José Sierra Fernández

José Sierra Fernández, sustituto temporal del promotor disciplinario dimitido

26 / 05 / 2017 04:59

Actualizado el 26 / 05 / 2017 11:14

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José Sierra Fernández, de 53 años, 27 años de antigüedad en la carrera judicial, número 1477 en el escalafón y hasta ahora letrado jefe de la Unidad de Actuaciones Previas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al servicio del promotor de la Acción Disciplinaria, es el sucesor del dimitido Antonio Jesús Fonseca-Herrero, que dejó el cargo el pasado martes «por razones personales».

Así lo decidió ayer la Comisión Permanente del CGPJ, al nombrarle «transitoriamente» para desempeñar ese cargo al no haber contado con tiempo suficiente para buscar un sustituto, como se suele hacer de forma habitual.

Sierra Fernández es uno de los tres letrados que trabajaban al servicio del anterior promotor. Actualmente está en servicios especiales y tiene destino en la Sección 23 de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid.

Su puesto lo ocupa, de forma temporal, Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid, en el que se han llevado cabo las causas del «pequeño Nicolás».

Según el órgano de gobierno de los jueces, Sierra Fernández ejercerá el cargo hasta que se cubra la vacante. Así lo establece el artículo 606.6 de la Ley Orgánica de Poder Judicial (LOPJ): «la Comisión Permanente proveerá, únicamente por el tiempo que dure dicha imposibilidad, a su sustitución nombrando a un magistrado que reúna los mismos requisitos exigidos al Promotor para su designación».

Esos requisitos, según el artículo 606.2 de la LOPJ, consisten en ser magistrado del Tribunal Supremo o magistrado con más de veinticinco años de antigüedad en la Carrera Judicial.

El tiempo dirá si Sierra Fernández llega al final del mandato de este Consejo, cuya fecha de caducidad es diciembre de 2018, o si, por el contrario, le sustituirá algún «valiente» que reúna las condiciones.

Un puesto que no es apreciado por la carrera judicial

Entre la carrera judicial, la figura del promotor de la Acción Disciplinaria -figura introducida en la última modificación de la LOPJ- es una de las más denostadas. Para muchos jueces y magistrados es percibida como algo parecido un moderno «inquisidor general»; para muchos es el «palo», la otra cara de la «zanahoria» en la política de gestión de la carrera.

Enderezar esa imagen, a día de hoy, se antoja una misión imposible. Es un puesto que puede dejar «achicharrado» al más pintado.

Sierra Fernández, a diferencia de Fonseca-Herrero -que es de contencioso-administrativo- es penalista de formación. Lleva desde 2010 como letrado del CGPJ, en cuyo Servicio de Inspección sirvió hasta 2014, cuando pasó a la Jefatura de la Unidad de Actuaciones Previas.

Desde ese órgano se tramitan «las actuaciones previas necesarias para la inicial comprobación y valoración de los hechos que pueden tener relevancia disciplinaria», según una nota hecha pública por el Consejo.

Sierra Fernández tuvo su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Fregenal de la Sierra. Luego sirvió en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valdepeñas y más tarde en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Soria.

En 1998 se convirtió en titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Madrid y cinco años después pasó al Juzgado de Instrucción número 47 de la capital. Más tarde ocupó el  el Juzgado de lo Penal número 34, también de Madrid.

Sierra Fernández ocupó los titulares de prensa por iniciar una investigación por presuntos abortos ilegales contra la clínica Isadora en 2008.

El nuevo promotor disciplinario temporal se incorporó en 2010 como letrado al CGPJ, a donde llegó de la mano de su compañera de carrera y de asociación -la APM-, la entonces vocal del Consejo, Gemma Gallego.

Le quedan, por lo tanto, tres años para llegar al periodo tope de servicio en el CGPJ, que es de 10 años para los magistrados. Llegado a ese punto, tendrá que regresar a poner sentencias.

La plaza de promotor de la Acción Disciplinaria, según el órgano de gobierno de los jueces, se cubrirá según lo establecido en el artículo 606 de la LOPJ.

Éste dispone que su nombramiento corresponde al Pleno del Consejo General del Poder Judicial y que, vacante el puesto, el Consejo hará una convocatoria para su provisión entre magistrados del Tribunal Supremo y magistrados con más de 25 años de antigüedad en la Carrera Judicial.

Recibidas las solicitudes de quienes opten al cargo, en primera votación será elegido quien obtenga la mayoría absoluta y, si nadie la obtuviera, se procederá a una segunda votación resultando elegido aquel que logre mayor número de votos.

Reconocimiento a Fonseca-Herrero

El Consejo General del Poder Judicial expresó ayer, por otra parte, «su agradecimiento al magistrado del Tribunal Supremo Antonio Jesús Fonseca-Herrero por su trabajo y dedicación durante el tiempo que ha ejercido el cargo de Promotor de la Acción Disciplinaria».

Dicho reconocimiento tuvo lugar durante la reunión que ayer jueves mantuvo el Pleno del órgano de gobierno de los jueces, en la que los vocales se adhirieron unánimemente al agradecimiento a la labor de Fonseca-Herrero expresado por el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, que fue quien lo nombró.

Antonio Jesús Fonseca-Herrero solicitó ayer, precisamente, su reingreso en el Tribunal Supremo y se incorporará en las próximas semanas a su plaza de magistrado de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del alto tribunal.

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