La Fiscalía Anticorrupción solicita cinco años de cárcel para el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato por estafa a los inversores en el caso Bankia, aunque le exime del delito de falsedad contable que le atribuye el juez instructor, Fernando Andreu.
Según afirma el fiscal del caso Bankia, Alejandro Luzón, en su escrito de acusación, el ex presidente de la entidad y ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato es responsable de un delito de estafa de inversores por un presunto falseamiento del folleto informativo remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Por eso solicita para él una pena de 5 años de prisión.
Para el exvicepresidente de Bankia, Jose Luis Olivas, el fiscal solicita cuatro años de prisión también por un delito de estafa.
En su escrito, el Fiscal atribuye ese mismo delito al exconsejero José Manuel Fernández Norniella (para el que pide tres años) y al ex consejero delegado Francisco Verdú (solicita dos años y siete meses).
El fiscal pide además que se imponga a cada uno de los cuatro acusados una multa de 60.000 euros.
Además, Anticorrupción exonera a los otros 28 imputados por el juez, entre ellos el socio auditor de Deloitte Francisco Celma. Luzón, a diferencia del juez Andreu, sostiene que sólo aprobaron las cuentas de la entidad, las cuales no eran estrictamente falsas.
La Fiscalía, igualmente solicita el archivo de la causa para Banco Financiero de Ahorro (BFA) y Bankia, que estaban siendo investigadas como personas jurídicas.
Asimismo, solicita que declaren como testigos el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el resto de técnicos del organismo que declararon durante la instrucción y el actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.
«Espectacular quebranto» el hundimiento de Bankia
El Ministerio Público califica de «espectacular quebranto» el hundimiento de Bankia y recuerda que fue reconocido casi un año después de su salida a Bolsa por una situación que, según asegura, «los responsables de dicha salida se cuidaron de ocultar a los potenciales inversores para no frustrar la operación».
Anticorrupción admite que los acusados suscribieron un folleto en el que informaban «de manera exhaustiva de los factores de riesgo que conllevaba la oferta de los títulos de Bankia», llegando a identificar hasta 36, pero remarca que estas advertencias «estaban más pensadas para proteger al emisor ante eventuales futuras reclamaciones que la inversor, especialmente el minorista, incapaz de asumir semejante lista de riesgos».
«El cúmulo de contingencias descrito, precisamente por su extraordinaria amplitud, acabó dibujando un riesgo remoto y ocultando, por el contrario, el riesgo cierto y real: el de un negocio que iba a requerir de importantes ayudas económicas adicionales», explica.
El Ministerio Público comienza su relato de los hechos que llevaron a la salida a bolsa de Bankia afirmando que la integración de las siete cajas de ahorro que conformaron BFA fue impulsada «por las autoridades económicas y monetarias en términos que para la propia Dirección General de Supervisión del Banco de España conllevaba ‘una fuerte presión'» para que se acometieran procesos de integración en el sistema financiero español.
Enorme esfuerzo para vender acciones
Por lo que respecta a la salida a Bolsa, Anticorrupción afea a los acusados que toda la información que ocultaron a los inversores sobre la verdadera situación de la entidad «contrastaba» con la intensa campaña publicitaria que explicaba la «supuesta potencia del grupo». Así, recuerda el eslogan de ‘Hazte bankero’ utilizado en dicha campaña y las alusiones a los «11,2 millones de clientes, 21.000 empleados, 3.500 oficinas, 7.500 cajeros y 272.000 millones de activos totales del grupo».
«Paralelamente, la dirección de Bankia encomendaba a la red de oficinas de las cajas el enorme esfuerzo de vender las acciones entre sus clientes habituales, la gran mayoría de ellos depositantes y cuentacorrentistas, quienes, de este modo, nunca recibieron información adicional acerca de la debilidad del proyecto, ni públicamente a través del folleto ni privadamente de los empleados de las sucursales», reprocha el escrito.
En cuanto a la inversión mayorista que se requería también para la operación de salida a Bolsa, la Fiscalía indica que «tampoco fue fácil» debido a que estos inversores disponían de «mayores recursos para acceder a una información notablemente superior» a los minoristas.
Por ello, Bankia recurrió a la «colocación de acciones a acreditados con operaciones refinanciadas y con retrasos generalizados en el pago de las cuotas o a otros que sólo compraron porque Bankia les protegió de las minusvalías futuras que pudieran registrar las acciones, caso de Corporación Gestamp«.
«Fue así que se consiguió sacar adelante una operación en la que los inversores minoristas asumieron un riesgo extraordinariamente superior al que conlleva siempre una inversión bursátil, merced a una información que no les advertía de los riesgos ciertos de su inversión al socaire de una ficticia apariencia de credibilidad y solvencia», explica.
Y aún más, los potenciales inversores «tampoco fueron advertidos en el folleto o en la información complementaria difundida sobre las consecuencias del fuerte descuento del precio de las acciones, que chocaba frontalmente con las expectativas de recuperación de los flujos recogidos en las valoraciones contables que los principales responsables de Bankia habían considerado como las óptimas y adecuadas para preparar la información contable».
