Antonio Jesús Fonseca-Herrero, hasta hoy promotor de la Accion Discipliaria del CGPJ, en su despacho. EP.
Alivio entre los vocales del CGPJ por la dimisión del promotor de la Acción Disciplinaria
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23/5/2017 17:39
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Actualizado: 23/5/2017 19:55
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Alivio. Con letras mayúsculas. Esa es la sensación generalizada entre los vocales que conforman la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante la dimisión presentada por Antonio Jesús Fonseca-Herrero.
Dentro del órgano de gobierno de los jueces era vox pópuli la insatisfacción con el trabajo desarrollado hasta ahora por el promotor de la Acción Disciplinaria (pAD). El presidente de la Comisión, Wenceslao Olea, llegó a presentar una queja contra el, hasta ahora, promotor ante el Pleno del CGPJ.
«Se le caducaban muchos de los expedientes disciplinarios, y algunas las propuestas de sanción no solían estar bien hechas. Algunas llegaban con dos días para que caducaran. Enmendarle la plana se había convertido en habitual dentro de la Comisión», explicaron fuentes del CGPJ a Confilegal.
«La verdad es que ya existía cierta hartura con el promotor y con su forma de trabajar», contaron otras fuentes. «Si no hubiera sido por el magnífico trabajo realizado hasta ahora por Javier Aguayo [jefe de la Sección de Régimen Disciplinario] esta crisis seguramente se hubiera producido mucho antes. Estamos aliviados con su decisión de marcharse».
Son varios los vocales consultados por este periódico que subrayan esa sensación.
Alivio. Y sorpresa. Porque a todos les ha cogido desprevenidos.
La decisión de dejar su puesto y de regresar a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, donde tiene su destino, se materializó esta mañana mediante un comunicado hecho público por la Oficina de Comunicación del CGPJ que explicaba que Fonseca-Herrero había dirigido una carta al presidente de la institución, Carlos Lesmes, su valedor hasta ahora, al que le comunicaba la presentación irrevocable de su renuncia por «razones estrictamente personales».
«Lesmes ha aceptado la renuncia y le ha agradecido el trabajo y la dedicación durante el desempeño de sus funciones desde su nombramiento por el Pleno del CGPJ el 31 de enero de 2014», decía el comunicado.
Detrás de esa fórmula diplomática se oculta una realidad innegable: el promotor había perdido la confianza de Lesmes, que «lo ha dejado marchar», de acuerdo con fuentes del CGPJ.
Fonseca-Herrero había acaparado, en los últimos tiempos, múltiples titulares, muchos de ellos negativos.
El último, de este diario, «El juez Alba demanda por 12.000 euros al promotor disciplinario del CGPJ y lo recusa y éste propone su separación de la carrera», llamó la atención de propios y extraños. Fonseca-Herrero, aún habiéndose visto demandado y recusado, proponía la expulsión de facto de la carrera judicial del magistrado mientras que Luis Navajas, el teniente fiscal, solicitaba una suspensión de un mes. Una propuesta que, al parecer, está caduca al haber sobrepasado los meses de instrucción.
Por no mencionar el «culebrón» que entrelaza a Victoria Rosell y al mencionado Salvador Alba.
El caso Ruiz de Lara
Otra de las recientes meteduras de pata del promotor fue el caso Ruiz de Lara.
Fonseca-Herrero abrió unas diligencias diligencias informativas sobre el magistrado Manuel Ruiz de Lara, titular del Juzgado de lo Mercantil 10 de Barcelona, que el promotor mantuvo secretas durante más de un año, «sin cobertura de procedimiento alguno».
Una actuación que fue duramente criticada por la carrera judicial y que provocó el apoyo cerrado de todas las asociaciones judiciales (Asociación Profesional de la Magistratura -APM-, Jueces para la Democracia -JpD-, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria -AJFV- y Foro Judicial Independiente -FJI-) y por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), una asociación transversal que reúne en su seno a magistrados, fiscales, abogados, y ciudadanos preocupados por la Justicia, de la que Ruiz de Lara es portavoz.
La PCIJ no se quedó en el apoyo a Ruiz de Lara sino que denuncio al promotor y al CGPJ ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y ante Naciones Unidas.
Según la Plataforma, Ruiz de Lara estaba «siendo sometido a una investigación por parte del Consejo General del Poder Judicial carente de garantías de defensa y de la que existen fundadas sospechas de que obedezca a represalias«.
El promotor quiso saber quiénes elaboraban los informes
Pero cuando Fonseca-Herrero tocó suelo fue en el interrogatorio que realizó a Ruiz de Lara el 24 de febrero pasado, a propósito de su relación con el Consejo General del Debate Judicial, una asociación que organiza una liga de debates jurídicos entre universitarios, en la que participa el magistrado desinteresadamente.
Durante el mismo, el promotor le preguntó a Ruiz de Lara algo que nada tenía que ver con el caso: qué personas, de la Plataforma, elaboraban los informes crítiícos sobre los nombramientos discreccionales del CGPJ, que lleva a cabo periódicamente el Observatorio de Nombramientos Judiciales, unidad de análisis del PCIJ, y quiénes los aprueban después, antes de hacerlos públicos.
Dichos informes -elaborados por sus miembros, algunos de ellos magistrados, en total anonimato- son muy críticos con los nombramientos que realiza el Pleno del CGPJ porque desde la PCIJ se considera que no cumplen con los principios de mérito y capacidad y que adolecen de “rigor y seriedad”.
Esta situación ha sido denunciada tres veces por la Plataforma ante el relator especial sobre la independencia de magistrados y jueces del Alto Comisionado de Naciones Unidas. La última en 2016 por la politización de los miembros del CGPJ y el carácter arbitrario de sus nombramientos.
Durante la hora que duró el interrogatorio al magistrado Ruiz de Lara, Fonseca-Herrero le preguntó expresamente: “Esos informes que emite la Plataforma, ¿quién los hace?”.
A lo que Ruiz de Lara contestó que “en la Plataforma Cívica hay magistrados, hay notarios, hay abogados… ¿Y quien en concreto los hacen? Pues mire, yo soy portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial pero desconozco la identidad concreta de las personas que hacen esos informes”.
“¿Son personas individuales o es la Plataforma como tal?”, volvió a preguntarle el promotor de la Acción Disciplinaria. A lo que Ruiz de Lara contestó que no hay una aprobación de los informes en sí. Nosotros no funcionamos a modo de Consejo de Administración.
Fonseca-Herrero quiso conocer específicamente si dichos informes los aprueba la Asamblea o la Junta Directiva de la Plataforma, de acuerdo con unos estatutos y un sistema de funcionamiento.
Y volvió a preguntarle: “¿Usted ha hecho algún informe en concreto sobre estas cuestiones?”.
Una patata caliente
El ya expromotor de la Acción Disciplinaria no ha llevado bien habitar en el ojo del huracán y que se nombre se vea abriendo titulares día sí y día también. Las continuas críticas recibidas por sus actuaciones le han afectado de tal manera que no ha tenido más remedio que tirar la toalla y regresar a la paz de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
La salida de Fonseca-Herrero crea un problema a Lesmes: encontrar un sustituto entre los magistrados del Supremo o de aquellos que tengan más de 25 años en la carrera judicial. Un sustituto para un puesto que la carrera judicial contempla como poco menos que un «inquisidor general» para un periodo de un año y medio, que es lo que le resta a este Consejo de mandato.
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