de que la Constitución no se puede suspender.
Según esta asociación de jueces, «Una ley como la denominada Ley de Transitoriedad Nacional supondría un ataque intolerable al Estado Democrático y de Derecho, un acto de totalitarismo independentista dirigido a imponer por la fuerza de los hechos una determinada solución del conflicto a todos los catalanes, soberanista o no, y al resto de españoles, sin legitimidad democrática alguna y en contra de la legalidad constitucional».
Así se ha referido la APM, en un comunicado, a la filtración de un borrador por el diario El País de la llamada «ley de ruptura» catalana, que recoge un declaración unilateral de independencia si el Gobierno central veta la celebración de un referéndum, lo que se llevaría a cabo justo después de que el Parlament «constatase este impedimento».
Para la asociación de jueces, mayoritaria la carrera, los promotores de esta ley «parten de la premisa falsa» de que «legalmente se puede pasar de una legalidad constitucional a una nueva legalidad catalana».
En su opinión, este planteamiento no es correcto porque «ni el Parlament de Cataluña ni las Cortes Generales pueden abrogar la Constitución española, ni tan siquiera modificarla sin seguir el procedimiento previsto en la propia norma».
En su comunicado la APM quiere dejar claro que los jueces deben «mantener una posición de neutralidad en el debate político», ya que «el conflicto entre el Estado y una parte importante de los catalanes y los partidos políticos que los representan». Sin embargo, entienden que tienen «el deber ético de denunciar aquellas situaciones que ponen en peligro la democracia y las libertades fundamentales».
«Si alguien ha confundido la prudencia con la indiferencia, la equidistancia o incluso la anuencia, se equivoca. La sociedad puede tener la seguridad de que los jueces no abdicaremos de nuestro compromiso y actuaremos siempre con independencia y sujeción exclusiva a la Constitución y a la Ley, en garantía de los derechos de los ciudadanos, de la mayoría y de la minoría», ha afirmado.
Esta afirmación de la APM contradice lo mantenido por los soberanistas de que en la transición del Estado español al catalán no habrá ningún momento de ilegalidad, que se mantendrá la seguridad jurídica.
