La Audiencia de Alicante ha condenado a nueve meses de prisión a un hombre que se hizo pasar por un agente inmobiliario de la ya desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) para intentar vender pisos del stock de viviendas de la entidad procedentes de ejecuciones.
La sección tercera de la institución le ha declarado culpable de un delito de estafa en grado de tentativa y otro de falsedad de documento mercantil, pero ha absuelto a un segundo implicado por falta de pruebas, según la sentencia hecha pública este viernes por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano.
Según el tribunal, el condenado conoció en 2011 por los medios de comunicación la situación económica que atravesaba la CAM y la importante bolsa de viviendas, stock, a la venta de la que disponía.
Confeccionó así un documento falso en el que se certificaba que él mismo estaba autorizado para vender en exclusiva los inmuebles propiedad de la caja que sus propietarios originales no habían podido pagar, y que encontraban en sede judicial, a pesar de que nunca había trabajado para la entidad.
Además, el procesado obtuvo de la web de la CAM un listado de viviendas, sobre todo de Madrid y la zona del Mediterráneo, con el precio de venta fijado por el banco, al que según la sentencia «agregó a mano otras dos cantidades, una de ellas que fijaba una cantidad muy superior a la señalada como precio de venta por la entidad y que aparecía bajo la rúbrica «tasación», y otra cantidad que correspondería con el precio de venta supuestamente ofertado por la CAM, y que resultaba muy inferior al valor de tasación fijado por el acusado y la persona con él concertada».
A continuación, contactó con un cliente vía telefónica al que remitió los dos documentos con la intención de cerrar una operación de compraventa, pero el interesado sospechó de la validez de la documentación y avisó a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que alertó al potencial comprador de las intenciones del acusado, y frustró el fraude.
El tribunal ha concluido que el sospechoso se aprovechó de un certificado falso para «crear una apariencia de legalidad en su gestión apta para inducir a error a cualquier persona y conducirla a realizar un acto de disposición patrimonial».
Los magistrados le han impuesto tres meses de cárcel por el intento de estafa y otros seis por el de falsificación de documentos, así como una multa de 1.080 euros, tras aplicarle una rebaja de la condena por la atenuante de dilaciones indebidas debido a la excesiva duración del proceso judicial.
